Marisa Glave abogó por acabar con la “herencia neoliberal y colonial” en la relación del Estado con las comunidades indígenas y del agro. Se opone al TPP y anuncia un Gabinete de Bienestar Rural
(Agraria.pe) De verbo decidido e ideas claras. Así se le percibió a Marisa Glave, candidata al Congreso de la República por el Frente Amplio, durante su participación en el foro “Desarrollo Agrario Rural en el Periodo 2016-2021”, que organizó la Universidad Agraria La Molina.
En representación del partido liderado por Verónica Mendoza, recordó que el sector agrario es el que más presencia geográfica tiene y el que más empleo genera, remarcando que uno de sus grandes problema es la fragmentación, pues de 2.5 millones de productores, el 80% posee propiedades menores a 5 hectáreas. Además, las unidades agropecuarias tienen poco acceso al crédito.
Otro punto de referencia en su intervención fue el 46% de pobreza que hay entre la población rural, mucho más alta que el 15% que se encuentra entre la población urbana. Una diferencia que se deja ver también en los pésimos servicios públicos que se les ofrece a los primeros, y que corresponde sin embargo al sector que alberga nuestra más rica biodiversidad. Igualmente recordó que es el mundo rural el que más sufrió la destrucción del tejido social durante la guerra contra el terrorismo.
Cambio constitucional
Como respuesta a esta realidad, Glave propone trabajar en cuatro campos: Políticas Macroeconómicas y Sectoriales, Shock de Inversiones de alto Impacto en el Mundo Rural, Gestión de Territorio y Recursos Naturales y Desarrollo del Sentido de Ciudadanía en la población rural.
Para lograrlo, señala que se debe dar un cambio en la Constitución Política para incluir un Régimen Especial Rural, dando así una dimensión constitucional al cambio de relación entre el Estado y la población rural, dejando atrás las taras del colonialismo.
Esto permitiría la instalación de un Gabinete de Bienestar Rural, que esté presidido por la presidente de la República y que tenga como secretaría técnica al Ministerio de Agricultura y Riego.
Luego, apuntó las críticas hacia el actual gobierno por haber dejado a la agricultura al libre albedrío del mercado, lo que ha llevado a su descapitalización. Por ello, entre sus primeras medidas anunció el incremento por 10 del capital del Banco Agrario de 400 a 4 mil millones de soles.
Además, propuso la promoción de las estrategias asociativas y elevar el drawback de las exportaciones. Resaltó que todo esto debe complementarse con la reparación de toda la red de caminos rurales, un gasto que implicaría invertir lo mismo que en la Línea 2 del Metro de Lima.
Moratoria a proyectos mineros y de hidrocarburos
En otro momento, señaló al programa Mi Riego y propuso elevar su presupuesto de mil a 3 mil millones de soles e impulsar la Ley de Ordenamiento Territorial. Como parte de este esquema, señaló que propondrían una moratoria sobre los proyectos mineros y de hidrocarburos, para que no haya conflictos con éstos y la sociedad hasta que no se avance en el reordenamiento territorial.
La representante del Frente Amplio se mostró además a favor de la moratoria sobre las semillas transgénicas y se opuso al Acuerdo Transpacífico (TPP), punto que le valió un sonoro aplauso de la audiencia. Aseguró en esa línea que promovería una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y mejoraría los instrumentos de gestión ambiental, derogando en el camino las medidas que debilitan al Ministerio del Ambiente y al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Finalmente, propuso la creación del Distrito Electoral Indígena, la titulación de 20 millones de hectáreas y la interculturalidad de los servicios públicos. Además, destacó que debe cumplirse a cabalidad el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que pide el consentimiento y no solo la consulta a las comunidades sobre los proyectos que se desarrollarán en sus territorios.
Así “superaremos la herencia neoliberal y colonial”, concluyó.