(Agraria.pe) El Presidente de AGAP, Gabriel Amaro, participó en la Mesa Técnica “Crisis en el sector productivo del café peruano”, organizada por la congresista Silvia Monteza, con la participación de las congresistas Jenny Lopez y Elizabeth Medina.
Los principales temas tratados en este encuentro, en el que también estuvieron presentes representantes de Mincetur Perú, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú, Senasa Perú, Serfor Perú, Junta Nacional del Café, representantes del VRAEM y el alcalde de Jaén, fueron la nueva normativa de la Unión Europea, la actual regulación agraria que no se adapta a la realidad de los productores y empresas agrarias, la problemática de la ley forestal, ambiental, entre otras.
Durante su participación el presidente de AGAP, puso énfasis en la necesidad de contar con regulación que promueva el desarrollo del sector agrario. Así como también, la necesidad de corregir las leyes que atentan contra la competitividad del sector, las inversiones privadas y la seguridad jurídica.
Cabe recordar que Tomás Córdova, presidente de la Junta Nacional del Café adivirtó que el nuevo marco normativo europeo, que busca erradicar las importaciones desde orígenes donde no se desarrolla la trazabilidad y se causa deforestación, puede agravar las condiciones de vida de los productores peruanos ante la “desidia de las autoridades peruanas para la implementación de tales normas”.
En esa línea, apuntó días atrás que el Banco Mundial le dio un ‘jalón de orejas’ a las autoridades peruanas en su evaluación de la adaptación del país a las medidas que exige la Unión Europea.
“Ha reportado escasa coordinación entre ministerios vinculados a la actividad cafetalera y cacaotera, inclusive entre unidades operativas de un mismo ministerio, para abordar los desafíos que plantea la legislación europea. También señala que tal situación se agrava al no escuchar y atender a los gremios de agricultores que tienen voz y propuestas al respecto”, precisó el dirigente de la JNC.
Explicó entonces que uno de los mayores escollos es la legalidad de las fincas de las familias cafetaleras, pues el 60% carecen de títulos de propiedad, y están impedidos de alcanzar este derecho, debido a la exclusión establecida en la “Ley de forestal y fauna silvestre” (Ley N° 29763), que implica, de alguna manera, la expropiación de la tierra que los campesinos heredaron de sus padres y abuelos, y por cuyo uso o trabajo, deben pagar un canon, o merced conductiva. “Este es un abuso extremo que el Poder Ejecutivo y Congreso deben corregir de urgencia”, demandó el dirigente cafetalero.
