(Agraria.pe) Más de 90 miembros de la red de CropLife Latin America participaron del Encuentro Virtual sobre Comercio Ilegal. El objetivo fue intercambiar experiencias sobre los distintos programas contra el comercio ilegal de agroquímicos que ejecutan asociaciones nacionales en al menos 14 países de América Latina. Representantes de las asociaciones de 8 países (Bolivia, Guatemala, Colombia, México, Brasil, Argentina, Costa Rica y Paraguay) compartieron el pasado 5 de octubre su visión del problema, actividades para aplacarlo, retos y experiencias exitosas.
Los ocho expositores confirmaron que las modalidades de comercio ilegal en la región continúan siendo productos sin registro, falsificados, adulterados, reenvasados, de contrabando o robados. La sofisticación y rentabilidad es cada vez mayor para los malhechores según indicó la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) de Argentina.
Entre los disparadores y catalizadores de la ilegalidad existen causas que van desde diferencial cambiario de moneda o cargas tributarias entre países vecinos, demoras en procesos de registro que previene disponibilidad de productos a los agricultores, o bien cancelaciones o prohibiciones de producto aún apetecido por el agricultor. Por ejemplo, una Comisión Interinstitucional particular para el tema de agroquímicos ilegales en Costa Rica que interactúa con Cámara de Insumos Agropecuarios reconoce la demora en registros como factor.
Aunque no fue panelista, CultiVida (gremio que representa a la industria de la ciencia de los cultivos en Perú) tiene muy claro que el contrabando en el norte de dicho país se debe a diferencias en cargas tributarias a agroquímicos en el país, así como la reciente prohibición de productos muy usados. La Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en Colombia mencionó tener muy claro que donde hay desabasto, hay oportunidad para la ilegalidad.
Un reto recurrente para la industria es la medición de una actividad que por definición es oscura, oculta. Las asociaciones han utilizado diferentes abordajes para cuantificar la magnitud del problema. Un estudio comisionado por la Asociación de Proveedores de Insumos Agropecuarios (APIA) de Bolivia realizado con la ayuda de CropLife Latin America arrojó que el comercio ilegal en ese país asciende a US$ 45 millones, equivalente a 14% de las importaciones de producto a esa nación.
La asociación para la Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt) de México comisionó un estudio a una ONG de derechos humanos, también con apoyo de CropLife Latin America. La estimación del problema en suelo Azteca fue de 20% del mercado capturado por la ilegalidad equivalente a que 1 de cada 5 productos en el campo es ilegal. El estudio permitió dar un ángulo de vulneración a derechos debido a la cultura de la ilegalidad.
Por su parte la Cámara Procultivos de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en Colombia, hizo un estudio cualitativo por caracterización y está confiada que una nueva investigación, ahora de la oferta en plataformas digitales, arroje información más valiosa para visualizar al comprador como víctima. Debido a que realizar mediciones es difícil y costoso, asociaciones echan mano al ingenio y creatividad. Por ejemplo, la Asociación del Gremio Químico Agrícola (Agrequima) de Guatemala monitorea la recolección en centros de acopio de su programa de CampoLimpio. El muestreo arroja un 15% de retorno de envases ilegales y le sirve para levantar el perfil con las autoridades con las cuales colabora en inspección de agroservicios.
Prácticamente todas las asociaciones sostienen diálogos colaborativos con sus autoridades con diferentes réditos. APIA en Bolivia tuvo el más reciente resultado en incautaciones, con 176 toneladas en setiembre 2021 producto de programas de fiscalización. Igualmente, llama la atención un operativo en Colombia con 19 allanamientos, 50 toneladas de producto incautado y 10 capturas. Autoridades judiciales están procesando a los infractores, avanzando rápidamente en averiguaciones más profundas y sentar responsabilidades.
El éxito en operativos levanta la pregunta sobre almacenaje y disposición del producto incautado. Conviene tener un mapa de ruta claro. Así se lo señalo la autoridad a la Cámara de Comercio de Productos Agroquímicos (Camagro) en Uruguay. CropLife Latin America tiene guías para asociaciones y empresas de cómo proceder.
CropLife Brasil lleva a cabo un exitoso programa de fiscalización e incautación. Solo en el 2021 contabiliza 214 toneladas incautadas de las cuales ha incinerado 132. Sin embargo, persisten retos de trabajar con autoridades estatales y federales, donde a veces la misma movilización de producto incautado entre Estados brasileños para su destrucción se dificulta por regulaciones ambientales.
Otra tendencia detectada es el comercio ilegal en plataformas digitales. ANDI en Colombia ya trabaja en su medición y puede ser que las mismas plataformas colaboren con la destrucción de material incautado, como ha sucedido en Paraná, Brasil. Casafe en Argentina también ha sido exitoso en su colaboración con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y Mercado Libre para dar de baja a oferentes de producto ilegal por las redes. Aunque no fue panelista, la Asociación Fabricantes de Productos Químicos Agropecuarios (Afaquima) de Venezuela constantemente monitorea el espacio virtual y alerta al Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) de ofertas ilegales en plataformas con amplio detalle para llegarle al infractor.
Mecanismos de denuncia ha sido otra estrategia implementada por la red. La Cámara de Fitosanitarios y Fertilizantes (Cafyf) en Paraguay ha sido líder en su colaboración con autoridades, empezando por un canal de denuncia en su propia web, pero luego haciéndolo extensivo a los portales de autoridades. Agrequima en Guatemala también ha sido exitosa en conectar su canal de denuncia anónimo con la autoridad, ésto a través de un aplicativo llamado Productos Ilegales Agropecuarios (PIA) que permite georreferenciar productos de dudosa procedencia ofertados. De esta forma, las autoridades pueden tomar acciones inmediatas contra delincuentes, o para planificar mejor las rutas de fiscalización para dar con el producto ilegal. La App está disponible al público general. Por su parte Proccyt en México acompaña las denuncias judiciales formuladas, actualmente 8, gracias a una buena categorización de violaciones a leyes y delitos que les permite actuar de forma precisa.
Los expositores enfatizaron el valor de la comunicación para concientizar porque previene el delito y alienta a las autoridades a tomar acción. Vallas en carreteras, spots en radio, volantes y pósters, programas radiales, videos, módulos dentro de programas de capacitación a agricultores son parte del abanico de herramientas desarrolladas en América Latina para combatir el comercio ilegal de insumos agrícolas. Cafyf en Paraguay es una asociación que a lo largo de su programa ha usado todas estas piezas de comunicación. Aprovechar campañas nacionales contra la ilegalidad ha sido clave, resaltaron Proccyt y ProCultivos de la ANDI durante el encuentro. Las asociaciones y CropLife Latin America constantemente intercambian piezas e ideas, para capitalizar sobre el camino recorrido. “Todo esfuerzo suma” concluyó el expositor de la Cámara de Insumos Agropecuarios de Costa Rica.
