El último informe identifica 221 conflictos sociales en el territorio peruano. El 64.4% de las pugnas son socio-ambientales.
Por Mayu Herencia Ch.
Lima, 20 de diciembre 2013 (Agraria.pe) En el último reporte sobre Conflictos Sociales, correspondiente a noviembre pasado, la Defensoría del Pueblo registró 29 casos de pugnas relacionadas con la actividad agrícola.
El 49% (15 casos) de los conflictos son generados por la actividad minera en 10 diez regiones del país. Tal es el caso de los caseríos de Antupa y Antaurán, en Ancash, que cuestiona la calidad del agua que se usa en la zona de influencia minera. Por otro lado, la población del distrito Camanti, Cuzco, exige la intervención de las autoridades en la zona para retener el desarrollo de la minería informal, que dañaría las actividades agrícolas y forestales.
Otro factor que origina las pugnas es lo que tiene que ver con la utilización o contaminación del recurso hídrico con 6 casos. En ese sentido, en Junín, las comunidades de la provincia de La Concepción se oponen a la exploración minera de la empresa Azulcocha Mining, pues, según la comunidad, contaminaría las aguas del río Cunas. Así, también los pobladores del distrito de Jorge Basadre, en Tacna, están enfrentados con la empresa minera Southern Perú porque, según alegan, la ejecución del proyecto de la concentradora Toquepala y el recrecimiento del embalse de relaves de Quebrada Honda, restaría la utilización del recurso hídrico para la actividad agrícola.
Por otra parte, dos conflictos ocasionados por problemas administrativos en la agroindustria siguen latentes. Tanto en Andahuasi, Lima, como en Pucalá, Lambayeque, las empresas agroindustriales no resuelven sus problemas con los trabajadores-accionistas.
Por último, existen 6 casos causados por problemas particulares como conflictos por demarcación territorial, como sucede en Apurimac, donde la comunidad Huanacopampa reclama la invasión a sus terrenos comunales por otras comunidades vecinas. Por otro lado, en Puno, alpaqueros del distrito de Cojata reclaman la suspensión de la extracción minera informal de mineros bolivianos, un conflicto cuya solución implicaría a autoridades peruanas como bolivianas.
Informe global
En general, la Defensoría del Pueblo ha registrado una acumulación de 221 casos, uno más que el informe pasado, de los cuales 147 están activos y 47 siguen latentes.
La institución señala que las provincias que contienen más pungas son Ancash, Apurimac y Puno con 30, 23 y 18 casos respectivamente.
Los conflictos con más casos son los socio-ambientales, que representan el 64.4% del total, con 143 pugnas. Le siguen los conflictos de Asunto de gobierno Local, con 24 casos; demarcación territorial, con 15 casos; y laborales, con 10 casos.
