Por Beatriz Salazar, responsable del Programa de Cambio Climático del CEPES
(Agraria.pe) El 13 de diciembre concluyó la 28 Cumbre Climática (COP28) ¿Se tomaron decisiones para mantener el aumento de la temperatura en 1,5 grados y evitar así los efectos más catastróficos? El resultado fue mixto. Se logró un acuerdo que hace un llamado a “Transitar hacia un alejamiento de los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, de manera justa, ordenada y equitativa”.
Esto fue celebrado como el fin de la era del carbón, petróleo y gas, pero en verdad no llega a plantear su eliminación gradual como recomiendan los científicos, y permitiría que continúe su expansión, con tecnologías como la captura y almacenamiento de carbono que no han sido probadas en la escala requerida.
Si no se reduce el uso de combustibles fósiles, los efectos del cambio climático se intensificarán y será más necesaria la adaptación y compensar las pérdidas y daños. Pero en ambos temas los resultados de la COP28 quedaron cortos.
Si bien se acordó una Meta Global de Adaptación para aumentar la resiliencia de los países, el resultado no precisa el financiamiento y no permite un seguimiento de los compromisos. El tratamiento de los sistemas alimentarios, que se esperaba que tuviera protagonismo en la COP28, también decepcionó. Su incorporación es aún muy general y las negociaciones específicas sobre agricultura no avanzan pese a que 150 países firmaron una declaración para incluir a las emisiones de la agricultura y ganadería en sus planes climáticos nacionales. Lobistas de las corporaciones de la industria alimentaria participaron en la COP28 y se teme que intenten desviar las conversaciones hacía soluciones tecnológicas sin hacer cambios sistémicos.
¿Y qué rol cumplió el Perú? Perú propuso la creación de un fondo para la mujer indígena, y promovió que se haga operativo el fondo para pérdidas y daños, entre otras iniciativas. Pero internamente se promueven iniciativas que debilitan la capacidad del país para cumplir con sus compromisos climáticos.
Es el caso de los cambios a la Ley Forestal recientemente aprobados por el Congreso, que amenazan con agravar el tráfico de tierras y la deforestación -y lejos de solucionar los problemas de los exportadores de café, cacao y otros productos amazónicos-, en los próximos años ellos podrían enfrentar más obstáculos en los mercados internacionales al ser calificado nuestro país como de alto riesgo de deforestación y vulneración de derechos de pueblos indígenas.
Ya la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) rechazó esta norma y advirtió que no dejará ingresar a sus territorios a personas que pretendan destruir sus bosques amparados en esta ley, Esta norma es un autogol para el desarrollo agrario sostenible y la paz social en el país y debería reconsiderarse.
