Especialista refiere que aunque el Censo Agropecuario del 2012 señaló que un 73% de productores se calificaban como propietarios, solo 21% de ellos contaría realmente con su título de propiedad.
(Agraria.pe) La problemática de la titulación de tierras agrícolas requiere una mirada integral y renovada, estima Laureano Del Castillo, director del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), quien conversó con Agraria.pe sobre las políticas que debe implementar el próximo gobierno para dar solución a este problema endémico.
Con un sentido crítico de la coyuntura, el especialista señaló que los candidatos presidenciales en el país han centrado sus propuestas para el sector en dos aspectos: titulación y créditos. En el ámbito de la titulación reconoció que los gobiernos anteriores han hecho esfuerzos por avanzar pero ha sido insuficiente y aún estamos lejos de la meta. “Revisando cifras del censo del año 2012, resulta que 73% de los consultados dicen que son propietarios, pero los que tienen su título registrado son en realidad un porcentaje bastante reducido”, explicó.
Según sus cifras, solo 21% de agricultores contaría con su título de propiedad registrado, en tanto que quienes tienen título pero no lo han registrado alcanzan el 8%, quienes lo tienen en trámite son el 6%, y los que no tienen nada son 38%. Son cifras muy altas, señaló, si se considera que la inmensa mayoría de la agricultura no está en manos de empresas, cooperativas ni comunidades campesinas sino de familias de agricultores.
Para Del Castillo es fundamental crear el presupuesto para invertir en formalización e hizo un llamado al Ministerio de Agricultura, encargado del proceso desde el 2013, para que establezca normas, pautas y mecanismos para que los gobiernos regionales asuman esta función con asesoría y orientación.
Comunidades campesinas y nativas
Otro aspecto importante de esta problemática tiene que ver con las comunidades campesinas y nativas, donde la resolución podría ser más sencilla pues su número es más acotado. Laureano Del Castillo refiere que, según cifras de Cofopri (que discrepan del censo) existen en el país más de 2 millones 200 mil unidades agropecuarias. “Hablamos de alrededor de 6.000 comunidades campesinas y 1.500 comunidades nativas. Estarían tituladas 5.110 comunidades campesinas y 1.271 nativas, es decir los saldos son relativamente pocos, casi 1.000 comunidades campesinas y 198 nativas. El problemas está en que de las comunidades reconocidas y tituladas que supuestamente son la mayoría no sabemos cuántas tienen su título georreferenciado, son muy pocos. Un 73% de comunidades no han sido georreferenciadas”.
Esto sería un serio problema pues buena parte de los conflictos que se han presentado en el interior del país tienen que ver con la falta de formalización de las tierras de estas comunidades. Esto se agrava porque el gobierno ha privilegiado la titulación individual a pesar de que el censo agropecuario señaló que las comunidades controlan más del 60% de la superficie agropecuaria del país.
Concentración de tierras
En otro momento, el directivo de CEPES lamentó que el tema de concentración de tierras no cuente con cifras oficiales del propio Estado (ni Sunarp ni el Minagri cuentan con ellas). Sin embargo, gracias al censo agropecuario se puede tener una noción del problema y afirmar que hay proceso de concentración sobre todo en la costa del país que se ha dado principalmente sobre tierras eriazas del Estado a través de proyectos en los que el gobierno invirtió grandes cantidades de dinero.
“Hablamos de proyectos como Chavimochic u Olmos, y otros que aún no se están ejecutando. Esas tierras se distribuyen con subastas de lotes bastante grandes. En Olmos, por ejemplo, una parcela de 1.000 hectáreas costaba 4’200.000 dólares. No hay ningún agricultor o asociación de pequeños productores que puedan acceder a eso. Que las inversiones son grandes es cierto, pero no olvidemos que allí hay normas tributarias que han estimulado la conformación de grandes empresas”.
El peligro de esta situación de concentración sería el contraste en un sector agrícola donde la inmensa mayoría son pequeños propietarios. Si estos tienen al lado a dueños de grandes extensiones se puede correr el riesgo de distorsiones no solo en términos económicos sino sociales y políticos. Del Castillo señaló que si en un valle de 24 mil hectáreas un solo propietario tiene 15 o 20 mil, puede imponer condiciones.
“Las autoridades se fijarán en quién es el mayor contribuyente de la zona y podrían tratar con ‘guantes de seda’ a esta gran empresa que tendrá capacidad de influir en términos de precios, tierra y uso del agua. Hay que pensar en lo que era el sueño lambayecano de Olmos, al final se hizo un enorme gasto desde el Estado y las beneficiadas son 10 o 12 empresas. Y no es para producir para el mercado nacional sino para exportación. Es cierto que generan impuestos, aunque tienen una reducción de 50% de la tasa del impuesto a la renta y otros beneficios tributarios hasta el 2021. Hay que ver cuánto trabajo asalariado generan y qué tan bien pagados están”, concluyó.
