(Agraria.pe) Lo había advertido y finalmente sus sospechas se cumplieron. El último viernes, Luis Alberto Gonzales-Zúñiga Guzmán, quien se desempeñaba como director del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), se enteró que el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) había tomado la decisión de dar por concluida su gestión.
A inicios de marzo de este año, Gonzales-Zúñiga dio pistas claras de lo que se venía orquestando. En ese momento precisó que la viceministra del Minagri, Paula Carrión Tello, le solicitó que renuncie a su puesto cuando estaba concentrado en diseñar una estrategia y políticas para enfrentar el tráfico ilegal de madera.
En esta entrevista, señala que existen intereses de parte de sectores ilegales que han ido poco a poco minando su gestión hasta conseguir sacarlo del cargo. Su remoción, además, llega justo cuando se discute una propuesta de reglamento de cambio de uso de tierra que para el ex director solo fomentará la deforestación.
Luego de 16 meses de trabajo frente al Serfor, Gonzáles-Zuñiga se toma un tiempo para enumerar los problemas que ha tenido que enfrentar.
¿Esta decisión lo toma por sorpresa o usted esperaba que suceda?
Esto me toma por sorpresa, pero en realidad el antecedente de esta resolución fue la convocatoria que la viceministra de Políticas Agrarias [Paula Rosa Carrión Tello] me hizo el 3 de marzo, cuando me convocó súbitamente y me pidió mi renuncia. Yo le dije que no, que no iba a renunciar, que estaba equivocada. Primero, porque he sido nombrado en concurso público y no por decisión política. Segundo, porque ella es la presidenta del Consejo Directivo de Serfor, el organismo que conduce a la institución. “Sí crees que he cometido una falta grave debes llevar esa situación para que se investigué en el seno del Consejo Directivo, pero como no es posible que puedas demostrar que yo he cometido una falta grave estás cometiendo un error”, le dije. Y ella no me supo responder. Saliendo de esa reunión hablé con varios medios de comunicación para decir lo que había pasado y entonces se detuvieron. Había el interés de que salga y creo que solamente estaban esperando el momento.
¿Por qué el interés en su salida?
Desde febrero del año pasado [2019] asumí la responsabilidad y sabía con absoluta certeza que teníamos que enfrentar una situación muy difícil. En primer lugar, luchar contra los cuatro delitos que abruman al sector forestal: tala ilegal, minería ilegal, cultivos ilegales y tráfico de tierras para alentar los cultivos ilegales; y el tráfico ilegal de fauna silvestre. Detrás de todos estos delitos hay grandes intereses y estaba seguro de que iba a tener resistencia, de que estos intereses no se iban a quedar quietos, pero con el equipo que me ha acompañado decidimos proseguir. En segundo lugar, nuestra completa convicción de que la deforestación es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad y como sector, entonces hay que enfrentar los factores que contribuyen a esa deforestación. Así empezamos nuestro trabajo y sabíamos que teníamos un presupuesto realmente diminuto, pero no me imaginé, sinceramente, que dentro del propio Minagri hubiera intereses de esta magnitud. Para mí ha sido una sorpresa muy desagradable esta resolución suprema. Lo que se hace con mi destitución es destruir toda la poca institucionalidad que se ha creado, porque en el Consejo Directivo de Serfor hay representantes de las comunidades nativas, de las comunidades campesinas, del sector privado, de las universidades, de los gobiernos locales y nunca se les consultó.
Usted ha dicho que hay intereses detrás de su salida ¿Cuáles son esos intereses? ¿De quiénes hablamos?
Son los intereses que se siguen moviendo en el marco de la ilegalidad. Cuando hablo de la lucha contra la tala ilegal me refiero a lograr que nuestros puestos de control funcionen bien, a capturar a todos los que se dedican al tráfico ilegal de fauna, a la lucha contra la minería ilegal o contra los cultivos ilícitos. El 4 de mayo me convocaron a una reunión en el Minagri para discutir una propuesta de reglamento de cambio de uso de tierra y les hemos dicho que de ninguna manera vamos a aceptar ese reglamento como lo están proponiendo porque fomentará la deforestación en el país. Y no solamente eso, sino que es profundamente irresponsable considerando que como resultado de la pandemia miles de familias están regresando al campo y aumentará la presión para deforestar los bosques. Si a eso se agrega este reglamento que facilita el cambio de uso de la tierra será tremendo. Pero eso ha sido lo último de varias cosas que han ocurrido en estos meses que me mostraban los intereses realmente grandes, económicos y políticos, que no quieren que nuestro país cuente con un Serfor poderoso, respetado, que se propone implementar las normas existentes en el país.
¿Qué propone ese reglamento?
Como está actualmente la norma, a pesar de no tener reglamento, si por ejemplo tengo 200 hectáreas con cobertura de bosque en la Amazonía, no puedo cortarlo todo. Sin embargo, con el reglamento que se está proponiendo, en esas mismas 200 hectáreas puedo hacer un análisis de suelo y si este me muestra de que se trata de un suelo con vocación agrícola, puedo desboscar las doscientas hectáreas y dedicarlas a la agricultura. Eso es lo terrible. Claro que todo estaba oscurecido en el lenguaje de los abogados, cuando tratan de esconder las cosas las hacen así. En esa reunión estaban los dos viceministros, Carlos Ynga, que ahora será el jefe del Serfor según la resolución, y Paula Carrión, además del jefe del gabinete de asesores. Les dije que era una decisión profundamente irresponsable y que nosotros, como Serfor, no los vamos a suscribir. Había un reglamento consensuado con el Ministerio del Ambiente y con organizaciones sociales, pero todo lo dejaron de lado. Pero no ha sido solo eso, hubo varias cosas más.
¿Qué otras cosas han pasado en este tiempo?
Un factor muy grande ha sido nuestro presupuesto completamente diminuto, pequeñísimo, para todas las operaciones que teníamos que hacer. Por ejemplo, lo que pasó con los 143 centros de cría de animales silvestres de nuestro país, adónde van los animales que decomisa Serfor y que se entregan bajo un convenio. Cuando se inició la pandemia, estos centros que tienen como fuente de ingresos las visitas ya no tenían posibilidad de obtener fondos. Entonces, desde fines de marzo, solicitamos un presupuesto al Minagri y la resolución de estos fondos recién salió hace una semana. Mira todo el tiempo que tomó obtener esos recursos.
Actividades forestales durante la pandemia
¿Se han presentado otros casos similares?
Otro ejemplo es la lucha contra la tala ilegal, el problema es con los gobiernos regionales, porque la mayoría de ellos están copados por la corrupción y están a cargo de los puestos de control. Serfor estaba por cerrar un convenio con el gobierno regional de Madre de Dios para empezar con cinco puestos de control, porque ahora, durante la pandemia, hay un conjunto de empresarios forestales que están presionando para que se autorice el tránsito de su madera. La pregunta que nos hacemos es ¿cuándo han extraído esos recursos forestales? ¿lo han hecho durante la pandemia cuando estaba prohibido todo tipo de actividades? Y ahora están presionando. Ya han logrado que en el gobierno regional de Madre de Dios permita la salida de 136 camiones llenos de madera. Nosotros estamos absolutamente seguros de que esa madera ha sido talada durante la pandemia cuando había prohibición de cualquier actividad.
También estábamos conversando con las organizaciones indígenas, con Aidesep (Asociacion Interetnica de Desarrollo de la Selva Peruana) y con la Confederación Campesina del Perú, porque hubo un pronunciamiento de las organizaciones indígenas que no están de acuerdo con que se reactive el sector forestal […] El argumento de las organizaciones indígenas es que se garantice que las operaciones forestales se van a realizar sin que impacten en la salud de los pueblos y de las familias de las comunidades nativas. La respuesta es que no puedes garantizar eso porque somos un país informal y en el sector forestal la informalidad debe alcanzar el 80%. Entonces estábamos proponiendo de que en las regiones de Loreto y de Ucayali no se reinicien las actividades forestales por el nivel de desarrollo que tiene la pandemia en estas regiones. Pero en ese tipo de decisiones nunca nos acompañó el Minagri, al contrario, trabajaba por su cuenta, con organizaciones ilegales, con personas dedicadas a actividades ilegales y reuniéndose a nuestras espaldas con Osinfor [Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre] para quitarnos la función de control y transferirla a Osinfor. Otra medida que descubrimos porque nos alertaron.
Usted ha dicho que el Minagri siempre le dio la espalda, que ha tratado de socavar su trabajo, y que se reunía con organizaciones ilegales…
Te doy un ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) conduce un organismo que se llama Mesa Ejecutiva Forestal, creada para relacionar al sector público con el privado, que me parece muy buena idea. Pero a esa mesa se convocaba a una organización que se llama Conafor, el mismo nombre de nuestro Consejo Nacional Forestal, y dentro de ese grupo hay personas dedicadas exclusivamente a actividades ilegales, a la tala ilegal. Nosotros comunicamos esto a la Mesa Ejecutiva Forestal y cuestionamos porqué convocan a estas personas. ¿Cómo vamos a luchar contra el delito si invitan a quienes cometen los delitos? Pues en esas reuniones circula mucha información y esa decisión tenía el respaldo del Minagri y de la viceministra. No olvidemos que la viceministra Paula Correa trabajó para el grupo Brozovich por muchos años, un grupo forestal, y ahora está como viceministra, no puedo decir que ha estado involucrada en esto, pero si puedo asegurar que no nos ha ayudado para enfrentar las labores que teníamos que hacer. Siempre ha tenido actitudes para debilitarnos. Que haya trabajado en este grupo es un elemento que por lo menos te da algún nivel de sospecha o suspicacia.
Entonces hay grupos empresariales que están detrás de todo y socavan su trabajo
Hay un grupo empresarial forestal que están haciendo bien las cosas, probablemente su representación más destacada es el cluster de Ucayali. Son 39 empresas pequeñas y medianas con las que estamos trabajando y les hemos dicho que sigan ese camino porque prueba que es posible hacer negocios con madera legal, que puede ser rentable, que vender al mercado nacional y al mercado de exportación si es posible, que se debe hacer bien las cosas. Pero hay otro sector empresarial que está acostumbrado a la ilegalidad, a la informalidad y eso es lo terrible. Si fuera responsabilidad solamente de Serfor estaríamos encima de ellos, pero la responsabilidad es de los gobiernos regionales, y nosotros exigimos al gobierno regional que cumpla su función. Es ahí donde justamente se aprovechan.
Usted ha hablado de los cuatro delitos relacionados con su sector, ¿cuál es la situación de estos delitos?
La deforestación se puede decir que está disminuyendo, pero muy poquito. El anteaño pasado fueron 156.000 hectáreas perdidas, el año pasado 155.000 hectáreas menos. Por tanto, si seguimos en esa progresión, ni tú ni yo vamos a estar vivos cuando se llegue a la deforestación cero, si alguna vez se llega. Nosotros propusimos una manera distinta de enfrentar. Lo presentamos al Ministro [Jorge Luis Montenegro Chavesta] en varias oportunidades y le pedimos su apoyo para empezar a trabajar. Era una propuesta para bajar dramáticamente la deforestación en un horizonte de tres a cuatro años pero no hubo voluntad ni interés para trabajar en ello.
¿Le preocupa lo que suceda ahora?
Me preocupa lo que sucederá con todo lo que hemos desarrollado. Ha sido año y medio de un trabajo intenso y me preocupa muchísimo que todo este esfuerzo ya no siga. También me preocupa que hayan puesto a este señor Carlos Ynga como jefe de Serfor porque es muy cercano al actual ministro Montenegro que tiene varias denuncias en marcha. Me preocupa que todo el esfuerzo que hemos estado haciendo no prosiga y se quede atascado, y nuevamente los intereses ilegales sea los que estén vigentes.
Fuente: Mongabay Latam
