Se identifican tres objetivos: fortalecer la institucionalidad de la población, movilizar la organización territorial comunal e implementar una nueva educación rural
Por: Guillermo Westreicher H.
Lima, 09 Diciembre (Agraria.pe) La agenda para el desarrollo integral de las comunidades altoandinas a mediano plazo, de acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC), comprende tres objetivos: fortalecer la institucionalidad de la población y superar los conflictos existentes por la propiedad territorial; movilizar la organización territorial comunal para mejorar la competitividad; e, implementar una nueva educación rural productiva, empresarial e innovadora, que revalore los principios de sana competencia, solidaridad y reciprocidad.
A nivel económico, se propuso la capitalización de las comunidades a través de recursos públicos que financien la incorporación de tecnologías adaptativas como riego tecnificado a bajo costo, semillas mejoradas, mejoramiento genético, transformación de productos agropecuarios, artesanías, agricultura orgánica, entre otros. Asimismo, se insta a ampliar la cobertura de Agrobanco con fondos de contrapartida en la banca privada.
En relación a la asignación de recursos de los gobiernos locales y regionales, éstos deben incluir necesidades de las comunidades en Planes de Desarrollo, en la priorización de proyectos de los Presupuestos Participativos y en las actividades de servicio. Al mismo tiempo, se debe invertir en incrementar la productividad en las diferentes actividades, incluyendo la agricultura y ganadería, potenciando la comercialización y el acceso a mercados regionales y nacionales.
Igualmente, se recomendó promover inmediatamente la Zonificación Económica y Ecológica y los planes de Ordenamiento Territorial, así como invertir en infraestructura de riego, mantenimiento de reservorios, caminos rurales, carreteras que permitan el traslado permanente de productos y la instalación de internet de banda ancha.
Ambiente, Sociedad e Instituciones
En el plano ambiental, se hace énfasis en la declaración de intangibilidad de las cabeceras de cuencas hidrográficas para proteger el recurso y garantizar su disponibilidad para la actividad agropecuaria, conservando el medio ambiente.
Igualmente, impulsar el tratamiento sostenible de los recursos naturales, promoviendo la conservación y fortalecimiento de los suelos, el manejo más eficiente del agua y la protección de la biodiversidad.
A nivel social, se necesita la implementación de una educación de calidad que incluya los valores de los pueblos, el saber tradicional y que se encuentre relacionada a la actividad productiva de cada localidad. Además, se debe mejorar las condiciones de vida y el acceso a los servicios básicos de saneamiento.
En cuanto a las instituciones, el Estado debe garantizar la seguridad jurídica del territorio de las comunidades, culminando el saneamiento físico legal de la propiedad de todos los territorios, la actualización del padrón y el registro de mandato de sus autoridades, realizando la incorporación al Catastro Rural y derogando todas las normas que se opongan a la Ley de titulación del territorio comunal. Igualmente, se demanda la implementación inmediata de la Consulta Previa para los casos individuales y colectivos que afecten los derechos de la población.
Concretamente, también se solicita el funcionamiento inmediato del INDEPA como ente rector y responsable de políticas públicas nacionales para las comunidades campesinas y nativas, con facultades y pliegos presupuestales propios, además de la instalación de oficinas de atención en las municipalidades y la creación de Fondos de Desarrollo Regional como entidades de captación de capital para el financiamiento de proyectos de investigación, validación y difusión de tecnologías agropecuarias, desarrollo de capacidades y especialización de actividades económicas.
De acuerdo con el informe, se demanda la realización del Censo Nacional Agropecuario, el cual deberá incluir explícita y diferenciadamente a las comunidades campesinas, para que sea funcional al diseño de alternativas para su desarrollo a corto y mediano plazo. De forma similar, se solicita el impulso de la Ley de los Pueblos Originarios, en cual desarrollará los derechos reconocidos por las Naciones Unidas a los pueblos indígenas, incorporando los que ya se han logrado a través de las actuales Leyes de Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas.
Finalmente, se recomienda la promoción de la cultura de la no violencia y la resolución de conflictos a través del diálogo que permita superar los enfrentamientos que se vienen desarrollando entre la población y algunas municipalidades, fortaleciendo los mecanismos comunales de seguridad y justicia. Además, se demanda el cumplimiento inmediato del programa de reparaciones para los afectados por la violencia y el apoyo al mantenimiento de los mecanismos de participación ciudadana en los gobiernos locales y la demanda de actividades de apoyo para la capacitación y participación más continua de representantes comunales y de la sociedad civil.
Datos:
- Esto fue recogido del documento: “Las comunidades campesinas y sus propuestas para ser incluidas en la agenda nacional del desarrollo” de la ANC, elaborado Alejandro Laos, especialista en la temática, que desarrolla su trabajo principal en la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER).
- La información fue recogida entre el 2009 y 2010, a través de distintas reuniones con comuneros, funcionarios regionales y locales, organizaciones sociales y gremiales, profesionales de centros de promoción para el desarrollo y universidades. De esta forma, se realizaron talleres con comunidades y actores regionales en Puno, Cusco, Ayacucho, Junín, Huancavelica, Áncash y Piura; talleres nacionales del Grupo ALLPA; Colación de Plataformas; y, talleres regionales para definir agenda de acuerdos de gobernabilidad.
