Hoy, en su columna de opinión en PERU21, Aldo Mariátegui remata con la siguiente sentencia “Peruano, convéncete ya: la izquierda genera pobreza. Arana, Santos, Patria Roja, Siomi, Glave, Verónika, Francke, etc…son los enemigos del progreso. ¡A ver si la devaluación te desahueva y abres los ojos!”

Es cierto que personalidades como Marco Arana, sin quererlo, han hecho mucho daño al proceso de atraer inversiones al Perú y es lamentable que peruanos que supuestamente tienen una educación superior; no entiendan cómo se financia el presupuesto público de la nación o desconozcan que la inversión y gasto privado en el Perú es cuatro veces la inversión y gasto público. Es decir, nuestra economía y el empleo ciudadano depende en un 80% de atraer inversiones privadas.  A menudo, representantes de la izquierda peruana se oponen a atraer inversiones, pero a la vez piden un mayor gasto público; un contrasentido total.

No obstante, personas como Aldo Mariátegui, lejos de ayudar a que efectivamente se materialicen las inversiones, contribuyen a edificar un muro donde choca cualquier posibilidad de entendimiento. Mariátegui gasta su notable inteligencia en el diagnóstico y ataque; no deja espacio para pensar en soluciones que aplaquen el descontento o la ira popular.

Nuestro país no ha hecho un debate serio de cómo institucionalizar la facilitación de proyectos extractivos (con el resguardo debido del medio ambiente). Hay soluciones que pueden considerarse para hacer civilizada la protesta de la población y ahorrarnos esa apariencia de “república fallida”.

En términos prácticos, los ciudadanos somos dueños del país; es decir somos sus accionistas. Dentro de una empresa, por Ley General de Sociedades, las decisiones trascendentales se toman con el 67% de las acciones. 

Según lo anterior, si la población está descontenta con un proyecto minero, que sus activistas presenten el 40% de firmas válidas -del padrón electoral del departamento- para pedir un referéndum sobre el proyecto. En el referéndum, si al menos el 67% de la población se manifiesta en contra del proyecto, pues simplemente no va. 

Complementariamente, debe haber un espacio de 6 meses para que el Estado (El Estado y no la empresa) haga campaña en favor del proyecto de inversión privada. Aunque es difícil que el Estado sea ágil y efectivo, por lo que se puede constituir un fideicomiso para tal fin.

Además, el Estado debe comprometer al menos el 30% del canon esperado (de la parte del gobierno central) para constituir un fondo para el desarrollo del agro. También, establecer una línea de crédito para que los municipios y gobiernos regionales puedan recibir financiamiento del Banco de la Nación hasta el 50% del canon que les tocaría (en un escenario conservador de precios internacionales).

Asimismo, deben ampliar los topes disponibles para “obras por impuestos” trayendo a valor presente el canon potencial del proyecto; esto permitirá financiar más proyectos (infraestructura y productivos) desde el momento que inicie la explotación de la mina o yacimiento. También se debe legislar para que toda autoridad que directa o indirectamente haga campaña en contra de un proyecto de inversión privada sea revocada del cargo inmediatamente (en flagrancia).

Es importante que la población deba tener claro que por más presión que se haga, los departamentos que se oponen a la inversión van a ver disminuidos sus presupuestos públicos, en términos relativos, con respecto a los departamentos más afines a la inversión privada.

Apelar a que los recursos naturales son del Estado y un departamento no puede decidir sobre ellos, es un argumento poco válido. Démosle el poder a la gente que está más involucrada con los activos y potenciales pasivos del proyecto extractivo.

Estimo que si aplicamos el proceso anterior a Tía María, este proyecto se hace. Si lo aplicamos a Majaz o Tambogrande, el proyecto se hace. Si lo aplicamos a Conga, va a estar muy ajustado el resultado. Pero así es la vida, como en el futbol haremos goles y nos harán goles; solo hay que tener cabeza fría para ganar todos los partidos sin expulsados.

Debemos canalizar la protesta pública a una fiesta cívica que evite enfrentamientos entre peruanos. Dicho esto, estoy a la espera que ESSALUD responda positivamente a las más de 9 MIL firmas cañetanas que le hemos hecho llegar pidiendo la mejora de ESSALUD Cañete. Promovamos la protesta pacífica, haciendo que el Estado incentive y responda rápidamente a las mismas.