Los precios en un mercado tienden a subir o por aumento en la demanda o por contracción de la oferta. Los precios del petróleo, los fertilizantes y los granos han subido por lo segunda razón. Sin embargo, en un mercado globalizado, las interacciones entre demanda y oferta; y relaciones comerciales internacionales añaden especulaciones y se hace más complejo el proceso. Esto requiere un análisis más acucioso de las medidas para mitigar el impacto de dicho proceso: Es decir políticas que consideran el entorno político, pero que no son respuestas políticas sin fundamento.

Tres procesos vinculados están teniendo impacto considerable en los sistemas agroalimentarios, particularmente en las economías menos desarrolladas, y el Perú no es excepción. Dichos procesos se arrastran desde el inicio del 2020 y se van a prolongar por lo menos hasta mediados del 2023: 1) la ocurrencia de la Covid-19; 2) la crisis de los contenedores; y 3) los precios internacionales de los productos básicos (granos, fertilizantes y petróleo). La celeridad y magnitud del impacto depende en gran parte de la dependencia de importaciones de estos productos; y de la estructura económica, por consiguiente, las condiciones para la transmisión de efectos.

La incidencia se inicia con el azote de la pandemia en enero del 2020 (y el cierre de fronteras en China); se agrava con la disponibilidad de contenedores a mediados del 2021 (que implica además alza en los costos de transporte y de manejo de inventarios; e incumplimiento de entregas); y se dramatiza al inicio del 2022 con las condiciones creadas por la guerra de Rusia sobre Ucrania (siendo esos dos países en conjunto los suplidores de alrededor del 30 a 40 por ciento de los productos citados). El enjambre de relaciones causa-efecto produciéndose a través del tiempo y por un tiempo posiblemente prolongado, está afectando nuestro sistema agroalimentario desde varios ejes de influencia:

Los hábitos de consumo de alimentos se han ajustado a la menor disponibilidad de ingresos de las familias (dado el costo asumido para afrontar las medidas de salud exigidas por la pandemia); los menores ingresos por disminución del empleo; y los mayores precios de los alimentos.  El impacto es evidentemente mayor entre la población más pobre, que gasta la mayor proporción de su ingreso en alimentos.

La preparación, presentación y distribución de alimentos ha demandado innovaciones diversas y costos en los procesos de producción, presentación, empaques, medios de distribución y logística para acomodarse a las exigencias de los sistemas de salud y actitudes de los consumidores nacionales e internacionales. Hay menor disponibilidad de transporte marítimo y terrestre; y costos de hasta 80 por ciento mayores.

En las agroindustrias el impacto es significativo por los mayores precios de maíz y soya para la producción de concentrados para pollos, huevos y cerdos (que representa entre el 60 y 70 por ciento de dichos costos); y en la industria alimentaria, en el caso del trigo, por ejemplo, el impacto es sustantivo en las industrias de harina, fideos y panificación.

Por último, aunque los efectos iniciales de la pandemia en el 2020-21 no fueron negativos en la mayor parte de la agricultura nacional, el impacto ahora sí es severo a raíz de los precios de los fertilizantes químicos, en su mayor parte importados. El impacto se siente ya en las decisiones de siembra, pero va a ser significativo en las cosechas, y por lo tanto en la disponibilidad y los precios de los alimentos en éste y el próximo año, por lo menos.

El análisis hecho reconoce que, a todos los factores antes referidos, se suma la devaluación del sol en casi 12.8 por ciento en el 2021. Si bien en los últimos tres meses hay algo de recuperación de la moneda, no se está exento de un retroceso en la medida que no haya estabilidad política.

Las opciones de medidas de política son muchas y hay que evitar el alto riesgo de tomar medidas equivocadas, en cuanto a su costo fiscal y beneficios. Muy importante, éstas serán medidas paliativas de la crisis, pero no son las medidas exigidas para superar la pobreza. Confundirlas es un error. He aquí algunas consideraciones.

El punto de partida es reconocer que no hemos llegado aún a la mitad del camino en el que se dan los hechos de los tres eventos antes señalados. Los pronósticos son que por la destrucción de la capacidad productiva en Ucrania y el desgaste económico en Rusia, la contracción de la oferta va continuar y los precios podrían seguir subiendo por lo menos hasta fin de este año; y peor aún, si la guerra se prolonga. Por lo tanto, las medidas no deben ser sólo para la coyuntura, sino también para el mediano plazo.

Tratándose de un problema de alza en los precios por déficit de oferta, los subsidios generalizados aumentarán la demanda agregada; o por lo menos la estabilizarán, cuando lo que se requiere es disminuir la demanda agregada, mientras se regresa a la normalidad (que se puede predecir, cuándo ocurrirá). La acción selectiva y directa para atender a la población más vulnerable es la ruta a seguir, teniendo en cuenta, sin embargo, el alto nivel de informalidad en la economía y sociedad peruana.

La desesperación para encontrar fertilizantes químicos baratos es un desgaste innecesario y fútil. Otras opciones al uso de fertilizantes químicos no tienen efecto sustitutivo perfecto, pero deben considerarse: Mejorar la eficiencia en el uso del agua para riego que ya se tiene; mejorar las prácticas de cultivo, recurriendo a más mano de obra que a fertilizantes; aprovechar el guano de granjas y establos y los abonos orgánicos que se desperdician y apoyar su manejo y certificación para minimizar problemas sanitarios; extraer y vender, al costo, algo más de guano de islas, sin pretender cifras faraónicas que no se pueden lograr.  Se ha tomado nota que algunas de estas medidas están siendo consideradas…pero el tiempo pasa.

Regalar fertilizantes a productores que los usaban en muy pequeña cuantía y que se van a conseguir a precios exorbitantes puede no ser una medida adecuada, aunque políticamente atractiva. Este comentario puede sonar a estar en contra de los beneficios sociales, lo cual no es cierto. La experiencia es que dichos fertilizantes regalados van a terminar en las chacras de productores con mayor poder adquisitivo; quienes, por ahora, tienen que necesariamente reducir su consumo de dichos insumos y recurrir a las prácticas sugeridas. Sin lugar a dudas, habrá un lamentable efecto en la disminución de la producción, el cual será más serio en los cultivos que hacen alto uso de fertilizantes químicos, como caña de azúcar y arroz, con el consecuente aumento de precios a nivel del consumidor final, y mayor inflación.

La reducción del impuesto selectivo al consumo (ISC) de los combustibles, aprobado hace dos semanas y vigente hasta el 30 de junio, es poco probable que tenga impacto positivo significativo en reducir el gasto de los consumidores, pues, aunque sea menor en porcentaje, si es aplicado a precios mas altos, el efecto en disminuir el gasto desaparece. Podría, sin embargo, causar una pérdida sustantiva en los ingresos fiscales. La aplicación de esta medida durante los próximos 60 dias tendrá que ser cuidadosamente evaluada para determinar qué tan efectiva es la medicina y para quienes genera beneficios. Mas aun, no revertir la medida si los precios continúan subiendo, implica que el costo fiscal sería mayor después de junio.

En relación a la eliminación del IGV en la canasta básica familiar (Ley N º 31452, decretada hace quince días), el MEF publicó el 29 de abril las disposiciones complementarias vigentes hasta el 31 de julio, en las que se precisan los principales insumos para la producción de tales alimentos que también serán exonerados. Según el diario El Peruano del día de hoy, 2 de mayo: La norma otorga crédito fiscal a los principales insumos requeridos en el proceso productivo de los bienes que temporalmente se exonerarán del IGV, a fin de que no incremente el costo final del bien. En la lista se consideraron los insumos de (para producir) la carne de pollo y huevos: pollos bebé, pollos vivos de mayor tamaño, maíz amarillo duro, almidón de maíz, grasas y aceite de pescado, aceite de soya en bruto y fracciones, y preparaciones alimenticias de harina y de concentrado de soya, entre otros. Ojalá estos beneficios para el sector industrial se reflejen en los precios finales que pagan los consumidores.

El aumento reciente de la remuneración mínima vital (RMV) de S/ 930 a S/ 1.025 aliviará las condiciones del segmento de familias empleadas en el sector formal, lo cual es positivo. Sin embargo, quedan por fuera de este beneficio, alrededor del 65 a 70 por ciento de los peruanos de menores ingresos que componen la fuerza laboral nacional.

La institucionalidad pública y las organizaciones de productores y comerciantes, tienen ahora (por una vez en la historia), trabajar de la mano para encontrar soluciones. Uno de los requerimientos es dejar a un lado aquellas iniciativas desgastadoras y fútiles como la llamada “segunda reforma agraria”, la modificación del sistema de extensión agropecuaria y otras ocurrencias, que tiene el afán de mostrar que se está haciendo algo, aunque no tenga trascendencia alguna, y menos aún, en las actuales circunstancias.

Y no menos importante, el Gobierno debe tomar medidas para no alarmar a la población, pero si explicar que se trata de un fenómeno global con serias repercusiones locales; que tiene implicaciones para el corto y mediano plazo; y que la solidaridad es indispensable.  ©