El 16 de marzo empezó el estado de emergencia, y días después, el confinamiento social obligatorio en nuestro país. Para un ciudadano común esta situación le generaba muchas dudas: ¿puedo usar el auto, la bicicleta? ¿escasearán los alimentos? ¿puedo pasear al perro? ¿qué pasa si tengo mi consulta médica? ¿me pagarán mi sueldo? etc.

Pero definitivamente, más dudas tendrían alcaldes y gobernadores regionales acerca de qué estaba permitido realizar en emergencia y qué es lo que debían hacer. Más aún si los dispositivos legales salían dispersos: cinco Decretos de Urgencia 025, 026, 029, 032, 033 - 2020 más la RM 096-2020-MINSA.

Ante una maraña legal de dispositivos, funcionarios que no podían concurrir al centro de labores, y más dudas que certezas, la parálisis y ausencia de iniciativa ha reinado en la gestión de muchas autoridades. Un caso emblemático es la carencia de oxigeno medicinal en los hospitales y las tardías iniciativas de construcción de pequeñas plantas de producción y envasado de oxigeno que no se sabe cuándo podrán estar culminadas y certificadas.

Los focos de contaminación como los mercados de abastos también han sido un elemento de desconcierto, por un lado el Ministerio de Agricultura pretendía tomar la iniciativa, por otro se quedó inmóvil el ente rector (Ministerio de la Producción) y los responsables de la gestión, que son los Municipios, no estuvieron en capacidad de implementar medidas que puedan aminorar los contagios.

Muy probablemente, el próximo mes, ya se podrá reiniciar las obras de infraestructura paralizadas y empezar las nuevas de la cartera de proyectos de municipios y gobiernos regionales, para enmarcar este proceso se dio el Decreto Legislativo 1486, el Decreto Supremo 044-2020-PCM y la Directiva 005-2020-OSCE/CD. Este marco legal, además de los protocolos sanitarios a tener en cuenta, trae una serie de precisiones acerca del manejo de adelantos, reconocimiento de costes adicionales, manejo de la supervisión, discrecionalidad, plazos y penalidades. Asimismo es necesario tener en cuenta el manejo presupuestal, de dónde saldrá el recurso financiero para cubrir los costes adicionales, hasta dónde se puede reestructurar el presupuesto institucional y hasta dónde esperar recursos adicionales del tesoro público.

Los gobiernos regionales y locales tienen en estos momentos la presión social de la población acerca de tomar medidas para cubrir las falencias que tiene el gobierno nacional en el manejo de la crisis. Desde el Ministerio de Economía se informa que la respuesta del país ante la emergencia es del orden de los S/ 140 mil millones (17% del PBI) sin embargo, nuestra realidad evidencia un caos sin precedentes.

En estas circunstancias, se hace necesaria una real asistencia técnica a todo nivel, para dinamizar la inversión pública, y ayudar en parte, a reactivar las economías locales. Esa asistencia difícilmente provendrá del gobierno central que esta enredado en sus propios cuellos de botella; por lo tanto, se requiere sumar las capacidades que tiene el sector privado para ayudar donde sea necesario.