Este viernes la Comisión Agraria realizaría una sesión extraordinaria para debatir el tema
Por Cristina Velásquez
Lima, 06 Enero (Agraria.pe) El presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Aníbal Huerta cuestionó la observación por parte del Ejecutivo a la ley de protección patrimonial de las azucareras lambayecanas: Pomalca, Tumán y Cayaltí, la cual protege de embargos y medidas cautelares a dichas empresas por un año, suspendiéndose también la venta de acciones que posee el Estado (30% en Pomalca; 27% en Tumán y 23% en Cayaltí).
Según el congresista Huerta, desde el 2003 la ley se amplía sucesivamente cada año. “Entonces desde un inicio el Ejecutivo no hubiese aceptado y avalado una ley por tanto tiempo”.
Asimismo, el presidente de la Comisión Agraria, aseguró que durante el periodo de prórroga a las azucareras se ha vislumbrado un panorama de estabilidad laboral. “Estas empresas crecieron y se ha preservado las acciones del Estado, evitando que su valor nominal en el mercado disminuya”. Destaca.
“Además, por qué hasta ahora el Estado no ha exigido la venta de sus acciones en las azucareras a PROINVERSIÓN o quizá tienen otras intenciones”, cuestionó.
Cartas en el asunto
Huerta informó que este viernes (07) la Comisión Agraria realizaría una sesión extraordinaria para debatir el tema de la observación a la ley de protección patrimonial. “La Comisión puede adherirse a la observación y modificar la ley o en su defecto insistir en el proyecto original”, manifestó.
Por su parte, Fernando Cillóniz, presidente de la consultora inform@cción sostuvo que al ampliar la protección patrimonial a las azucareras Pomalca, Tumán y Cayaltí solo se extiende la deuda que estas empresas poseen y no se fomenta la cultura de pago en el país.
“Respaldo la decisión del Ejecutivo en observar la ley de protección patrimonial a las azucareras, pues considero que las normas son de carácter universal y deben aplicarse con el mismo rigor a todos, sin excepción”, señaló Cillóniz.
Según el presidente de la consultora inform@cción, el Grupo Oviedo debería hacer la mejor oferta para adquirir las acciones que el Estado posee en estas azucareras. “Pero en buena lid, sin protección patrimonial. También sería interesante que los propios trabajadores obtengan buena parte de las acciones”.
Cillóniz agregó: “sí el Grupo Gloria las adquiere, entonces INDECOPI debería supervisar que no se produzca un monopolio”.
De otro lado, Ángel Manero, gerente general del Consorcio Peruano del Agro S.A. (COPERAGRO) manifestó que esta ley definitivamente tenía que ser observada. “Con mayor razón sí se tratan de azucareras carentes de un buen gobierno corporativo dentro de sus organizaciones, no presentan estados financieros auditados, no informan debidamente a PROINVERSIÓN para iniciar el proceso de subasta de las acciones del Estado, etc.”, explicó.
Asimismo, añadió que son cerca de 9 años que estas empresas se han valido del beneficio que les otorgó el Congreso. “Considero que es un plazo suficiente para organizarse y reestructurarse, pues si continúan con problemas es porque no quieren ordenarse o son ineficientes”.
“Desde mi punto de vista esta ley de protección patrimonial a las azucareras tiene un objetivo, el cual es favorecer al Grupo Oviedo y eso es inconstitucional”, enfatizó Manero.
La industria del azúcar en el Perú
El gerente general de COPERAGRO indicó que en la actualidad el Perú tiene una productividad de azúcar extraordinaria. “Probablemente contamos con la industria azucarera más competitiva del mundo y es un negocio que se complementa bien con el tema de biocombustibles, es decir existe un gran potencial para lograr que estas empresas se diversifiquen al rubro energético”, subrayó.
“Sin embargo, se enfatiza sobre el latifundismo en el sector azucarero, cuando las áreas sembradas no superan las 100 mil Has y ello apenas representa el 4% del total del área bajo riego en el país. Entonces no se puede decir que existe una concentración de tierras”, puntualizó Manero.
Datos
- La deuda tributaria de las empresas azucareras con protección patrimonial asciende a S/.357 millones, según fuentes del Ejecutivo.
- Pomalca y Tumán (administradas por el grupo Oviedo) deben S/.103 millones y S/.235 millones, respectivamente. Cayaltí adeuda S/.18 millones.
