Líder gremial sostiene que el sector ha crecido a pesar de no contar con apoyo del Estado y que la normativa de promoción es burlada por las reglamentaciones, pues empresas nacionales importan biodiesel de Argentina e Indonesia.
(Agraria.pe) Una acusación injusta es como considera la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú (Junpalma Perú), el señalamiento que se hace a esta industria por la extensa deforestación que viene sufriendo la selva peruana.
Según Ledgard Arévalo, presidente de este gremio, el sector ha logrado desarrollarse a pesar de los múltiples “experimentos” que se han planteado en la Amazonía para contrarrestar los cultivos ilícitos de la hoja de coca. Esto, sumado a la falta de un mercado legal promotor que no financia la instalación de plantaciones de palma. “Es a través de la cooperación técnica de entidades como Naciones Unidas, USAID, a través de programas de desarrollo alternativo, que se ha podido en parte consolidar la cadena productiva de palma aceitera. No hemos tenido las facilidades del caso”, explicó.
Este crecimiento, detalló, se ve reflejado en la expansión de hectáreas dedicadas a este cultivo, que en el año 2000 eran 14.000 y hoy son 80.000, una cifra que no se condice la magnitud de las acusaciones que se hacen sobre esta industria.
“A pesar de que actualmente tenemos 80.000 hectáreas, se nos manifiesta que somos el ‘driver’ de la deforestación en la Amazonía. Pero en la Amazonía hay entre 7 a 8 millones de hectáreas deforestadas, entonces 80.000 no pueden ser el ‘driver’ de la deforestación Para trabajar esto hemos exigido el último quinquenio que se establezca un plan nacional, el que se sigue aplazando. Allí pedimos al Estado la creación de una comisión multisectorial con la participación de diversos ministerios: Ambiente, Producción, Comercio Exterior y Agricultura y Riego”, refirió el presidente de Junpalma.
Ley de promoción desvirtuada
En otro aspecto de la problemática de su sector, Arévalo señaló que la Ley 28054, que promueve el mercado de biocombustibles en el país se ha desvirtuado a través de diversas reglamentaciones posteriores que se alejan del espíritu de la norma. Cabe recordar que esta ley dispuso que desde el 2010 se incorpore un 7.8% de etanol en las gasolinas y 2% de biodiesel (B2) en el diésel a partir del 2009. Desde el 2011 se obliga al uso del 5% de biodiesel.
“La ley establece que es obligatorio hacer un mezcla que favorezca a los productores de la Amazonia, pero en la actualidad no podemos vender ni una gota de biodiesel porque la reglamentación desvirtuó la norma. El mercado no siempre se autorregula sino que hay países donde el Estado regula y ofrece beneficios a los productores, como sucede con el biodiesel de soya que viene de Argentina, subsidiado y con dumping, lo que es competencia desleal con la industria nacional. Tenemos hace dos año paralizada una planta de biodiesel y el Estado solo nos manda a Indecopi, donde cada caso se demora dos años en resolverse”, sostuvo.
A ese propósito, recordó que ganaron en esa instancia un primer caso en 2009 por el biodiesel proveniente de Estados Unidos, al que finalmente se impuso una tasa de 390 dólares por cada tonelada importada al país. Ante esta medida, explicó el gremialista, las empresas nacionales empezaron a importar desde Argentina el biodiesel de soya. Tras dos años de litigio, el gremio de palma aceitera ganó el caso e Indecopi determinó que el producto argentino está subvencionado. Ahora, el biodiesel está siendo traído desde Indonesia.
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