Iniciativa busca sancionar penalmente a los que adulteren y comercialicen insumos agrarios; asimismo, a los que vendan insumos prohibidos por Senasa.
(Agraria.pe) En entrevista para Agraria.pe, el congresista Jesús Hurtado Zamudio dio mayores alcances sobre su Proyecto de Ley 1111 e informó que el 10 de mayo de 2012, presentó esta iniciativa, con la que pretende incluir en el Título de Delitos contra el Orden Económico del Código Penal, tipos penales para sancionar la adulteración de insumos agrarios, como abonos y fertilizantes, y la comercialización de insumos agrarios prohibidos.
“El sector agrario constituye el 25% de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada. Sólo la pequeña agricultura generaría 10 millones de puestos de trabajo, especialmente en los lugares más pobres del país. Por su parte, Conveagro estima que 2 millones 300 mil familias se dedican al desarrollo de actividades agropecuarias y que el 80% de los alimentos consumidos en Perú son aportados por los pequeños productores. ¿Entonces, es importante el sector agrario para el crecimiento económico y el desarrollo humano del país? Sí, si lo es”, aseveró.
Recalcó que el Proyecto de Ley 1111 es impulsado por esta importancia del sector para la economía y porque en varias zonas de la sierra hay cientos de denuncias de casos de adulteración o venta de insumos prohibidos, que no solo atentan contra la economía del productor, sino la salud de las personas, de los animales y, sobre todo, afecta a las tierras, que demoran hasta por 10 años en degradar dichas sustancias nocivas.
“En la sierra, cuando la gente va a comprar fosfato, potasio y nitrato para utilizarlos en la fertilización de sus tierras, en vez de venderle estos insumos, le venden productos con ladrillo molido o sílice pintado. Por otro lado, también sabemos de muchos casos, en el que empresas comercializan sustancias proscritas como el Monocrotofos, el Heptacloro, o el Hexaclorobenceno, que ingresan al país como contrabando y causan infertilidad, intoxicación, lesiones hepáticas y en el sistema nervioso central, que ya han sido prohibidos en Perú y muchos otros lugares del mundo”, precisó.
El congresista Hurtado indicó que la Comisión de Justicia del Congreso de la República aprobó el Proyecto de Ley 1111 y que ya ha sido incluido en el nuevo Código Penal, que está esperando ser debatido y aprobado en el Pleno; en los artículos 362, que dice literalmente que el que altera o modifica la calidad, cantidad, peso o medida de artículos considerados oficialmente de primera necesidad e insumos agrarios, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con 90 a 120 días multa.
Y el artículo 364, que establece que el que pone en venta, entrega o negocia de cualquier manera bienes recibidos para su distribución gratuita o insumos agrarios prohibidos, con el fin de obtener ventaja económica o cualquier otro tipo de beneficio, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
“Nosotros sabemos que en casi todas las regiones de la sierra hay muchas denuncias de estos casos, que perola mayoría de ellas no han pasado ni han llegado a ningún proceso penal. No hay alguien preso por estos delitos, que perjudican gravemente a la población, como ya hemos explicado; porque no está tipificado”, apuntó.
Finalmente, añadió que el rol que espera asumir la iniciativa es subsidiaria a la débil acción de gremios privados y la Autoridad Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). En síntesis, lo que se busca, además, es sensibilizar y fomentar una acción y un gran compromiso público-privado contra agroquímicos adulterados y prohibidos como el que se ha logrado en Bolivia y Colombia.
