En 1970 Manuel Scorza publica su novela “Redoble por Rancas” narrativa que tiene alma de denuncia contra los abusos cometidos años atrás por la “Cerro de Pasco Cooper Corporation” frente a los comuneros. Scorza utiliza la literatura para llamar la atención del abuso de la gran empresa y de lo que al parecer fue una actuación subyugada del poder judicial y de los gobernantes de turno. El general Velazco Alvarado no fue ajeno a la influencia de Scorza y acabó liberando a Héctor Chacón, personaje de la historia y que en la vida real fue llevado a prisión por comandar la rebelión de la comunidad.
El gobierno militar expropió la propiedad minera (pagando una indemnización posterior) y creó CENTROMÍN PERÚ abriendo quizás la mayor etapa contaminante de la historia minera y por supuesto la etapa con menor inversión en exploración y en consecuencia limitadas inversiones en el sector. Donde quiero llegar es que partiendo de una realidad algo injusta muchas veces se opta por una solución más perjudicial que la enfermedad. Un rol del Estado que debe velar por el bienestar de la población y el cuidado del medio ambiente no es antagónico a un Estado promotor de inversiones.
En el agro muchos gremios históricamente se la han pasado exigiendo partidas presupuestales al gobierno, pero poco han hecho para incentivar que el fisco reciba más ingresos. Pero más ingresos de una forma orgánica no simplemente exigiendo más impuestos a los que ganan más porque esto genera incentivos perversos para atraer la gran inversión. Tanto la gran y pequeña inversión son buenas, pero para la competitividad de corto y mediano plazo del país necesitamos con urgencia la gran inversión ya que esta tiene mayor productividad desde un inicio, recordemos que competimos con el mundo.
Considero que la minería será una actividad económica importante para el país en los próximos cincuenta años y debemos aprovecharla como generadora de divisas y como sector que paga impuestos. La minería aporta aproximadamente USD 3,000 millones como impuesto a la renta anual, y si la tasa impositiva se la subimos en 10% esta recaudación se incrementaría en el mejor de los casos en USD 1,000 millones cada año (considerando que los buenos precios se mantienen y en el supuesto que acaben los contratos de estabilidad tributaria) sin embargo mucho más ganaríamos si cada año lográramos atraer un gran proyecto minero adicional (que son de orden de USD 2,000 millones) ganaríamos más en términos de flujo de divisas, en stock de capitales y en ingresos futuros para el fisco.
Nos disparamos a los pies cuando atacamos abiertamente a la minería porque es una actividad que nos debe ayudar a financiar el desarrollo rural que necesitamos, apoyemos la buena minería y con justo derecho sentémonos a pedir mayor rol subsidiario del estado para el sector rural.
Sin embargo, lo anterior no se contradice con que seamos vigilantes de que se respete el cuidado del medio ambiente, que las empresas mineras tengan apropiadas prácticas laborales y que operen con una efectiva responsabilidad social.
También tenemos aspectos de estructura normativa que debemos mejorar. Tal como está la Ley del Canon las municipalidades y gobiernos regionales empiezan a recibir el Canon no menos de cinco años después del inicio de exploraciones mineras. Es decir un alcalde que vea que una empresa está iniciando operaciones no tiene la esperanza de recibir ese canon en el periodo para el cual fue electo, más aun se imaginará esto como promesa incierta dado que no sabe si la empresa pagará impuesto a la renta. En el sector privado la expectativa de ingresos futuros más solidez (flujos más garantía) es suficiente para poder traer al presente como financiamiento esos ingresos que recibirá en algunos años. Lo mismo debería pasar con los gobiernos locales y regionales El Estado debe ser más audaz y establecer un esquema de financiamiento a estos municipios para que puedan acceder progresivamente a los recursos futuros del Canon, inclusive, desde el inicio de las exploraciones. De esta forma las autoridades locales y el mismo pueblo percibirán más rápido los beneficios de la actividad minera.
El agro necesita de la minería puesto que ésta le ayudará a construir la ansiada infraestructura para su competitividad. Es una gran pena las demoras en el proyecto Tía María en las alturas del valle del Tambo en Arequipa. Allí se debió iniciar la construcción de la represa para asegurar el agua para todos y al mismo tiempo iniciar las exploraciones y demás estudios. Las empresas mineras deben ser más proactivas en utilizar el mecanismo de “obras por impuestos”. Además necesitamos un Estado más proactivo en la búsqueda de inversiones y más ágil para reaccionar frente a los conflictos sociales. Si dejamos solas a las empresas vamos a seguir generando leyendas como la del Nictálope (Héctor Chacón) en pleno siglo XXI.
Las mineras deben preocuparse más en tener un personal idóneo en su relación con las comunidades y sector rural, deben ser más inclusivas y transparentes al momento de manejar los fondos como el de “solidaridad con los pueblos”. Necesitamos contundencia en los proyectos de desarrollo comunitario, ejecuten proyectos de importancia y no una intervención disgregada e ineficiente en su ejecución. También les falta algo de marketing (hace 40 años Manuel Scorza les dio una lección de estrategia comunicacional). Por ejemplo mucho bien le haría al sector minero constituir un fondo de USD 100 millones para implementar Sierra Productiva en las regiones más necesitadas.
Lima, 01 de Marzo del 2011
