(Agraria.pe) El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, señaló que la meta del Gobierno de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca para este 2023 será de 25 mil hectáreas, la cual irá de la mano con la inversión del Estado en desarrollo alternativo, integral y sostenible.
El jefe del Gabinete dio estas declaraciones desde Pucallpa (Ucayali), a donde acudió junto con el ministro del Interior, Vicente Romero, para supervisar acciones de erradicación de cultivos en esta parte del país.
“Este es el lanzamiento de lo que la señora presidenta (Dina Boluarte) ha anunciado en el Congreso, la lucha frontal contra el narcotráfico y el tráfico ilícito de drogas”, expresó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Señaló que, además de la inseguridad ciudadana, el narcotráfico es uno los principales problemas que afronta el país, debido a la generación de economías ilegales y la corrupción que genera, por lo que es necesario enfrentar este problema.
“La meta de este año de erradicación (de cultivos ilegales de coca) va a ser de 25 mil hectáreas. Queremos promocionar también e incrementar la inversión del Estado en desarrollo alternativo integral y sostenible, que no es otra cosa que la erradicación, las tareas de interdicción, pero fundamentalmente el apoyo al campesino cocalero, que sustituya sus cultivos por cultivos alternativos, como el cacao y el café”, declaró Alberto Otárola.
El titular de la PCM indicó que, al día de hoy, la coca ilegal bordea las 100 mil hectáreas en el país, frente a las 40 mil que existían en 2016.
Sostuvo que el ministro Romero y los oficiales que están a cargo del combate a esta actividad ilícita han recibido instrucciones de la presidenta para reducir las cifras alarmantes de exportación de cocaína y, sobre todo, trabajar activamente con las poblaciones afectadas, para sacarlas de la esclavitud que representa estar sometidas al narcotráfico.
“Estamos viendo en el terreno cómo se relanzan las tareas de erradicación, pero sobre todo, la toma de contacto con las poblaciones para traerlas a los cultivos lícitos y que la presencia del Estado sea eficiente en estas poblaciones afectadas”, concluyó Otárola Peñaranda.
Fuente: Andina
