(Agraria.pe) Uno de los animadores de la contienda electoral de este año es el Partido Morado, agrupación liderada por Julio Guzmán. Dentro de su plan de gobierno entregado al Jurado Nacional de Elecciones, se declara que la agricultura es “el sector económico estratégico”, por lo que se dará énfasis a su desarrollo productivo y tecnológico.
Para llegar a este objetivo, plantea la generación de herramientas que aprovechen los ecosistemas regionales que generan valor en un contexto que tiene en cuenta el cambio climático, por lo que una gestión sustentable se considera primordial. Por ello, plantea la modernización de los servicios agrarios con el fortalecimiento de la red de agencias agrarias de los Gobiernos regionales y una articulación efectiva con entidades nacionales, regionales y locales para una ejecución descentralizada de los planes de agricultura familiar, gestión de riesgos y adaptación ambiental.
Otro aspecto relevante es el desarrollo de una política nacional de mercados mayoristas y minoristas orientada a garantizar la comercialización y el abastecimiento de alimentos perecibles, con la incorporación de mecanismos de información y acceso a puntos de encuentro entre productores, intermediarios y consumidores con el uso de herramientas tecnológicas que permitan obtener información en tiempo real sobre precios, tendencias y canales de comercialización.
También se plantea fortalecer el sistema nacional de innovación agraria, priorizando la investigación en programas estratégicos macrorregionales y el desarrollo del mercado de servicios de asistencia técnica con financiamiento público y generando transferencias tecnológicas mediante modelos como el de los yachachiq (capacitación campesino a campesino) y extensionistas-transferencistas agrarios. “El cambio tecnológico es requisito fundamental para el aumento de la productividad y competitividad de la pequeña y mediana agricultura peruana”, declara.
A estos impulsos se agrega la promoción de pequeñas irrigaciones, el uso masivo de sistemas de riego tecnificado, tecnologías de siembra de agua, y recuperación de ecosistemas hídricos naturales, principalmente altoandinos, con participación del Estado y del sector privado. En ese punto se incluyen esquemas de retribución por servicios ambientales hidrológicos, aplicables a la variabilidad del contexto natural y socioeconómico del medio rural local.
Más intenciones
El plan morado también apunta a la promoción de inversiones en infraestructura rural, que comprende programas articulados de inversión integral en caminos rurales, electrificación, saneamiento y telecomunicaciones. Esto va de la mano con apoyo de créditos en semillas o capital de trabajo, teniendo al Banco Agrario con un rol más protagónico en el fomento de mecanismos de créditos blandos a pequeños emprendedores con riesgo compartido, introducción de instrumentos financieros como leasing de maquinarias, seguros de riesgo de cosechas, y seguros de vida.
Asimismo, buscaría incorporar una política rural transversal a las intervenciones del Estado, que incorpore mayor participación de actores en la toma de decisiones sobre políticas de intervención en territorios rurales y espacios que vinculan agendas mixtas entre actores rurales y urbanos.
En cuanto a la agroexportación, sostiene la necesidad de un plan estratégico político, diplomático, comercial y productivo que impulse el sector bajo un criterio de beneficios compartidos de forma justa entre inversionistas, empresas, trabajadores y ciudadanos en general.
“Un país de guardabosques”
En el plan del partido de Julio Guzmán hay un acápite dedicado a la industria forestal sostenible, actividad a la que busca ofrecer un panorama estable por los próximos 30 años. Así, dictamina que la agricultura migratoria es responsable del 80% de la deforestación amazónica peruana e impide la regeneración natural pues “al cabo de unos años el agricultor migratorio vuelve a quemar el bosque secundario”.
Esta situación es grave ya que, calcula, es ocasionada por unas 300 mil familias (más de 1 millón de personas), la mayoría en pobreza o pobreza extrema, por lo que solo puede revertirse si se emplea a por lo menos la mitad de esas familias. Esto implica sembrar reproduciendo diversidad y distribución de los bosques aledaños con especies de valor comercial en zonas degradadas oficialmente establecidas. “Esto es posible de lograr si se reconocen adecuadamente los servicios ambientales que esta actividad genera y agregando un monto adicional durante los primeros años para asegurar la sostenibilidad, siempre que los beneficiarios estén en el SISFOH clasificados como pobres o pobres extremos”, sostiene.
Según el PM, esta iniciativa convertiría al Perú, al cabo de 10 años, en un país de guardabosques en vez de uno de depredadores, asegurando el futuro de las familias y haciéndolas independientes de la ayuda del Estado, el que solo se limitaría a orientar sus inversiones. Esto cambiaría la realidad “imperdonable” por la cual Perú importa productos maderables por más de US$ 1.000 millones, y exporta menos de US$ 200 millones de madera que proviene de bosques naturales, concesiones forestales y tala ilegal, “mientras Chile tiene 2.8 millones de ha de PF y exportó US$ 6.836 millones el 2018”. Subraya que Perú tiene más de 10 millones de hectáreas aptas para reforestación y 80 millones de hectáreas de bosques naturales, de los cuales en 2019 se perdieron 147.000 a causa de la agricultura migratoria, ganadería expansiva, minería y tala ilegal.
Finalmente recuerda que las plantaciones forestales no solo generan divisas y empleo, sino que permiten el ingreso de capital privado, fondos de inversión y AFP, además de ser oportunidad para los bonos de carbono.
.Del editor: Agraria.pe solicitó declaraciones de Roberto Santos, encargado del capítulo agrario en el Partido Morado, para contrastar estas propuestas. Sin embargo, tras una primera aceptación, no hubo respuesta posterior para concretar la entrevista como ha sucedido con los demás partidos.
