(Agraria.pe) Las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (Pech), en La Libertad, están paralizadas desde hace casi cinco años, por lo que el Estado tiene una pérdida por la no exportación de productos de US$ 1.500 millones y sumado a otros conceptos, supera los US$ 2.000 millones anuales.
Por tal motivo, las autoridades regionales esperan la voluntad política del nuevo Gobierno para el destrabe de obras y se logre la culminación de la represa Palo Redondo.
“Nos vamos por el quinto año ya de tener paralizado este gran proyecto de irrigación, no solo para la región La Libertad, sino para el país. Los esfuerzos que se han hecho por sacar adelante las trabas de la tercera etapa, sobre todo la presa Palo Redondo, se han visto permanentemente interrumpidas por la crisis política que se ha vivido en estos tiempos”, detalló el gerente general del Pech, Edilberto Ñique.
Agregó que se han analizado diversas alternativas, “adoptando por una salomónica y rápida en su ejecución”.
“Esto tiene que ver con la culminación de la presa Palo Redondo por parte de la concesionaria (Odebrecht y Graña y Montero), quienes han declarado en medios nacionales que tienen toda la voluntad de negociar y si es necesario dar un paso al costado. Renunciando a unos cobros excesivos que se han generado en estos años. Las gestiones deben seguir en la mesa con el nuevo gobierno a través del Midagri, que es el concedente, y lograr el destrabe final”, agregó.
Arbitraje
Edilberto Ñique enfatizó que el contrato en concesión está vigente y no se ha anulado. Además, indicó, el 14 de mayo la concesionaria ha renovado su carta fianza por US$ 35 millones y sigue teniendo sus responsabilidades.
Asimismo, están a la espera de que se solucione el arbitraje interpuesto y lo que mande ese laudo arbitral.
La inversión total del proyecto por exceso tiene un costo de US$ 800 millones y a la fecha, con el 80% de la construcción de Palo Redondo, se gastaron US$ 220 millones. Estas obras debieron culminar en mayo del 2019, pero desde diciembre del 2016 se paralizaron, no permitiendo incorporar 63.000 hectáreas nuevas y mejorar las condiciones de riego de las 47.000 hectáreas existentes.
Fuente: La República
