Explican que, si el Gobierno retira de las facultades legislativas el pedido de ampliación de este régimen, se perjudicarán las inversiones y la competitividad en el sector.
(Agraria.pe) Las alarmas están encendidas para las empresas agroexportadoras luego de que fuentes del Gobierno comentaran que se retiraría la prórroga a la Ley de Promoción del Sector Agrario del pedido de facultades legislativas al Congreso.
Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), y Ricardo Polis, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios de Perú (AGAP), precisaron que los gremios del sector han solicitado reunirse tanto con el Ministerio de Trabajo, como con la Presidencia del Consejo de Ministros y la Presidencia de la República para expresar la necesidad del régimen y su impacto.
En esa línea, explicaron que el alegato de reclamos laborales viene de un sindicato americano en representación de sindicatos peruanos, pero no involucraría al Gobierno de Estados Unidos
Aclaran que ni el régimen agrario ni una eventual prórroga del mismo impactarían negativamente el Tratado de Libre Comercio (TLC) del Perú con Estados Unidos, pues este ya existía antes de la firma del mismo y, al darse las negociaciones, pasó los filtros respectivos.
"Hay desinformación sobre el posible impacto que esto tendría en el TLC. Pero es importante tener en cuenta que la flexibilidad que da el régimen [agrario en el Perú] también lo tiene la ley americana", señaló Bustamante Canny.
Por su parte, Polis, de AGAP, comenta que Edgar Vásquez, viceministro de Comercio Exterior, ya ha aclarado que ningún régimen actual en el país amenaza el tratado. "No entendemos por qué no querrían prorrogar una ley que, a todas luces, es excelente para el país", dijo Polis.
En tanto, Sergio del Castillo gerente de la Asociación de Productores de Arándanos del Perú (Proarándanos) y de Cítricos (Procitrus), agregó que la denuncia no está justificada toda vez que las empresas que se acogen al régimen efectúan el pago de todos los beneficios laborales.
"Todos [los beneficios salariales] están incorporados en el jornal del trabajador. [...] Se está buscando una derogación de la norma por un tema ideológico", indicó del Castillo.
El impacto
Según ComexPerú, el régimen ha permitido que se generen 800 mil empleos en los últimos 10 años y proyectan que la extensión del régimen permitiría generar 175 mil más para la siguiente década.
Asimismo, el gremio detalla que las exportaciones del sector agropecuario pasaron de US$644 millones (2001) a US$5.925 millones (2017).
"Esta Ley ha hecho posible la actividad agroexportadora. No ampliarlo es muy grave porque no solo amenaza las futuras inversiones, sino imposibilita seguir con las actuales; implicaría un retroceso", advirtió Bustamante Canny.
Para Sergio del Castillo, la inversión se retraería sin una prórroga de la norma, pues en el sector las inversiones son de muy largo plazo y las compañías —tanto locales como extranjeras— requieren de seguridad para poder invertir.
""Este es un tema concreto de competitividad. Hay muchas empresas [del sector] que han venido de afuera porque ven reglas de juego claras, predictibilidad en las inversiones y estabilidad jurídica. Hoy en día se ve el modelo peruano como uno de éxito e incluso lo quieren imitar", precisó del Castillo.
En tanto, Polis remarcó que correrían riesgo grandes proyectos de irrigación, como Chavimochic III y Majes Siguas II, pues no se otorgaría seguridad sobre el futuro a los inversionistas y ello perjudicaría la venta de terrenos en los mismos. "Sería una pena para el empleo y para el país que esto ocurra", puntualizó.
Gobierno reconocía ley como factor determinante del crecimiento exportador
Por su parte, el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Juan Varilias Velásquez, señaló que es difícil entender que sea el propio Ejecutivo que dé marcha atrás en la iniciativa de ampliar la Ley 27360 (promoción agraria), sobre la cual estuvo convencido hasta hace unos días. “De ser cierto, lamentamos el retroceso y nos quedamos con la preocupación latente si estas marchas y contramarchas puedan constituirse en una característica del gabinete”.
"El Ejecutivo, en prácticamente todas sus instancias, estuvo de acuerdo en que este mecanismo es el factor determinante del crecimiento exportador y de la transformación económica que experimentó la costa peruana. Es en virtud del éxito reconocido como el más destacable en Latinoamérica, que el gabinete Villanueva incluyó el proyecto en la solicitud de facultades legislativas", agregó
Varilias puntualizó que las observaciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos solo pueden estar referidas al debido cumplimiento de las normas laborales y que ninguna instancia gubernamental de cualquier país con el que tenemos un acuerdo de libre comercio puede decirle a nuestro gobierno cómo deben ser sus leyes y políticas, salvo que les causen un daño grave.
Recordó que la Ley 27360 data del año 2000 y era de pleno conocimiento de los negociadores de todos nuestros socios comerciales, quienes nunca la observaron ni pidieron modificación alguna. "El ministro de Comercio Exterior y Turismo, el MEF y Cancillería pueden dar fe de ello", comentó.
Varilias recomendó no pensar que 'todavía hay tiempo para ampliar la ley pues tiene vigencia hasta el 2021', enfatizó que se debe considerar que si un peruano toma la decisión de invertir, demorará entre 7 y 10 años empezar con la comercialización del producto. A ello se suman al menos 4 años para consolidarlo en el mercado internacional.
"Por lo tanto, hoy, nadie tomará la decisión de invertir si no tiene la certeza sobre el marco jurídico que habrá en los próximos 15 años. No ampliar la vigencia de la ley ahora, abre la posibilidad que se repita la historia de la minería: las inversiones se detendrán por 3 años y se perderá ritmo de crecimiento, aún más del que se ha perdido hasta el momento. Esta decisión compromete el futuro del segundo motor de crecimiento peruano", opinó.
Tampoco se puede dar la espalda a la problemática agrícola que solo se puede resolver impulsando la formación de empresas. De la última Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), se desprende que el 97% de los trabajadores del agro son informales y que la informalidad en las unidades productivas es el 99%. La informalidad en el agro significa atraso tecnológico, baja productividad y pobreza.
La encuesta revela también que un trabajador agrícola formal percibe S/ 1.256 en tanto que el informal gana S/. 583. "Los salarios de subsistencia no los puede cambiar una ley, solo lo puede cambiar la inversión que genera empleos", apuntó.
Expresó que el impacto de la 27360 en la formalización, desarrollo y generación de empleo son indiscutibles; refirió que entre los años 2000 y 2017, los puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos del sector agroindustrial pasaron de 364.081 a 1.495.289, lo que significó un incremento de 311%.
Si bien comentó que pese a lo avanzado, el agro moderno exportador solo representa el 10% de los 4.2 millones de hectáreas cultivables del Perú y emplea un porcentaje similar de trabajadores agrícolas, lo cierto es que se debe mantener el marco jurídico vigente para mejorar esos números. "La oportunidad y la responsabilidad para el gobierno del presidente Vizcarra son grandes, esperamos que haya una reflexión profunda", concluyó.
Dato
. ADEX recordó que hace unos días el gobierno retiró del paquete que iba a presentar al Legislativo la propuesta para extender ese marco jurídico por 21 años más, pero, luego se conoció que en una reunión entre ministros, se evaluó su reincorporación. ADEX, junto a AGAP, CCL, Comex, Confiep y la SNI enviaron una carta al presidente de la República, Martín Vizcarra, para pedirle una cita a fin de tratar el tema.
Fuente: El Comercio y ADEX
