Por: Gustavo Torrejón, consultor asociado de Incentiva Perú SAC
(Agraria.pe) El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, el pasado 12 de abril luego de reunirse con la delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ratificó la voluntad del Gobierno del Perú para ser miembro pleno de dicha entidad. Anteriormente, el 08 de marzo, el Perú entre otros países, firmó en Santiago de Chile el Acuerdo Transpacífico (TPP) que pasó a llamarse Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés).
Este acuerdo que incluye a Canadá, México, Chile, Perú, Japón, Vietnam, Malasia, Singapur, Brunei, Australia y Nueva Zelanda, plantea eliminar los aranceles entre un 65% y un 100% entre los países miembros. Aún sin los Estados Unidos de Norteamérica, que no firmó el acuerdo, representa el mayor pacto de libre comercio en el planeta. Algunas cifras grafican esta importancia: 500 millones de consumidores, 15% del comercio mundial, generación de US$ 147 billones en comercio e inversiones, los cuales podrían generar miles de nuevos puestos de trabajo en los países firmantes. Para el Perú es un gran paso para materializar sus ventajas geopolíticas en el Pacifico en donde se centra el actual comercio mundial.
Así, en el frente externo, el Gobierno liderado por Martin Vizcarra ha reafirmado el eje central de nuestra política exterior y el derrotero a seguir para insertar al Perú como socio estratégico de las principales economías del mundo. En esa línea, el ministro de Economía, David Tuesta, informó que se relanzará y potenciará el Consejo Nacional de Competitividad, el cual será estructurado para cumplir con los estándares que exige el mercado Mundial. Asimismo, el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, ha definido sus prioridades para el sector y según sus declaraciones es el “impulsar todas las acciones para lograr que las agroexportaciones superen los US$10.000 millones al 2021 y ampliar los alcances de la Ley de Promoción Agraria” (Ley 27360).
En el frente interno sin embargo las brechas económicas-sociales podrían profundizarse, pues para poder capitalizar localmente las oportunidades generadas por estos acuerdos los pequeños agricultores deben asumir un oneroso y largo proceso de reconversión y/o diversificación productiva.
Por tanto, el desafío para el nuevo gobierno es el de emprender con mucho éxito políticas públicas y medidas complementarias que reduzcan sustancialmente la vulnerabilidad interna y atenuar los impactos negativos que pueda traer consigo esta “mega apertura comercial”. Una gran oportunidad es el marco de las facultades legislativas a ser solicitadas al Congreso, dentro de las cuales se deberán incluir reformas sostenibles, como por ejemplo: reglas tributarias favorables, nueva ley de cooperativas, y acceso masivo al sistema de salud y de pensiones.
Dichas reformas además deben replantear las actuales políticas y programas sobre desarrollo rural para dar viabilidad económica-social a los casi dos millones de agricultores familiares proveedores del 80 % de los alimentos que consumimos. Una decisión política inevitable es que estos agricultores pasen a constituirse como beneficiarios de actuales y futuros programas integrales a cargo del MIDIS, intervención que deberá incluir el mejoramiento de viviendas, acceso a sistemas de salud y pensiones; así como a educación técnica y superior universitaria para jóvenes.
En coherencia con las actuales políticas fiscal y exterior, es vital acometer reformas tributarias que permitan replantear exoneraciones tributarias otorgadas a los sectores agroexportador, educativo, bancario, hidrocarburos, que según la SUNAT ascenderían a más de S/ 15.493 millones anuales (2.25% del PBI) a fin de lograr los recursos presupuestales necesarios para financiar en forma sostenida programas integrales para la población rural y también para fortalecer al sector agroexportador, pues el actual contexto internacional exige a los países y a sus agentes económicos condiciones suficientes para competir e insertarse eficazmente en las cadenas globales de suministros.
En esta nueva fase de internacionalización, el negocio agroexportador requiere de un shock de inversiones público-privadas y mejor marco legal (titularización de infraestructura y de servicios públicos) para modernizar puertos, caminos rurales, infraestructura ferroviaria, cadenas de frío, plantas de tratamiento y empaque, así como infraestructura y sistemas de acopio/almacenamiento en zonas de producción, instalación de puertos secos cercanos a los principales puertos marítimos (Callao, Paita, Salaverry, Chimbote, San Martín, Matarani, e Ilo) reduciendo sustancialmente los costos e ineficiencias logísticas a lo largo de toda la cadena agroexportadora; temas que ya han sido resueltos por los países con los que somos o estamos próximos a ser socios estratégicos..
