Desde la CNA alegan que la ley dará potestad para trasladar la gestión del recurso hídrico a operadores particulares y que el gobierno con el pretexto de vigilar los problemas de gestión en la Juntas podrá interferir en estas.
Por: Redacción
Lima, 27 de enero 2014 (Agraria.pe) La Confederación Nacional Agraria del Perú (CNA) publicó un comunicado que cuestiona la promulgación de la Ley de Organización de Usuarios de Agua (Ley N° 30157), ya que según dice pretendería allanar el camino para la privatización del Agua de Riego a costa del debilitamiento de las organizaciones de gestión del agua.
En ese sentido, en el comunicado la CNA cuestiona que dicha ley haya sido aprobada por el Pleno del Congreso sin haber sido debatida antes en las comisiones Agraria ni de Economía del Parlamento; sin haberse consultado a las comunidades indígenas al ser una medida que las afecta directamente; y sin haber sido discutida con los representantes de las organizaciones campesinas que integran el Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
“Con esta ley, los dirigentes de las juntas de regantes deben ser elegidos por votación universal bajo supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), requiriéndose una concurrencia mínima de 35% de los usuarios. Sin embargo, dicha medida no toma en cuenta que algunas juntas pueden superar los 5 mil usuarios y demandaría enormes esfuerzos la congregación de los mismos”, detalla el comunicado.
Asimismo, señala que otorgando “el derecho de voto universal a todos los usuarios” se les quita autonomía a las juntas y permite la participación de los usuarios que no pagan su cuota o no colaboran con el gremio.
El comunicado dice que la nueva ley señala que el número de miembros de los Consejos estará determinado por la ANA en función al número de usuarios de cada sector hidráulica. Sin embargo, la CNA destacó que en la actualidad las juntas tienen comisiones de regantes, que canalizan reclamos en cada distrito y sus representantes eligen a los directivos de la junta.
“La ley señala también que la ANA exigirá que las juntas de Regantes y su directiva se inscriban a Registros Públicos. En el artículo 11.2 se pide la contratación de un equipo técnico y administrativo especializado para la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica, cuando sabemos que 90% de las juntas no tiene recursos para contratar ese tipo de profesionales e implica su privatización”, reclama.
En ese sentido, manifiesta que con estas medidas se centraliza todo el poder en la ANA y se pone en riesgo el acceso al agua, ya que el artículo 12.2 establece que en caso de incumplimiento reiterado de parte del Consejo Directivo, la ANA podrá suspender su autorización y convocar a nuevas elecciones que podría generar la paralización de la provisión del agua.
“Desde la CNA, como gremio que representa a las familias de la pequeña y mediana agricultura, nos pronunciamos frente a este intento del Estado de asumir el absoluto control sobre el Agua en nuestros territorios y abrir las puertas indiscriminadamente a la privatización, ya que pone en riesgo el control de la gestión por parte de los usuarios, dando facilidades a la privatización de la gestión de la misma, pues la cuestionada ley permite encargar la gestión del agua a una entidad particular, que finalmente es una forma encubierta de privatizar”, sostiene el comunicado.
Igualmente, la CNA alega que esta ley dará potestad para trasladar la gestión del recurso hídrico a operadores particulares y que el gobierno con el pretexto de vigilar los problemas de gestión en la Juntas, podrá interferir en estas. “Conocedores de que este gobierno vela más por los intereses de los grupos de poder económico se corre el riesgo de que la gestión del agua pase a estas manos”, afirma.
