(Agraria.pe) El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo N° 1195 (Ley General de Acuicultura) con el fin de modernizar y unificar el marco legal de esta actividad económica y generar nuevas inversiones para su despegue.
La norma declara de interés nacional el desarrollo ordenado y sostenible de la Acuicultura, uno de los potenciales nuevos motores de la economía en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), impulsado por el Ministerio de la Producción.
El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, señaló que la nueva normativa establece derechos más sólidos para una adecuada explotación del recurso, refuerza el ordenamiento de esta actividad y articula un mejor trabajo en los tres niveles de gobierno. “La actividad acuícola peruana estará mejor regulada. Y tendrá mecanismos efectivos que promuevan el ingreso de inversionistas a una actividad con un tremendo potencial”, puntualizó.
Principales novedades
La norma refuerza el papel de Produce como ente rector, a través del Sistema Nacional de Acuicultura. Porduce apoyará técnicamente a los gobiernos regionales en formular sus planes, monitorear su ejecución y articularlos al Plan Nacional de Desarrollo Acuícola.
Le da un rol central al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), que vigila y controla la cadena acuícola y otorga certificaciones de calidad.
Produce concederá permisos a la mediana y gran empresa. Los gobiernos regionales las otorgará a la micro, pequeña empresa y a la acuicultura de recursos limitados. Las concesiones deberán ser otorgadas mediante concursos públicos y mediante concesión directa. El plazo se homologa a 30 años. Anteriormente, había plazos diferenciados.
Los titulares de Concesiones Acuícolas podrán destinar un porcentaje de su área para el desarrollo de proyectos de investigación, lo que favorecerá el I+D+i.
Se establece la hipoteca acuícola como herramienta crediticia. Los titulares podrán establecer hipotecas sobre sus concesiones o autorizaciones, a fin de obtener financiamiento para la actividad. Los titulares son considerados propietarios de los productos hidrobiológicos que cultiven y podrán afectarlos como garantía mobiliaria.
Asimismo, se crea el registro acuícola de concesiones y autorizaciones en la SUNARP para brindar seguridad jurídica a terceros.
También se reconoce al catastro acuícola como herramienta para la toma de decisiones en inversiones. Permite acceder a información detallada sobre la ubicación geográfica de los derechos, la situación de las áreas disponibles, los recursos hídricos evaluados, zonas de pesca, áreas de reserva, entre otros.
Además, se refuerza la Ventanilla Única de Acuicultura (VUA), disminuyendo plazos y costos. Se unifican trámites intersectoriales para el otorgamiento del derecho acuícola, tanto a nivel de gobierno central como regional.
Cabe indicar que las mejoras del marco legal son en buena medida producto del trabajo conjunto entre el sector público y privado en el marco de la Mesa Técnica Acuícola. La norma ha recogido los principales aportes, especialmente en los aspectos sanitarios, simplificación de trámites, financiamiento y mecanismos de innovación, entre otros.
