Los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 no traen una sorpresa. Traen, más bien, una confirmación incómoda: el agro peruano sigue atrapado en una estructura que cambia poco. Se mueven algunos porcentajes, aparecen variaciones parciales entre un año y otro, pero el cuadro de fondo permanece. No estamos frente a una transformación productiva del campo, sino ante la persistencia de un modelo agrario fragmentado, envejecido, poco asistido, débilmente formalizado y sostenido por la agricultura familiar, mientras la institucionalidad pública no logra convertir presupuesto, competencias y programas en cambios reales para el productor.
La ENA 2025 vuelve a mostrar que el 94,3% de las unidades agropecuarias corresponde a la agricultura familiar. Esta es, sin duda, la base social y productiva del agro nacional. Sin embargo, esa constatación debería conducir a una pregunta mayor: si casi todo el agro peruano es agricultura familiar, ¿por qué la política agraria no está organizada, financiada y ejecutada alrededor de esa realidad? La agricultura familiar no necesita solo reconocimiento discursivo; necesita asistencia técnica, asociatividad, riego, sanidad, crédito, titulación, información de mercados, infraestructura productiva, conectividad digital y acceso real a cadenas comerciales.
Uno de los datos más duros de la encuesta es la bajísima cobertura de servicios agrarios. Apenas el 7,4% de los productores recibió capacitación y solo el 3,7% contó con asistencia técnica profesional. Este indicador debería ser suficiente para revisar toda la política pública agraria. Ningún país puede elevar productividad, mejorar ingresos rurales, adaptarse al cambio climático o competir en mercados exigentes si el conocimiento técnico llega a una minoría casi marginal de sus productores. Sin asistencia técnica masiva, el productor queda solo frente al clima, las plagas, los precios, el crédito, la tecnología y el mercado.
La situación resulta más grave si se observa el perfil demográfico. La edad promedio del productor agropecuario llegó a 54,5 años. El 37,9% tiene 60 años o más, mientras que apenas el 0,9% pertenece al grupo de 15 a 24 años. El dato habla por sí mismo: el campo peruano envejece y no está generando una ruta atractiva para los jóvenes. La juventud rural se va porque no encuentra rentabilidad, servicios, conectividad, innovación, mercado ni futuro. Cuando los jóvenes abandonan el campo, el país no solo pierde mano de obra; pierde relevo tecnológico, liderazgo territorial y continuidad productiva.
La información sobre género también debe leerse con preocupación. En 2025, el 31,2% de los productores agropecuarios son mujeres, proporción menor a la registrada en 2024 y 2023. Las productoras tienen en promedio 55,2 años de edad y una alta proporción cuenta solo con primaria o no tiene nivel educativo. Además, casi todas se ubican dentro de la agricultura familiar. La mujer rural sigue siendo decisiva para la producción, la seguridad alimentaria y la economía familiar, pero opera en condiciones de menor acceso a activos, educación, asistencia técnica, formalización y reconocimiento económico. Si su participación como conductora de unidades agropecuarias disminuye, el país debería preguntarse qué barreras institucionales, patrimoniales o económicas están detrás de esa tendencia.
La formalización de la propiedad es otro cuello de botella. Aunque el 71,8% de los productores declara ser propietario de al menos una parcela, solo el 27,8% cuenta con título y apenas el 15,7% lo tiene inscrito en Registros Públicos. El problema no es administrativo; es económico y productivo. Sin propiedad saneada, se reduce el acceso al crédito, se limita la inversión, se debilita la asociatividad y se encarece cualquier intento de modernización. El productor trabaja la tierra, pero muchas veces no cuenta con seguridad jurídica suficiente para convertir ese activo en una plataforma de crecimiento.
Aquí aparece una responsabilidad que no puede omitirse. El problema no es únicamente del productor ni de la agricultura familiar. Existe una institucionalidad agraria con presupuesto, competencias y presencia territorial. El Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades manejan recursos dentro de la función agropecuaria. Para 2026, esa función suma más de S/ 6,300 millones entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, la pregunta central no es solo cuánto presupuesto existe, sino qué resultados produce. Si después de varios años los indicadores de asistencia técnica, formalización, relevo generacional y productividad permanecen prácticamente inmóviles, entonces el debate debe pasar del monto presupuestal a la calidad del gasto, la articulación institucional y la capacidad de ejecución con resultados.
El MIDAGRI, los gobiernos regionales y las municipalidades no pueden mirar la ENA como una fotografía externa. La encuesta también los evalúa. Si la asistencia técnica llega a menos del 4% de los productores, hay una falla del sistema público de extensión. Si la titulación avanza lentamente, hay una falla de saneamiento físico-legal. Si los jóvenes no se incorporan al agro, hay una falla de rentabilidad, servicios y futuro. Si la agricultura familiar sigue funcionando en pequeña escala, con baja agregación de valor y poca conexión a mercados, hay una falla de estrategia territorial.
La comparación internacional hace más evidente el rezago. Mientras en el Perú seguimos discutiendo si el productor recibió o no una capacitación, otros países han convertido la agricultura en una plataforma tecnológica. Brasil transformó amplias zonas productivas mediante investigación aplicada, adaptación tecnológica, desarrollo de variedades, manejo de suelos e institucionalidad científica. Países Bajos, con un territorio pequeño, convirtió la agricultura intensiva, los invernaderos, la logística, la investigación y la gestión del agua en una potencia agroexportadora. El caso de China ya es extraordinario, pues sus logros rayan con la ciencia ficción en desarrollo agrario y en conservación. En todos los casos, el salto no se produjo por discursos ni por programas aislados, sino por sistemas de innovación, inversión sostenida, conocimiento aplicado y articulación entre Estado, ciencia, empresa y productores.
El Perú, en cambio, parece medir bien, pero transformar poco. Tenemos encuestas, diagnósticos, planes, programas, proyectos y presupuestos, pero los indicadores centrales se mantienen. La revolución tecnológica avanza en inteligencia artificial, sensores, agricultura de precisión, genética, riego inteligente, plataformas digitales, trazabilidad, drones, biotecnología, gestión climática y analítica de datos. Sin embargo, buena parte del productor agropecuario peruano sigue fuera de ese mundo. El riesgo es mayor: que el país ingrese a la nueva economía global con un campo anclado en condiciones del siglo pasado.
Esto no significa desconocer los avances de la agroexportación moderna. El Perú ha mostrado capacidad en productos de alto valor, especialmente en la Costa. Pero ese éxito no representa automáticamente al conjunto del agro nacional. La ENA describe otra realidad: unidades pequeñas, productores envejecidos, baja asistencia técnica, débil formalización y una agricultura familiar que sostiene al país sin recibir el soporte proporcional a su importancia. El reto es conectar ambos mundos: que la modernización no sea una isla, sino una estrategia nacional que incluya a Sierra, Selva, valles interandinos, comunidades, pequeños productores y economías locales.
La política agraria debe dejar de ser una suma de intervenciones dispersas. Se requiere un verdadero sistema nacional de transformación productiva del agro familiar. Ello implica masificar la asistencia técnica, acelerar la titulación rural, fortalecer organizaciones de productores, apoyar a construir liderazgo, desarrollar mercados locales y regionales, ampliar compras públicas inteligentes, promover riego tecnificado, mejorar sanidad e inocuidad, digitalizar servicios agrarios, impulsar innovación territorial y construir cadenas de valor con participación real de pequeños productores. No se trata de entregar más actividades; se trata de construir capacidades permanentes.
La ENA 2025 debe leerse, entonces, como una advertencia. El problema no es que falten diagnósticos. El problema es que los diagnósticos se repiten porque las decisiones no cambian. Si cada año la encuesta muestra casi lo mismo, entonces el país no está ante una falla estadística, sino ante una falla de política pública. La información existe, el presupuesto existe, las competencias existen. Lo que falta es convertir todo eso en resultados verificables para el productor.
El Perú no puede resignarse a tener un agro que envejece, se fragmenta y recibe asistencia mínima mientras el mundo avanza hacia una agricultura tecnológica, climáticamente inteligente y conectada a mercados. El reto es claro: que la próxima ENA no vuelva a contar la misma historia. Que muestre más jóvenes en el campo, más mujeres con activos y asistencia, más productores titulados, más organizaciones fuertes, más tecnología, más acceso a mercados y más productividad.
La pregunta final no es qué nos revela la ENA 2025. La verdadera pregunta es cuántas encuestas más necesita el país para aceptar que el agro no cambiará solo.
