(Agraria.pe) La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) se pronunció sobre la aprobación por parte del Congreso del texto sustitutorio referido a la Ley del régimen laboral agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.
Según AGAP, el Congreso aprobó una nueva ley agraria con serias deficiencias técnicas, que pone en riesgo de desaparición a 200.000 puestos de trabajo formales directos e indirectos.
Además, lamentó que este miércoles 30 de diciembre, las carreteras vuelvan a ser bloqueadas, mientras se amenaza y agrede a trabajadores del agro que solo buscan asistir a sus centros de labores. Todo esto, mientras se multiplica información falsa con el objetivo de azuzar e instigar a la violencia en contra del Estado de derecho.
“Lamentamos estos hechos y nos solidarizamos con los cientos de miles de peruanos que son víctimas de estos hechos violentos, instigados por agitadores que creen estar por encima de la democracia, de la ley y de las responsabilidades ciudadanas que esta supone”, precisó AGAP a través de un comunicado.
En ese sentido, el gremio invocó a las autoridades a mantener la paz social. “No dejemos que grupos violentos les quiten a millones de peruanos el derecho a la vida y a la salud, el derecho al libre tránsito, el derecho al trabajo, y al acceso a suministros como medicamentos y oxígeno, cruciales en la actual situación”.
Empresas agroindustriales paralizan acciones
Por otro lado, diversas empresas agroindustriales con operaciones en la costa norte peruana paralizaron acciones debido a la ola de protestas, muchas de ellas violentas, que se vienen registrando en sus zonas de operaciones.
Así la Asociación de Agricultores Agroexportadores Propietarios de Terrenos de Chavimochic (APTCH) lamentó que agitadores políticos con intereses subalternos y que creen estar por encima de la ley, no se dan por satisfechos con lo decidido en el Congreso de la República, y pretenden imponer su voluntad por la fuerza, tomando carreteras, destruyendo fundos y plantas industriales, golpeando y reteniendo contra su voluntad a trabajadores.
Además, señaló que el Gobierno no está cumpliendo su deber de garantizar la tranquilidad y seguridad públicas a las que todos tenemos derecho, razón por la cual se han visto obligados a suspender actividades hasta que existan las garantías de retomarlas.
La APTCH lamentó que esta medida afecte a decenas de miles de trabajadores poniendo en riesgo el sustento de sus familias en medio de la difícil situación por la que atraviesa nuestro país.
“Quienes hoy instigan y ejecutan actos violentos no hablan en nombre de los cientos de miles de trabajadores agrarios que solo quieren cumplir sus labores en el campo en paz, ni tampoco en nombre de aquellos que, de forma pacífica, levantaron su voz de protesta hace unas semanas contra los abusos y prácticas de malas empresas que no representan los valores de nuestro sector. Los responsables de lo que sucede hoy no son más que agitadores políticos y promotores de actos delictivos en el campo que lo único que buscan es desestabilizar al país para su propio beneficio y sin importar que eso pueda costar vidas de peruanos”, manifestó.
En ese sentido, solicitó al Poder Ejecutivo cumplir con su deber, declarando el Estado de Emergencia en las zonas de la región La Libertad afectadas por la violencia por la causal específica de “perturbación de la paz o el orden interno” conforme a lo previsto en el artículo 137° de la Constitución y que, conforme a la misma norma, las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno para reestablecer la paz social y el libre tránsito.
“Nada debe amenazar el suministro a todo el país de alimentos, medicamentos y oxígeno, crucial en la actual situación”, finalizó el comunicado de la APTCH.
Por su parte, la empresa Camposol lamentó la situación de inseguridad e incertidumbre por la que vienen atravesando sus colaboradores y sus familias, comunidades vecinas, empresas, autoridades y todo el país en general, debido al bloqueo de carreteras, daños a la propiedad pública y privada, actos de violencia contra las personas y autoridades, los cuales se han agravado y acrecentado en los últimos días.
La empresa agroindustrial señaló que dichos actos de violencia son realizados por un grupo de personas que no representan a los trabajadores de ninguna de las empresas agroexportadoras, sin embargo, estos hechos impactan directamente en la economía y tranquilidad de muchas familias que dependen de este sector.
“Por ello, y para asegurar la seguridad e integridad de nuestros trabajadores, nos hemos visto obligados nuevamente a mantener paralizadas nuestras operaciones, pues vemos que no existen las garantías necesarias para regresar a nuestros fundos y planta. Continuaremos con esta decisión hasta contar con todas las medidas necesarias para que podamos regresar a trabajar en orden y paz”, sostuvo.
Asimismo, pidió a las autoridades solucionar lo más pronto posible todos estos temas, por el bien del país y de muchas familias que forman parte del sector agroexportador. “No olvidemos que nuestro país es uno de los principales exportadores de productos a nivel mundial”, destacó
Por su parte, la empresa Danper señaló que nuevamente se registran actos de violencia, destrucción y atentados contra la integridad de los trabajadores de las empresas agroindustriales, negándoles el derecho a trabajar y a la libertad de tránsito de la población en general.
Destacó que “estos actos vienen siendo promovidos por grupos minoritarios que no representan aquellos trabajadores que - de forma pacífica- hacen uso de su derecho legítimo a reclamar para que se respeten sus derechos humanos y laborales vulnerados por parte de empresas cuyo accionar deplorable es rechazado categóricamente por nuestra empresa”.
Danper condenó el accionar repudiable de malos elementos que buscan sembrar el caos, el desgobierno, desconocer el principio de autoridad, destruir la propiedad privada y afectar la economía familiar y nacional. En ese sentido, se solidarizó con los trabajadores, vecinos y comercios injustamente afectados por estas amenazas, medida de fuerza y coacción, así como con aquellas personas que no pueden movilizarse libremente rumbo a su destino y vienen sufriendo la escasez de bienes y suministros como resultado de estos actos de violencia promovidos por estos grupos minoritarios.
Al igual que Camposol, Danper también indicó que ante esta realidad de inestabilidad e incertidumbre que vive el país debido a la crisis social y política están obligados a volver a suspender labores en sus sedes como medida para proteger la vida y la integridad física de sus trabajadores. Esta medida continuará hasta que las autoridades vuelvan a instaurar el orden público y garantizar la seguridad de todas las personas que trabajan en la empresa y viven en las comunidades afectadas.
“Reiteramos nuestro llamado las autoridades para que cumplan con su deber de velar por el orden interno, restableciendo el orden público a fin de preservar la gobernabilidad en paz social, como todos los peruanos merecemos y, en particular, como demandan y merece las más de 35.000 mujeres y hombres del agro de la libertad que hoy, injustamente, se ven afectados por estos actos de fuerza y que solo esperan volver a trabajar”, sostuvo.
Además, destacó que cuentan con certificaciones internacionales únicas en el Perú y Latinoamérica como la SA8000 que ratifica su compromiso con la protección de los derechos humanos y laborales de sus trabajadores, la certificación EDGE que garantiza la equidad de género en la organización, entre otras certificaciones en los ámbitos económico social y ambiental.
A su turno Virú S.A. lamentó la situación de incertidumbre y zozobra por la que vienen atravesando sus colaboradores, comunidades vecinas, comercio, empresas, autoridades y todo el país en general; quienes ven amenazados su integridad física, libertad de tránsito derecho a laborar y la paz social con la que siempre conviven.
“En Virú S. A. rechazamos totalmente los actos de violencia, la toma de carreteras y el vandalismo de un grupo de personas que no representan a los trabajadores agrícolas de las empresas formales, y que tan solo generan retraso y obstrucciones al desarrollo de la agroindustria en nuestro país, impactando directamente en la economía de tantas familias que dependen de este sector”, destacó.
Al respecto, dijo que, con el propósito de preservar la seguridad y tranquilidad de sus trabajadores, decidieron paralizar sus operaciones agrícolas e industriales a nivel nacional hasta el día lunes 4 de enero del 2021, debido a la falta de garantías necesarias para continuar sus labores con seguridad.
También señaló que esperan que esta situación se resuelva con medidas inteligentes, resultado de un profundo análisis sin compromiso con el largo plazo de una industria que, con esfuerzo, colocó el nombre del Perú y la calidad de sus productos en el mundo, y que, de manera formal, es el soporte para el progreso de miles de familias de agricultores peruanos, proveedores y demás empleos que generan de manera indirecta.
