(Agraria.pe) La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) a fines del 2020 (reemplazada por la Ley N° 31087) generó que se paralizaran las inversiones en dicho sector en nuestro país.
El director ejecutivo de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro Alzamora, indicó que en el 2019 su representada tenía proyectado que se instalarían por lo menos 30 mil hectáreas de agricultura moderna en los siguientes 5 años en nuestro país; sin embargo, este panorama cambió y hoy no hay señales de nuevas inversiones.
“La Derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360) a fines del 2020 y la paralización de grandes proyectos de irrigación (Chavimochic III que irrigaría 60 mil hectáreas, Majes Siguas II que irrigaría 40 mil hectáreas, entre otros) evitaron dicha inversión”, sostuvo.
Agregó que cada hectárea de cultivo de agricultura moderna significa en promedio una inversión de US$ 50.000, por lo que se dejó de invertir alrededor de US$ 1.500 millones en este sector tan estratégico para el país; además dichas inversiones hubiesen permitido la creación de cientos de miles de empleos.
“En Perú se eliminó una ley de largo plazo (vencía en 2031) y se dio un pésimo mensaje a los inversionistas que en el país no hay estabilidad jurídica. Inmediatamente los inversionistas retrajeron sus inversiones y esas inversiones que teníamos proyectado para los siguientes años se esfumaron”, dijo.
“Dicha inversión traducida en divisas que tanto necesita el Perú, más la generación de empleo formal que habrían significado, la reactivación económica de las regiones, la descentralización económica y productiva, la inclusión de la mujer… ese el daño que se le causa al Perú cuando dejas de promover un sector tan importante”, añadió.
El director ejecutivo de AGAP indicó que la nueva Ley Agraria (N° 31087) también generó una serie de riesgos y sobrecostos innecesarios que le quita el carácter promotor al sector, lo que provocó que varias empresas quebraran debido al incremento de los costos productivos (aumento del impuesto a la renta y el incremento de 30% en el salario debido al bono BETA), mientras que otras empresas pasaron a la informalidad.
“Cuando el gobierno interviene el mercado subiéndote los costos de producción sin ningún sustento técnico, metiéndose en el espacio privado que depende de la posibilidad de cada unidad productiva, genera que estas al no llegar a tener los márgenes adecuados comiencen a cerrar o pasan a la informalidad”, comentó.
Agregó que otras empresas optaron por realizar cambios de cultivo, instalando productos o variedades con mayor rentabilidad. Al respecto, mencionó que algunas empresas ya no continuarán con el cultivo de espárragos, mientras que otras empresas han cambiado sus variedades de cítricos, arándanos y granadas por otras más rentables.
Otra consecuencia de la nueva ley agraria es que las empresas introdujeron en sus procesos mayor mecanización, por lo que no requirieron mano de obra. Esto último ya se aprecia en algunas operaciones en campo que han pasado de manuales a mecanizadas como por ejemplo la poda del arándano, el recojo de la cosecha de la palta, entre otros.
Trabajo público-privado
Gabriel Amaro destacó la necesidad que el Gobierno instale espacios de diálogo público-privado (como el Consejo Nacional para el Desarrollo Agrario y Rural creado la semana pasada) integrado por diversos actores, donde se trabaje para conseguir recuperar la competitividad y buscar crear un clima de negocios adecuados, y de esa manera dinamizar el sector y generar un crecimiento para todos.
“Necesitamos normativas que promuevan las inversiones, dar mensajes que generen un clima de negocio saludable y no hablar de expropiaciones, nacionalizaciones, nuevos impuestos, ni retiro de promoción. Debemos cambiar esa tendencia creciente de la informalidad en nuestro país debido a malas políticas públicas y a una serie de acciones del Gobierno. Actualmente la informalidad en el país es del 80%, cuando hace 3 años era de 70%”.
Dijo que el gobierno debe mejorar todas las regulaciones y eliminar los sobrecostos que no están basados en la productividad ya que eso nos quita competitividad y por consiguiente pérdida de mercados internacionales. Además, es necesario seguir abriendo mercados. Añadió que los cambios se deberían centrar en temas de los costos laborales y tributarios (los cuales aumentaron por la nueva ley agraria).
“El agro es un sector estratégico para todos los países, no es un sector económico cualquiera. En el mundo, al menos el 30% de la Población Económicamente Activa (PEA) se dedica a la agricultura; qué más estratégico que un gobierno le dé un carácter promotor a este sector”, aseveró.
El director ejecutivo de AGAP señaló que Perú tiene un enorme potencial en la agricultura, pero necesita gobiernos serios que sean aliados de la inversión, la cual es la única manera de traer riquezas a un país y de esa manera realizar una verdadera reactivación económica.
“La pobreza se reduce con políticas serias donde prime la productividad, competitividad y una regulación que sea mejor que la de otros países”. Recordó que muchas empresas peruanas han invertido en otros países de la región que otorgan normas promotoras para el agro.
Al respecto, señaló que en Colombia y Ecuador el impuesto a la renta es 0 para las inversiones agrarias, mientras que en Perú le quitamos incentivos sensatos a la agricultura formal y lo que estamos logrando con eso es que la informalidad aumente. “En vez de avanzar, retrocedemos”.
Amaro señaló que lo que debemos hacer como país es trabajar en conjunto para acelerar las condiciones para generar confianza en el sector y condiciones de competitividad para que continúen las actuales inversiones y vengan más inversiones al país y en ese proceso acelerar la incorporación de la agricultura familiar a las cadenas modernas agrarias de producción y comercialización.
En ese sentido, resaltó que estamos retrasados y hay mucho trabajo por hacer como lograr que todos los productores tengan acceso al agua, titulación de predio, regulaciones (ley agraria, ley de cooperativas, ley de aguas), modernizar el ministerio de agricultura, institucionalizar los espacios de trabajo público-privado, capacitación y asistencia técnica, acceso de crédito permanente, seguro agrario, entre otros.
“El tema es complejo, nadie tiene la formula exacta, pero si no se trabaja en conjunto entre el sector público y privado y si no se ve toda la cadena, ya que de por sí solo el pequeño productor no podrá salir adelante, no podremos erradicar la pobreza de nuestro país. Esto es una cadena y se tiene que intervenir para generar mejoras competitivas para todo el sector y no solo para el pequeño productor, lo cual no está mal, pero es incompleto”, finalizó.
Perspectiva para el 2022
Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Midagri) las agroexportaciones peruanas habrían sumado alrededor de US$ 9.000 millones en el 2021, lo que significaría un incremento de 15.8%.
El representante de AGAP indicó que, de enero a octubre del 2021, las agroexportaciones sumaron US$ 6.780 millones (agro tradicional US$ 536 millones + agro no tradicional US$ 6.244 millones), registrando un incremento de +19% frente a lo alcanzado en igual periodo del año anterior. Según dijo, esa tendencia habría seguido hasta diciembre.
En los primeros diez meses del 2021, los productos agrícolas despachados que más crecieron fueron las frutas y hortalizas frescas, que registraron un incremento en valor de 22%. Detalló que en uvas se registró un incremento de 20%, en arándanos +26%, en palta +40%, en mango +12%.
En ese sentido, dijo que en el 2022 -al igual que en el 2021- se va a crecer, esto gracias a las inversiones realizadas hasta el 2020. “Estamos en etapa de crecimiento gracias a las inversiones que se hicieron antes pero no es fruto del trabajo del gobierno anterior, ni del actual”, manifestó.
A pesar de que las proyecciones de las agroexportaciones para este año son positivas (no hay alerta sobre la presencia de fenómenos climatológicos como El Niño, la Niña o estrés hídrico), dijo que al igual que en el 2021 se pudo crecer más. Hay que recordar que en el 2017 la meta del sector era alcanzar los US$ 10.000 millones al cierre del 2021, lo cual no se logró.
