(Agraria.pe) El día de ayer se instaló la Comisión Agraria del Congreso de la República para el periodo legislativo 2024/2025, la cual será presidida por el parlamentario Eduardo Enrique Castillo Rivas, de Fuerza Popular
La conformación de la nueva Mesa Directiva para el presente periodo legislativo es complementada por María Elizabeth Taipe Coronado (Perú Libre) como vicepresidente; y Elva Edhit Julón Irigoin (Alianza para el Progreso) como secretaria.
En sus primeras palabras al frente de la comisión, Castillo Rivas dijo que asume este cargo con mucha compromiso, responsabilidad y sobretodo con ganas de trabajar por el sector agrario de Perú.
Indicó que en este periodo legislativo 2024/2025, la Comisión Agraria bajo su presidencia continuará impulsando los grandes proyectos de irrigación anunciados por el Poder Ejecutivo, así como buscar la priorización de aquellos proyectos que aunque necesarios no han sido atendidos.
Destacó su compromiso de unión (con los demás miembros de la Comisión) para trabajar por la reactivación de la agricultura nacional, dado el estado deplorable en el que se encuentran los pequeños agricultores y productores agrarios de nuestro país.
Eduardo Castillo se refirió al 5% aproximado de crecimiento registrado en los rubros de pesca y agro en abril y mayo de 2024, atribuyendolo como consecuencia de un rebote de la recesión registrada en 2023, año en el que el sector agrario se contrajo -2.91%, siendo la baja más crítica en los últimos 30 años.
Agregó que esas cifras no son adversas a la agroexportación, ya que si se comparan los periodos de enero a mayo de 2023 y 2024 se aprecia una reducción de -18% en términos de toneladas, sin considerar la perdida de 85.000 empleos mensuales; esto como consecuencia a la falta de normativa para la contratación de personal en este rubro.
El nuevo presidente de la Comisión Agraria recordó que el motor de la agricultura en Perú es la agricultura familiar, es decir de esos pequeños productores cuya posesión no es mayor a 2 hectáreas y cuyo valor oscila alrededor de US$ 30.000 por hectárea. “Las microfinancieras conocedoras de la situación de la informalidad de dicha propiedad tienen un trato usurero con el agente impulsor de la cadena económica de este sector, exigiendo como garantía esas hectáreas a cambio de préstamos irrisorios que no resuelven las necesidades reales de inversión y mantenimiento de sus campañas agrícolas, lo que sitúa al agricultor en una posición vulnerable ante situaciones adversas como las ya atravesadas en los últimos años como el fenómeno El Niño en el 2017, pandemia por Covid en 2020, el ciclón Yaku en el 2023, y la crisis económica que aún persiste”.
Manifestó que desde esta Comisión se debe proponer una salida a la reactivación del sector agrario pero pensando en los pequeños agricultores, buscando fortalecer su pequeñas y alicaídas economías que se encuentran en permanente riesgo. En ese sentido, dijo que una alternativa podría ser fortalecer la asociatividad, para ello se propondrá de manera responsable una propuesta clara y consensuada con los principales actores, ya que lo que se busca es el desarrollo del agro.
Además, dijo que contribuirán en garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en nuestro país, factor clave para el desarrollo de nuestro pueblo.
