Mientras en el Perú crece la expectativa por conocer quién competirá con el fujimorismo en la siguiente etapa electoral, el país enfrenta simultáneamente un entorno internacional cada vez más complejo y riesgoso.

Los conflictos en Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania, provocadas básicamente por EEUU e Israel, no solo reflejan una disputa por el poder global, sino también un drama humano de enormes proporciones, con pérdidas masivas de vidas, debilitamiento de las instituciones multilaterales y un reordenamiento de las reglas internacionales en función de intereses hegemónicos. Este escenario, lejos de estabilizarse, tiende a prolongarse y profundizar sus efectos.

Para el Perú, altamente dependiente del contexto externo, estas tensiones no son lejanas. Se traducen en shocks que afectan precios, inversiones y expectativas económicas.

Uno de los impactos más inmediatos proviene del incremento del petróleo y sus derivados. Este encarecimiento presiona la inflación interna, elevando los costos de transporte, producción y, en última instancia, el costo de vida de las familias, especialmente de aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.

No se trata de un fenómeno transitorio. Las presiones inflacionarias podrían extenderse en el tiempo, incrementando la exposición del país a decisiones externas, muchas veces condicionadas por mecanismos como los aranceles o restricciones comerciales.

Frente a este escenario, el Perú necesita redefinir su estrategia económica con sentido de urgencia y visión de mediano plazo.

Una primera línea de acción, en concordancia con lo planteado por el economista Waldo Mendoza, es fortalecer el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, complementándolo con mecanismos de subsidio focalizado que permitan contener el impacto inflacionario sin distorsionar el mercado.

Evitar un rebrote inflacionario no es solo una decisión económica; es, ante todo, una medida de protección social.

A ello debe sumarse una reestructuración responsable del gasto público. La prioridad es clara: asignar mejor los recursos. Reducir gastos no esenciales —como el sobredimensionamiento del aparato estatal, adquisiciones no urgentes o inversiones desconectadas de la coyuntura— permitirá liberar recursos para atender necesidades inmediatas de la población.

Sin embargo, el ajuste no debe limitarse a recortes. Es igualmente necesario mejorar la calidad de la inversión pública, orientándola hacia sectores con mayor impacto económico y social.

En este punto, resulta fundamental mirar con mayor decisión a las regiones. Impulsar el agro, fortalecer los mercados locales y dinamizar las economías territoriales no solo contribuye al crecimiento, sino que sostiene el empleo y garantiza la seguridad alimentaria.

La productividad del país pasa, necesariamente, por el desarrollo de su base rural y regional.

En esta misma línea, el desarrollo productivo y logístico en torno al Puerto de Chancay debe asumirse como una prioridad estratégica nacional. Su consolidación como hub logístico exige articular clústeres productivos, cadenas de valor y servicios vinculados al comercio exterior, generando encadenamientos que integren efectivamente a las regiones con los mercados internacionales.

Este proceso debe ir acompañado de inversiones en infraestructura, conectividad, innovación y capital humano. No se trata solo de mejorar la competitividad, sino de diversificar la producción y generar empleo de calidad.

Aprovechar plenamente esta oportunidad requiere una política activa del Estado que garantice la participación de productores nacionales, en particular de la pequeña y mediana empresa, evitando una excesiva concentración de beneficios.

Asimismo, es necesario implementar programas de empleo temporal focalizado, con metas claras y resultados verificables, que permitan mitigar los efectos de la desaceleración económica en las zonas más vulnerables.

En el frente fiscal, el desafío es ampliar la base tributaria con criterios de equidad. Más allá de explorar mecanismos de aportes voluntarios, es indispensable enfrentar con decisión la informalidad, especialmente en actividades de alta rentabilidad como la minería informal.

En el caso del oro, las utilidades son significativas, pero la contribución al Estado es mínima, lo cual resulta insostenible en un contexto de crecientes demandas sociales.

Todo ello debe estar acompañado de una política firme de lucha contra la corrupción y de fortalecimiento de la seguridad ciudadana. No habrá sostenibilidad económica sin instituciones creíbles ni condiciones básicas de orden.

Los momentos excepcionales exigen decisiones excepcionales.

El país no puede limitarse a administrar la coyuntura. Se requiere conducción estratégica, responsabilidad política y un compromiso real con las grandes mayorías, que son, en última instancia, el fundamento de cualquier proyecto nacional sostenible.