(Agraria.pe) En septiembre de este año, la Comisión Europea empezó a discutir un proceso de regulación para los mercados de commodities y la especulación de precios mínimos, como parte de su política general de Pacto Verde. La propuesta incluye todo un marco legislativo específico para frenar la deforestación y degradación de bosques que genera la agricultura basada en deforestación, con especial foco en ganado, cacao, café, aceite de palma, soya y madera.
Es así que el Parlamento Europeo votó finalmente a favor de incluir estas regulaciones en su legislación, planteando una serie de requisitos como la geolocalización y la trazabilidad de los productos, aspectos que requieren inversión y especialización que no son características de los productores de pequeña escala como los peruanos en los ámbitos del café y cacao. El acuerdo debe ser ratificado en diciembre y entraría en vigencia desde 2023.
Geer van der Bijl, con más de 20 años de experiencia en el sector agrícola de Países Bajos y siete años en el Ministerio de Agricultura de ese país, es actual Consultor Senior en Políticas de la Unión Europea para Solidaridad. Estuvo en Perú en el marco de la conferencia “Implicancia de la regulación europea sobre deforestación en las cadenas de café y cacao”, organizada por ADEX, Conservación Internacional, Solidaridad y Tropical Forest Alliance. Agraria.pe conversó con él para tener claro el panorama que pueden enfrentar los productores peruanos con esta nueva normativa en el Viejo Continente, un mercado clave.
Puede haber un gran impacto
“La Comisión y el Parlamento Europeo están trabajando en una propuesta que podría acordarse ya en diciembre de este año para garantizar que todos los productos que están vinculados a deforestación como madera, aceite de palma, granos de soya y cacao deban estar libres de deforestación. Si deseas exportar a la Unión Europea debes probar dónde se produjo, ser trazable desde Europa y probar que no hubo deforestación después de diciembre de 2020”, señala el especialista holandés.
Desde su perspectiva, este acuerdo podría tener un gran impacto en los productores y comercializadores de Perú porque el 70% del cacao peruano va a Europa, así como un buen porcentaje del café nacional. “Y si deseas vender ahí, debes cumplir estas normas o sino vender en otros mercados con menos valor”, advierte. Por ello, hace un llamado a los productores, comercializadores y ministerios involucrados en el país para que estén atentos a estos cambios y se preparen de tal forma que eviten impactos negativos en los agricultores.
Para Geer van der Bijl estamos ante un hecho que se va a dar de todas maneras y donde no habrá retroceso, al punto que considera que las certificaciones sobre deforestación que puedan existir en el mercado no marcarán diferencia en el comercio con Europa ya que ningún producto vinculado a la deforestación podrá ingresar de plano a competir. “La cero deforestación de un producto no significará ningún premium”, dice.
Durante el evento, el ministro de la Producción Jorge Luis Prado sostuvo que ya su sector trabaja con las organizaciones de productores peruanos para afrontar esta realidad, pero que buscaban reunirse con la contraparte europea para solicitar apoyo, incluyendo el acceso a fondos que permitan solventar las mejoras que la nueva legislación requiere. Sobre este punto, el especialista de Solidaridad señala que se propuso una enmienda al Parlamento Europeo que fue aceptada por mayoría, pidiendo un presupuesto con este fin. “La pregunta ahora es si la Unión Europea lo materializará”, comentó. Representantes de Alemania, Países Bajos y Suecia se han mostrado comprensivos, sostuvo, especialmente con la idea de que todo el peso de las obligaciones no sea asumido por los productores.
Carta de protesta
En julio de este año, 14 países productores, inluyendo Perú, enviaron una carta a los legisladores europeos expresando su preocupación por esta propuesta. Señalaron en dicho documento que se trataba de una medida unilateral de la Unión Europea sin tomar en cuenta las condiciones locales ni la legislación de cada lugar.
Otro punto en contra es el sistema de “benchmarking” o tabla de comparación entre países, donde cada nación productora será clasificada según sus diversos estándares, lo que plantea un esquema discriminatorio y punitivo, que además generará distorsiones en el comercio sin real beneficio al ambiente. Por el contrario, lo más probable es que penalice a pequeños productores, especialmente, y socios de menor calado en cooperativas o pequeñas empresas.
También señalan la carga que significará la implementación costosa de los mecanismos de cumplimiento debido, que incluyen trazabilidad y sistemas de geolocalización. Todo esto, sin concordancia con la Organización Mundial de Comercio.
