Los productos que se obtienen de la agricultura deben lograrse cumpliendo las normas de seguridad en cuanto al uso de agroquímicos; y asegurar que salen del campo sin residuos tóxicos ni otras formas de contaminación (por ejemplo, bacteria Escherichia coli y otras). Estas últimas pueden estar presentes en las aguas con las que se riega y se lava los productos antes de su empaque. Por lo tanto, los productores son los responsables de entregar productos que cumplan con las normas de inocuidad.
En el aparato público, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) a través de su servicio de extensión y proyectos especiales, provee la asistencia técnica y; por medio del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa), ejerce la vigilancia para el expendio de los agroquímicos y su almacenamiento y uso adecuado. Y, en cuanto al uso adecuado, debe ser no solo para los cultivos destinados a la exportación, sino también para el mercado nacional.
De la chacra en adelante los productos del campo, están expuestos a innumerables fuentes de contaminación; y, por lo tanto, actores con obligaciones.
Por ejemplo, transportistas que en sus vehículos han transportado agroquímicos; o que sus empleados no observan las normas de higiene. Acopiadores que en sus depósitos guardan agroquímicos o hay presencia de roedores. Mercados mayoristas, que no cuentan con sistemas de refrigeración y donde los productos se deterioran, creando hongos y hasta descomposición que implica riesgos para la salud de los consumidores. En este último caso, más allá del daño a las personas que consumen el producto en cuestión, existe el riesgo de epidemia.
La inocuidad en la cadena agroalimentaria es una obligación de todos los actores que participan en ella, y no solo de los agricultores. Por lo tanto, la responsabilidad compartida de vigilancia del cumplimiento de esas obligaciones, además del Midagri, es de las municipalidades, los Ministerios de Salud y de Ambiente. Es totalmente válido, además, incluir como corresponsable al Ministerio de Educación, pues una población educada es capaz de fomentar en las familias y escuelas la limpieza y lavado de los alimentos, especialmente frutas y verduras, antes de su uso. Una población educada debe además ser capaz de exigir sus derechos, entre ellos, la inocuidad de los productos que vienen del campo peruano y los importados.
Sobre esto último, la competencia de varias instituciones, el dilema es la ausencia del principio de responsabilidad compartida. Hay la lamentable costumbre en el sector público, de laborar en estancos. Parte de este dilema se puede solucionar si, para que las instituciones con responsabilidad compartida, desempeñen sus competencias asignadas por ley, pero sujetándose a un mínimo de colaboración, conversen previo y durante la elaboración de sus presupuestos y trabajen en sinergia. Esto es algo que podría normar y fomentar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino le incomoda para su quehacer.
