(Agraria.pe) La reinstauración de un régimen laboral especial para el sector acuícola puede ser una herramienta valiosa para fomentar su formalización, aunque es necesario establecer ciertos límites y plazos a fin de garantizar su efectividad y evaluar su aplicación en función de los objetivos trazados, sostuvo el abogado Daniel Robles Ibazeta.
El experto, que destacó que la acuicultura es una de las pocas actividades productivas sostenibles que tiene menor huella de carbono, se refirió a la derogación de la Ley N° 27360, Ley de Promoción Agraria, y su impacto en el sector y los trabajadores que se dedican a estas tareas.
Factores
“La derogación de la ley y la falta de una normativa que regule el régimen acuícola tienen consecuencias negativas, ya que esta actividad es estacional y muchas veces depende de factores climáticos, por lo cual no debería regirse bajo el régimen general”, advirtió.
El socio fundador del estudio Robles Ibazeta Consultores explicó que al no contar con un régimen que se ajuste a las características de esta actividad, los empleadores en la industria acuícola asumirán un alto costo en las contrataciones, por lo cual podrían optar por la vía informal en sus labores.
“De hecho, según cifras del Ministerio de la Producción (Produce), el 86% de esta actividad es informal. Esta situación perjudica directamente a los trabajadores al privarlos de beneficios sociales como seguro de salud, aportes previsionales, horas extras pagadas y el Seguro Vida Ley, entre otros”, precisó.
El experto recordó que uno de los principales beneficios para los trabajadores era la remuneración diaria, que incluía la compensación por tiempo de servicios (CTS), gratificaciones y bonificación extraordinaria. “Esto se debía a que, al igual que en el sector agrícola, las labores en la acuicultura eran intermitentes en lugar de continuas”, anotó.
Además, subrayó, los trabajadores estaban protegidos contra despidos injustificados y tenían derecho a descanso después de un año de labores. Por lo tanto, estar en planilla era el mayor beneficio para los trabajadores del sector acuícola, agregó.
Efectividad
“La reinstauración de un régimen laboral especial para el sector acuícola podría ser una herramienta clave en el proceso de formalización de esta industria. Sin embargo, es importante considerar ciertos aspectos para garantizar su efectividad”, aseveró.
Una posible solución, dijo, sería establecer ciertos límites a la aplicación de este régimen especial, los cuales podrían estar condicionados a metas y objetivos en términos de producción e ingresos. “De esta manera se incentivaría a las empresas a cumplir con ciertos estándares y a formalizar sus operaciones”, mencionó.
“Otra alternativa sería fijar un plazo de vigencia concreto para estos beneficios, también en función de metas y objetivos previamente establecidos. De esta forma se garantiza que el régimen laboral especial sea una medida temporal que incentive el cumplimiento de ciertos requisitos para formalizar la actividad acuícola”, enfatizó.
Robles manifestó que es necesario, además de establecer un régimen especial para el sector acuícola, que el Estado tome como referencia el modelo del régimen agrícola y ofrezca incentivos tanto laborales como tributarios.
“Además, se debe brindar un mayor apoyo a las empresas formales del sector acuícola mediante bonos, mejores coberturas, préstamos y otros incentivos que hagan más atractiva la formalización frente a la informalidad”, recalcó.
Para el hombre de leyes, es fundamental también implementar una fiscalización menos punitiva, ya que multas excesivas podrían llevar al cierre de actividades y aumentar el desempleo. “En lugar de castigar es necesario acompañar, orientar y facilitar el proceso de formalización en este sector”, sugirió.
En la actualidad, alertó, la formalización de la acuicultura en el país se enfrenta a diversos desafíos. “El más significativo de ellos es la reducción de la informalidad mediante propuestas que resulten atractivas para los empleadores, garantizándose al mismo tiempo los derechos laborales de los trabajadores”, expresó.
“Para lograr este objetivo será fundamental el trabajo colaborativo entre el Estado, los empleadores y los trabajadores, con el fin de establecer un régimen que fomente la formalización mediante incentivos, sin descuidar las necesidades de los trabajadores”, aseveró.
Estrategia
A la par, Robles consideró importante que el Estado trabaje en una estrategia integral que involucre a todos los actores relevantes, como Produce, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y otros que intervengan en la cadena de trabajo de este sector, a fin de impulsar su formalización.
“Se podrían establecer incentivos fiscales y financieros como créditos a tasas preferenciales y beneficios tributarios. Así como programas de capacitación para mejorar sus prácticas de producción, gestión y comercialización, a fin de que puedan mejorar su competitividad en el mercado nacional e internacional. Otro aspecto importante es evitar barreras respecto a la obtención de licencias y permisos”, puntualizó.
Beneficios
Daniel Robles refirió que en el régimen acuícola se efectuaba el pago de una remuneración diaria equivalente a 36.29 soles, el cual tenía como condición laborar más de 4 horas diarias en promedio, así como se reajustaba de acuerdo con la remuneración mínima vital. Además, la CTS y gratificaciones se encontraban incluidas en la remuneración diaria, recalcó.
La indemnización por despido arbitrario era equivalente a 15 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 180 remuneraciones diarias. En el caso de fracciones se abonaba a razón de dozavos, indicó el experto.
Para las vacaciones, dijo, se otorgaban 15 días naturales de descanso por cada año de servicios. Mientras, los aportes al Seguro Social de Salud (EsSalud) se encontraban a cargo del empleador y eran equivalentes al 4% de la remuneración pagada al trabajador durante el mes, señaló.
Fuente: El Peruano
