Por: Gabriel Amaro, Director Ejecutivo de AGAP
(Agraria.pe) La Agenda País entregada al presidente de la República por la CONFIEP refleja el compromiso del sector privado con el crecimiento, desarrollo y generación de empleo en el país, que impacta directamente en el bienestar de todos los peruanos.
Sector privado donde el 99% son mipymes y que día a día, al igual que las grandes empresas, arriesgan su capital y se enfrentan a una cada vez más complicada burocracia y a ciertos sectores que parece no quisieran que exista la inversión privada, que no se genere empleo, ni que los peruanos progresemos.
Este sector empresarial, que representa el 19% de la economía formal, es atacado constantemente por algunos, pese a que el real enemigo del Perú es la poca institucionalidad y la informalidad que no cumple las leyes, no respeta los recursos naturales, que no otorga beneficios sociales, etcétera, y cuyos efectos vemos a diario en situaciones tan evidentes como el caótico tránsito, el tráfico de terrenos e invasiones, la inseguridad ciudadana, la corrupción y más.
En dicha Agenda País, el sector agro contribuyó con algunos elementos para devolver al Perú a la senda de la competitividad y del crecimiento, entre ellos, la continuidad de la Ley N°27360 – Ley de Promoción Agraria, adecuado marco jurídico para el agro peruano.
La mencionada ley, que hoy acoge a más de 4,000 empresas, casi todas mipymes, reconoce las características de contratación propias de la naturaleza del sector agro. Vale decir, que el trabajo en el campo está sujeto al ciclo biológico del cultivo, marcado por la temporalidad y la especialización, elementos que no van a cambiar por más que algunos así lo quieran.
Esta es una ley para todos en el agro: productores, agroexportadores y agroindustriales, de la agricultura familiar, pequeños, medianos o grandes, la única condición es que sean formales, ya que, por ejemplo, en el aspecto laboral, la ley dispone una remuneración diaria que se actualiza en función de la remuneración mínima vital y que incluye el sueldo básico, la CTS, gratificaciones de julio y diciembre, vacaciones, además de la obligación del depósito del aporte a Essalud y a la ONP o a la AFP, entre otros.
Esta ley ha permitido que existan más de 800.000 puestos de trabajo formal en el agro al 2017, +75% que el 2004 y que se logre pleno empleo en Ica y La Libertad, por mencionar algunas; que se reduzca la informalidad en el sector agrícola de 84% (2001) a 75% (2017); que se disminuya la pobreza en la agricultura de 81% a 38%en el 2017, y siendo más específicos, en la costa rural del país en donde la reducción fue de 67% a 19%. Estos no son solo números, significan bienestar para más peruanos.
Un tema aparte es la participación de la mujer rural de 36% a 46% al año 2015 y que hoy estaría en más del 50%. Y no solo ha hecho posible que pueda llevar un sustento a su hogar, sino que, al mismo tiempo, aumentó su autoestima personal empoderándola.
Es por ello que se debe aprobar con urgencia la continuidad de la Ley de Promoción Agraria en el largo plazo sin que pierda sus características competitivas; no hagamos perder más tiempo al agro y al Perú. Trabajemos juntos para seguir incorporando a más pequeños productores a las cadenas agroexportadoras y llevar nuestros productos al mercado mundial. No permitamos que nuestro sector agrícola, que hoy en día es el primer empleador y el segundo sector exportador que trae divisas al país, deje de contribuir con el desarrollo y el bienestar de millones de peruanos.
Fuente: Gestión
