19 enero 2012 | 07:33 am Por: Redacción

Democratización de Acceso a la Tierra

“PROPUESTA DE LEY LIMITARÍA DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA”

“PROPUESTA DE LEY LIMITARÍA DESARROLLO Y MODERNIZACIÓN AGRÍCOLA”

El grupo Gloria ha comprado, en la primera subasta de tierras en Olmos, 15 mil hectáreas, en las que piensa invertir más de US$ 400 millones

Por Raúl Yaipén Carranza

Lima, 19 Enero (Agraria.pe) Acerca del proyecto de Ley de Democratización de Acceso a la Tierra, que modificaría el artículo 88 de la constitución y establecería límites al tamaño de la propiedad de los terrenos destinados a la agricultura, presentado por Luis Ginocchio, ministro de Agricultura, ante la Comisión Agraria del Congreso, Fernando Cillóniz, presidente de la consultora Inform@cción, lo tildó como una propuesta retrógrada que limitaría el desarrollo y modernización de la agricultura.

En ese sentido, Cillóniz señaló que la ley pretende frenar el crecimiento del grupo Gloria, principal propietario de Casa Grande, Cartavio, Sintuco y Chiquitoy en La Libertad y San Jacinto en Áncash, y que últimamente adquirió 15 mil hectáreas en Olmos, “al respecto habría que preguntarse qué de malo tiene que una empresa privada crezca “.

Asimismo, recordó los desmanes de la empresa Casa Grande, antes de que el Grupo Gloria tomara control en enero de 2006, entre los que resaltó el estado ruinoso de la infraestructura y maquinaria, corrupción dirigencial, campos abandonados, colapso administrativo, adeudos enormes al Estado (por falta de pago de impuestos), desfases económicos con sus trabajadores y jubilados, “para comprobarlo solo hace falta buscar en muchos titulares de ese año”.

Excusas infundadas

Por otro lado, mencionó que el argumento para la propuesta es el abuso de la posición de dominio que el grupo Gloria podría ejercer sobre el mercado del azúcar. “Eso carece de fundamento, hoy tenemos el Indecopi para regular esta situación y además, hay un control más efectivo que es la libertad de importar y competir en el mercado internacional del producto”.

Del mismo modo, sostuvo que hay que tener en cuenta el desarrollo que ha generado la expansión empresarial del grupo antes mencionado y lo que piensan gestionar, con el anuncio de inversión de más de US$ 400 millones en el norte.

“Por qué no celebrar el hecho de que el Perú, gracias a la capitalización del sector azucarero, haya recuperado su condición de país exportador de azúcar, tal como lo fue hasta antes de que la Reforma Agraria hiciera trizas la estructura empresarial del agro peruano”, acotó.

Estrategia Política

Consecuentemente, el presidente de Inform@cción argumentó que otra vez se está usando al agro como estrategia política, “Sino, por qué no se preocupan del pollo, del cemento, del acero, de la aviación civil, de la banca, etc. Donde la concentración de la producción en pocas manos es mucho más marcada que en el caso del azúcar”.

Finalmente, Cillóniz remarcó que el agro nacional está inmerso en un proceso de capitalización y modernización, revolucionario. “Primero fue el sector de frutas y hortalizas. Ahora se ha sumado el sector de cultivos industriales (destacando el sector azucarero), mejorando los salarios, revalorizando las tierras agrícolas en favor de los campesinos y trabajadores del campo”, debiendo ser la prioridad del Estado su protección y desarrollo.

“El agro moderno y competitivo es la base social y productiva que está permitiendo que el Perú crezca más en el ámbito regional que en la capital, a mi parecer ésta es más una iniciativa envidiosa, iracunda, rencorosa, rabiosa, contraproducente, retrógrada e injusta, donde los grandes perdedores serían los trabajadores del campo y los consumidores. Por ello, tal iniciativa no debe prosperar”, concluyó.

Dato

• De acuerdo a la constitución política del Perú vigente, el Artículo 88 señala lo siguiente: El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona.

Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicación en venta.