(Agraria.pe) La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) convocó al II Paro Agrario Nacional Indefinido, aún sin fecha establecida, debido a que el Gobierno del presidente de la República, Martín Vizcarra, no cumplió con aplicar medidas oportunas para ayudar a los agricultores y ganaderos del país a superar las adversidades colaterales del Covid-19 durante el estado de emergencia como, por ejemplo, restricciones de siembra y cosecha, aumento de costos logísticos, disponibilidad de semillas e insumos.
“Hasta hoy y después de 170 días de cuarentena, podemos afirmar que en el sector agrario no se aplicaron medidas oportunas, accesibles y universales, cero inversión en nuestros territorios para ayudar a los agricultores y ganaderos del Perú a lograr una adecuada reactivación económica en este momento de emergencia”, indicó Conveagro a través de un comunicado donde, a la vez, solicitó una reunión con el jefe de Estado para evitar la medida de fuerza.
Entre otras demandas, dicha organización señaló que aún está a la espera de que el Programa de Garantía del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro), que ya está reglamentado, empiece a colocar los créditos de capital para la campaña agrícola 2020-2021 (inició en agosto) en favor de los pequeños agricultores.
Ley de etiquetado y compras públicas
Igualmente, el gremio lamentó que aún no se haya reglamentado la Ley N° 30979, sobre el etiquetado de origen de los alimentos, que fue promulgada el 6 de julio de 2019. “Dicha Ley es muy importante para que los consumidores en el Perú puedan informarse apropiadamente donde se producen los alimentos que consumimos”, agrega el comunicado.
El gremio agrario reconoce “el momento de gravedad que vive nuestra agricultura familiar”, a causa de “problemas internos como la eliminación de aranceles y el desmantelamiento de la franja de precios, que protegían nuestra producción agropecuaria nacional”. En esta línea, exige al Gobierno restituir los aranceles ad-valorem y quitar los límites a la franja de precios hasta el tope máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio, sobre todo para el caso de los cultivos de arroz, maíz, azúcar y leche, altamente vulnerables.
Además, pide que se disponga, por Decreto de Urgencia, que la producción de la agricultura familiar peruana sea adquirida por los gobiernos locales, regionales y central, desde sus diferentes programas sociales y ministerios, para inyectar recursos frescos al campo y reactivar la economía más rápido.
