05 febrero 2019 | 08:55 am Por: Redacción

Sunafil intervino en proceso

Empresas agroindustriales de Piura formalizan a 10.254 trabajadores

Empresas agroindustriales de Piura formalizan a 10.254 trabajadores

Personal contratado verbalmente no había sido registrado en la planilla electrónica ni contaba con seguridad social de salud, por lo que no gozaba de beneficios laborales.

(Agraria.pe) Un total de 10.254 trabajadores del sector agroindustrial y agrario de diversas provincias de Piura formalizaron su situación laboral, destacó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) que intervino en el proceso a través de la Intendencia Regional de Piura.

Precisó que el personal, contratado verbalmente como peones para la cosecha de uva, mango, plátano y realizar labores en plantas procesadoras, no había sido registrado en la planilla electrónica ni contaba con seguridad social de salud, por lo que no gozaba de beneficios laborales.

Esta situación fue detectada al momento de entrevistar a los trabajadores, durante el recorrido que realizó el equipo de inspectores de Sunafil a los fundos de cosecha y producción. También visitaron las oficinas de las empresas, a fin de verificar los cuadernos de asistencia y comprobar si la información –declarada formalmente ante la Sunat– era verídica.

Los operativos desarrollados por el equipo Perú Formal Rural se ejecutaron durante la última semana de enero, pero previo a las intervenciones se desarrolló una etapa de inteligencia para realizar un cruce de información con datos de las empresas inspeccionadas.

La entidad fiscalizadora precisó que las empresas formalizaron a sus trabajadores, por ello ninguna fue multada. No obstante, se les dio medidas de advertencia, donde se les indicó que cada vez que realicen un proceso de reclutamiento, deben cumplir con la ley y colocar a su personal en la planilla electrónica, y así no recibir sanciones.

Sunafil aseguró que la estrategia de Perú Formal Rural tiene dos objetivos: por un lado, regularizar el empleo informal no declarado, aportando mayor estabilidad a los trabajadores; y, por otro, generar un efecto disuasivo para que las empresas –con un alto riesgo de incumplimiento– regularicen voluntariamente su situación.