El día de ayer me apersoné a la agencia de SENASA en Casma. Necesitaba una información importante para mis gestiones: saber cuántos fundos monitoreados de mango existen en la zona de Cachipampa y cuántos están habilitados para la exportación. Me atendió la Srta. recepcionista quien luego me indicó que converse con los ingenieros (cinco de ellos enfrascados en ordenar mil papeles) luego uno de ellos con poca amabilidad me indicó que debía de hablar con la secretaria de la agencia, la secretaria amablemente me dijo que hable con otro ingeniero. Ante todos me presenté y entregué mi tarjeta personal, al final convenimos en que la última persona requerida me enviaría la información por email.
Debo reconocer que supuse que nunca se comunicarían conmigo. Pero al final del día recibí un email de la secretaria de la agencia indicándome que debía hacer la solicitud formalmente al correo electrónico del director de la oficina regional con copia a ellos para que puedan atenderme. Supongo que de enviar este correo por fin me enviarán la información.
De lo anterior tuve que hablar con cuatro personas, luego haber enviado un email para posiblemente recibir una información que debe ser lo más pública y disponible posible. Pero a pesar de esto, demorar dos días para obtener una información debe ser un tiempo excelente en una gestión con el sector público fuera de Lima y también debo reconocer que me agradó que por lo menos me informaran vía email del procedimiento a seguir. Lamentablemente yo necesitaba la información en ese mismo momento por lo que esperar un día más no me ayudaba (afortunadamente pude consultar al ingeniero Fernando Flores quien conoce muy bien la zona). Quizás debí haber solicitado la información con mayor anticipación.
No me preocupa la razonable demora del SENASA, sino me preocupa ver a cinco ingenieros ocupados en temas documentarios, es como cuando uno acude a la comisaria y todos los policías están ocupados en temas administrativos, cuando esa tarea puede ser perfectamente realizada por personal civil. Muchos funcionarios especialistas tienen demasiada carga administrativa lo cual los aleja de la interacción con el día a día del mundo real. También hay que decir que probablemente este proceso sólo se da en época de cosecha donde las solicitudes de MACs y certificados fitosanitarios sobrepasan la capacidad operativa de una agencia de sanidad. En fin, lo dejo para análisis de los buenos directores que tiene el SENASA.
Previo a mi viaje a Casma, visité el puerto de Ancón para almorzar (ruego que Fausto Robles no me pregunte cuánto gasté en el almuerzo) allá resalta la férrea oposición que tienen los pescadores y dueños de restaurantes del balneario hacia la construcción del puerto (líquidos y granos) hasta la señora que cuidada los autos estaba muy en contra del probable puerto. Sobre este punto todos sabemos que la infraestructura, entre ellas la portuaria, es muy importante para el país y por lo general la apoyamos y promovemos, sin embargo hasta ahora no entiendo por qué razón ese puerto no se puede hacer veinte, treinta o cuarenta kilómetros más al norte y dejar a mucha gente de Ancón tranquila y por añadidura llevarle algo de desarrollo a Chancay.
Lo de la reciente aprobación en la comisión agraria del congreso sobre el dictamen del proyecto de Ley que ordena que las acciones, que eran de propiedad del estado, y que recientemente se han transferido a los trabajadores, tengan un plazo de latencia de dos años para proceder a su venta, se contrapone con el argumento utlizado para entregar esas acciones. Que transfiriéndolas directamente - a los trabajadores - los posibilitaba a hacer líquidas esas acciones vendiéndolas en la BVL (sin las limitaciones que tiene el estado para vender en bolsa) y así poder cobrarse sus adeudos laborales.
Pareciera que la comisión agraria del congreso se burla del Ejecutivo y más aun da una clara señal de estar subyugada a los intereses particulares de algunos administradores judiciales de las azucareras. Actualmente el azúcar está en su mejor precio histórico y es un buen momento para vender. Pero la principal razón de la irracionalidad de este proyecto de Ley es que el estado está interfiriendo sobre el derecho legítimo que tiene un accionista de vender sus acciones cuando le dé la gana.
La moratoria de vender estaría interfiriendo en una real y eficeinte estructura patrimonial de la empresa privada, lo cual también es un mal precedente, debilita nuevamente al mercado de valores, venido a menos también por los continuos fallos judiciales que interfieren en las operaciones bursátiles. Esperamos que el pleno del congreso corrija estos exabruptos en las comisiones.
Finalmente los bonos de reforma agraria deben ser plenamente reconocidos como deuda del estado a muchos peruanos que fueron expropiados por el “interés nacional” sin pago de justiprecio de por medio. Justiprecio que sí fue pagado a las empresas extranjeras que fueron expropiadas. Reconocer la deuda afectará la caja fiscal, por eso puede hacerse un cronograma de pagos a diez años o la alternativa de pagar la deuda con certificados tributarios negociables. Certificados que puedan ser canjeados contra obligaciones del pago anual de impuesto a la renta, donde cada año sólo pueda descontarse hasta un 10% del valor de la deuda reconocida. Es una alternativa que permitirá en diez años salir de este tema y cerrar de una vez por todas las heridas que dejó la reforma en un sector de la población que con razón puede ver injusto que las azucareras se “entregan” a otros privados ya sea por “fallos judiciales” o “decretos de urgencia” sin que haya mediado un reconocimiento efectivo de la deuda con ellos.
Jueves, 10 de marzo del 2011
