Por: Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes)
(Agraria.pe) La semana pasada se habría presentado en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de segunda reforma agraria. Sería el primer proyecto en este sentido que presenta el Ejecutivo para su aprobación por el Congreso, pese a lo afirmado por representantes del oficialismo.
El documento está mejor trabajado que los proyectos anteriores de los congresistas Zea y Bermejo, aunque también presenta problemas. Lejos de establecer pautas precisas para viabilizar la segunda reforma agraria, la mayor parte del texto se pierde en declaraciones, donde el Estado garantizará, fomentará o promoverá acciones que son parte de sus responsabilidades, consagradas en distintos textos legales.
Las pocas normas precisas merecerían mayor discusión, como dedicar 5 % del Presupuesto de la República a la aplicación de la reforma, algo difícil de lograr pues el presupuesto del Midagri apenas llega al 1.1 % y toda la función agraria (incluye a gobiernos regionales y municipales) suma el 3.4 % para 2022.
Hay un claro sesgo hacia el saneamiento de las tierras, junto a errores conceptuales, como aludir a comunidades sin tierra. Alarmó a algunos que se hable de límites de tenencia de tierras, pero no se establece ninguno, olvidando el vigente límite de 3.000 ha que contiene la ley 26505.
El anteproyecto de “ley de la segunda reforma agraria que garantiza la intervención multisectorial con enfoque territorial para el desarrollo agrario y rural” difícilmente será aprobado en comisiones por el Congreso. Su objeto estaría más bien dirigido a las tribunas pues, conforme se afirma en la exposición de motivos, se tomó como base las propuestas de las organizaciones de productores agrarios. Así, el documento no buscaría tanto su aprobación cuanto cumplir con las organizaciones, responsabilizando luego al Congreso por su desaprobación. Ello coincidiría con la narrativa que responsabiliza al Congreso de impedir que el Ejecutivo cumpla sus promesas.
Aplicar las diversas acciones anunciadas como parte de la segunda reforma agraria no requiere ni requirió nunca de la aprobación de una ley. Existen varias leyes aprobadas en períodos anteriores (como la Ley de Promoción y Desarrollo de la Agricultura Familiar) y en este Congreso, que no se aplican. Hay, además, leyes que esperan su reglamentación por el gobierno, como la ley de perfeccionamiento de la asociatividad de los productores agrarios en cooperativas agrarias (hace un año).
Si la explicación que ensayamos fuera inválida, no se entiende por qué, pese a las reiteradas declaraciones de atender a la agricultura familiar, no se preparó antes un proyecto en esta línea. La agricultura requiere atención urgente, más aún ahora en medio de una crisis agroalimentaria. Pero tampoco la crisis social y política permiten jugar al Gran Bonetón.
