Por: Alfonso Bustamante, presidente de Confiep
(Agraria.pe) El sector agroindustrial peruano ha irrumpido en los mercados internacionales. De exportar US$226 millones en 1994, en el 2023 la cifra superará los US$10.000 millones, así en 30 años hemos multiplicado por 44 veces nuestras exportaciones agrícolas y que según cifras del ENAHO, recogidas en la memoria anual del BCRP del 2022, ha generado 527.000 puestos de empleo directos en actividades agrícolas, lo que representa el 13.18% de los empleos formales del sector privado en el Perú. A eso hay que sumarle el empleo que se genera a través de los proveedores de bienes y servicios creados alrededor de esta industria, con lo que la cifra supera largamente el millón de puestos de trabajo.
Es importante conocer qué impulsó este crecimiento, el mismo que ha requerido más de US$ 20.000 millones de inversión privada:
La Ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que permitió la contratación temporal, adecuada a la estacionalidad propia del sector y un régimen tributario que alentaba la reinversión de utilidades.
La disponibilidad de terrenos en irrigaciones en escala suficiente para atraer capital y talento al sector.
La eficiente y oportuna gestión del Senasa en controlar plagas cuarentenarias y lograr la apertura fitosanitaria de los principales mercados del mundo, complementada por los múltiples tratados de libre comercio que firmó nuestro país.
La capacidad empresarial de los aguerridos empresarios que apostaron su patrimonio entero en la aventura de la agroexportación.
El sugerente título de esta columna se debe a que los US$10.000 millones de ingresos por exportación generan un margen neto del sector que bordea el 10% de las ventas, lo que significa, que la industria transfiere US$9.000 millones (S/34.000 millones) a trabajadores, proveedores y al Estado. Esta cifra revela una verdadera revolución en el campo y un milagro económico.
Sin embargo, desde el 2020, el sector agroindustrial no ha tenido respiro. Operar en medio de la pandemia fue muy duro y costoso, mientras que durante el gobierno temporal de Sagasti, se derogó la Ley de Promoción Agraria sin análisis previo ni medición de las consecuencias, se impuso una remuneración adicional del 30% a la labor agrícola, al mismo tiempo que se elevaban las prestaciones sociales, la participación de utilidades y la tasa impositiva.
Siguió la crisis de los contenedores, la escasez de fertilizantes, la inflación mundial, la revaluación del sol, los cierres de carreteras y para coronar, los fenómenos naturales que afectaron la productividad.
Frente a ese escenario, es incomprensible la poca voluntad del Gobierno en reactivar la inversión privada en este importante sector.
Fuente: Gestión
