Los recientes resultados de la ENAHO revelan un dato a todas luces preocupante: La pobreza sigue incrementándose. Ahora llega a un total de más de nueve millones de peruanos en condición de pobreza y casi dos millones de ellos, en pobreza extrema. Aunque el debate se centra en las cifras en el último año, sabemos que el problema viene arrastrándose, y peor aún, tiene implicaciones para el futuro. Unas reflexiones al respecto en cuanto a las implicaciones para la agricultura.

Tratando de responder a la difícil pregunta de por qué sigue aumentando la pobreza, especialmente la urbana, hay dos respuestas tentativas.  La primera es el aumento del desempleo entre la población con menos capacidades tecnológicas, en parte por la desaceleración de la inversión en sectores que podrían emplearlos. Y la segunda, el aumento del costo de vida para la población urbana más pobre, especialmente el costo de la alimentación y el trasporte público. Esta no es una respuesta simplista, trata de poner el dedo en los temas medulares a los que se vinculan los comentarios que siguen.

El poder del mercado. Un aspecto que se destaca en los datos presentados es que el impacto ha sido mayor en la población urbana. El 82,6% de la población del Perú reside en el área urbana (27 millones 848 mil personas). El poder adquisitivo de la población urbana es determinante de la demanda por alimentos producidos por más de dos millones de pequeños productores. Y, si el poder adquisitivo de las ciudades no mejora, comprarán menos alimentos o solo los de menor calidad. Por lo tanto, es más difícil el crecimiento de los ingresos de esos productores. Suerte la de los agroexportadores que venden a consumidores de alto poder adquisitivo, pero sabemos que son un porcentaje pequeño del total de productores.

Los más pobres gastan la mayor parte de su ingreso en alimentos. La pobreza ha aumentado más entre la población que ya era pobre, pasando a engrosar el grupo que está en pobreza extrema. En el quintil de población más pobre, el gasto en alimentos en el hogar y fuera (paraditas, carretillas, etc.) representa alrededor del 60 por ciento del gasto total. En el quintil con más ingresos, representa solo el 6 por ciento. Por lo tanto, la alimentación de la población más pobre es ahora de menor calidad; con implicaciones inmediatas para la malnutrición e impacto negativo en la salud y capacidad de los niños; y al corto plazo, un factor de riesgo social.

Los programas sociales de ayuda alimentaria en riesgo. La población en mayor riesgo alimentario incluye los adultos mayores en abandono, los desempleados por hábito, las madres solteras desempleadas, los mendigos y los niños abandonados. Por ejemplo, Qali Warma brinda desayunos y almuerzos a más de 3,500,000 a niños y niñas del nivel inicial y primaria de las 47,803 escuelas públicas a nivel nacional ubicadas en los distritos del quintil 1 y 2 de pobreza. Los programas estatales de ayuda alimentaria, con todas las quejas que pesan sobre ellos, son un alivio; sin embargo, el crecimiento de esta población es una bomba de tiempo.

Baja inflación…buena para quién? Desde el 2019 el costo de la canasta básica ha subido en 22 por ciento. Y dentro de ella los alimentos han subido casi el 30 por ciento en dicho periodo.  En el 2023 el precio de los alimentos, como parte de la canasta básica, ha aumentado mucho más que la vanagloriada baja inflación de 3.41 por ciento. Por ejemplo, el pollo eviscerado aumento en 15.1%. Recordemos que a medida que dejamos las menestras, error imperdonable, el pollo es ahora la principal y en muchos casos la única, fuente de proteína para la población urbana de menores ingresos. En Lima el consumo per cápita anual de pollo es de 26.5 kilos y en las zonas rurales, 4.9 kilos. Obviamente el precio del maíz y la soya importados cuentan entre los factores que han incidido en el costo de producción de pollo en granjas.

Agricultura de panllevar golpeada. En el conglomerado agroalimentario los pollos son solo una parte. En la agricultura de panllevar (papas, arroz, maíz, quinua, etc.) la situación es difícil y en algunas zonas, crítica. En el ciclo 2022-23 los costos de producción y comercialización se han incrementado y los rendimientos por hectárea han disminuido en promedio y han sido más inestables. Los mayores precios internacionales de los fertilizantes, las adversas condiciones climáticas y la inestabilidad social, han sido las principales causas.  Esto ha encarecido los productos que desde las chacras se destinan a los mercados locales y a Lima. A ello se suma, como siempre, la nefasta especulación y el acaparamiento.

Lo expuesto plantea un triple desafío en la política pública. Ampliar la atención a los grupos en mayor riesgo alimentario con programas sociales; generar empleo, especialmente urbano, para el elevado número de personas con voluntad y capacidad para emplearse; y apoyar la agricultura con diferentes instrumentos de política a tono con la naturaleza de los problemas vigentes. No me voy a referir a los dos primeros temas, pero sí, aunque brevemente, al apoyo a la agricultura; pues las medidas tradicionales y los proyectos estatales requieren, a mi juicio, un cambio sustantivo.

Primero, la recientemente anunciada revisión de la Ley de la Segunda Reforma Agraria, es un buen augurio; sin embargo, hay que recordar que incidirá positivamente especialmente en la agricultura de exportación y otras empresas en el sector formal; queda pendiente las medidas para la pequeña agricultura.   Para ellas es urgente tomar en serio el apoyo para robustecer la asociatividad con fines empresariales y la creación de valor agregado, emulando algunas buenas experiencias que ya tenemos.

Segundo, el MIDAGRI y las otras entidades a nivel nacional vinculadas con el sistema agroalimentario, tienen que colaborar mucho más entre ellas y lograr el apoyo de los gobiernos regionales y locales, pues es en las regiones donde pesa la agricultura. Es allí donde hay recursos públicos mal asignados (y en muchos casos, mal usados) y que hay que canalizarlos hacia la agricultura.  Por ejemplo, la inversión en sistemas de riego tecnificado, la protección de cuencas, la reparación de caminos rurales, entre otros. Es imperativa la complementariedad entre las iniciativas nacionales del MEF y las de los Gobiernos Regionales y Locales.

Y tercero, la inversión del Estado debe ser más estratégica y no seguir focalizada en bienes y servicios que pueden ofrecer los actores privados y las organizaciones de productores y  cuidadosamente orientada hacia crear condiciones para estimular la inversion privada. Esto desde luego demanda la inversión pública en desarrollo de capacidades, tema en el que el MEF no ha definido brechas. Este cambio, además de reducir la burocracia, nos permitiría un sistema menos pseudo paternalista, más eficiente y más efectivo.

Las medidas sugeridas para la agricultura, además de las no incluidas, pero que deben darse para la atención de grupos vulnerables y para la generación de empleo urbano, van a lograr resultados, en la medida que haya mecanismos efectivos de concertación intersectorial y no estancos, como hasta ahora. A ver si para ello la Presidencia del Consejo de Ministros toma cartas en el asunto. ©