No solo la agricultura intensiva para agroexportación y el desarrollo inmobiliario están deforestando el norte peruano. También la gastronomía tiene mucho que ver. Proponen certificados para distinguir a pollerías que compren carbón legal de algarrobo.
(Agraria.pe) La gastronomía suele ser motivo de orgullo para los peruanos. Pero detrás del ‘boom’ de nuestros platos puede esconderse a veces una historia tan triste como la deforestación.
Es el caso del auge de las pollerías y su incidencia en la tala ilegal del algarrobo, un árbol distintivo del norte peruano que se está utilizando como carbón para los hornos de estos locales a lo largo de todo el país.
Juan Otigo Meza, administrador técnico de Serfor Piura, explica que en el año 2015 esa región del norte peruano perdió 17.589 hectáreas de bosque por diversos factores, uno de los cuales fue la tala ilegal para elaborar carbón destinado a pollerías. Este insumo se va mayoritariamente a restaurantes de Lima.
“En todo Piura usan el carbón ilegal, porque el carbón legal se va casi todo a Lima. Ahora con los productores legales hemos coordinado y tenido reuniones para que en sus planes de manejo de bosques parte de su carbón no vaya solo a Lima sino que cubran la demanda regional. Tenemos cerca de ocho titulares de planes de manejo dispuestos a ofertar carbón para pollerías de Piura”, sostuvo.
El funcionario agrega que el próximo 18 de mayo habrá una reunión con todos los empresarios de pollerías de Piura para sensibilizarlos sobre esta problemática y que compren solo carbón legal. Tras un plazo de implementación, apunta, se procederá a fiscalizar y sancionar a quienes sigan en la línea de la ilegalidad.
Además, según sus cálculos, la oferta de carbón legal de carbón de algarrobo debería ser suficiente para abastecer tanto a Lima como a Piura, por lo que se está procediendo a instalar cuatro puestos de control forestal en vías estratégicas de dicha jurisdicción para detectar cargamentos ilícitos: el peaje de Bayóvar, la vía hacia Olmos en Chulucanas, Marcavelica y el complejo de aduanas en Suyo.
Otigo confía en que tras este trabajo, los proveedores de carbón formal atiendan a las pollerías de Piura de manera preferente, ya que gracias a la cercanía geográfica reducirían notablemente los costos de transporte en que incurren para vender su producto en Lima.
Concientización del consumidor
Otro punto en esta estrategia se enfocará en la concientización del consumidor final. Para ello, el vocero de Serfor comenta que se empezarán a otorgar certificados a las pollerías que demuestren que trabajan con carbón de algarrobo legal, de tal manera que los comensales sepan que están favoreciendo a un negocio que es respetuoso de las leyes y se preocupa por el ambiente. “La ciudadanía tiene que cambiar su conciencia”, dice Juan Otigo.
Sin embargo, esta es solo una primera etapa, ya que la fabricación de carbón es solo uno de los factores de deforestación. También están en ese plano de ilegalidad las ladrilleras que usan leña de segunda calidad, así como picanterías y panaderías. Cada uno de estos rubros exige una estrategia diferenciada.
Y también tiene que ver el cambio de uso de suelos: “La inversión privada en Piura se ha incrementado en los últimos años, hay incremento de agricultura para exportación, destruyen bosques para dar paso a otra actividad económica. Y también las inmobiliarias que se han incrementado en la región afectan los bosques para dar paso a viviendas. Igual con mineras y petroleras”, reseña el especialista.
Desde luego, no solo se trata del algarrobo, sino de especies como el palo santo, que está en peligro de extinción y que se está utilizando para artesanías. Otigo apunta que en este caso el uso está autorizado solo en cuanto a ejemplares secos y muertos, en proceso de descomposición, no para árboles en pie. Se trata de un insumo que tiene demanda tanto en el país como en el exterior. Igual camino sigue la tara y el bambú, para los que se busca desarrollar cadenas productivas rentables.
Datos
El kilo de carbón de algarrobo legal se está comercializando en un promedio de S/ 2.50.
Existe un comité regional de lucha contra la tala ilegal, reconocido por ordenanza regional. De él participan el Gobierno Regional de Piura, la Fiscalía especializada en materia ambiental, la Policía Nacional, el Ejército y Serfor, quienes desarrollan estrategias conjuntas para el sector.
