Los economistas están dando harto debate últimamente. En primer lugar está el estudio del IPE que indica que entre los años 2011 y 2014 se habrían perdido USD 62.5 mil millones de PBI debido al retraso en la ejecución de proyectos mineros; sean estos por conflictos sociales y/o trabas burocráticas.

La cifra anterior obedece al cálculo del costo económico estimado en base al monto que se deja de invertir y al valor de mercado de los minerales que hubiéramos producido; luego se aplica un factor (1.44 y 1.47) para convertir montos de inversión y producción en valores de PBI.

A mi parecer, el estudio del IPE no toma en cuenta un elemento que diferencia a la minería del agro. Si el metal no lo sacamos hoy, lo podemos sacar en 5 o en 10 años; en la medida que el proyecto siga siendo viable para el privado. En el agro no sucede esto, porque la producción agrícola es a perpetuidad, si un campo no se siembra por algunos años, esa riqueza perdida no la podemos recuperar más adelante.

El estudio del IPE debería basarse más en calcular los efectos de diferir una inversión minera que en solo costear el impacto total de la inversión y la producción; a menos que se crea que alguna inversión retrasada acabará enfriada eternamente.

En términos financieros, el impacto de diferir una inversión minera sería el importe del diferencial de traer a valor presente esa inversión y producción en el año que finalmente se realicen restándolas del monto que se había estimado para cada año. El asunto está en qué tasa de descuento usar, allí se podría utilizar por ejemplo la tasa mínima de rendimiento que le exige el MEF a cualquier proyecto de inversión pública.

Hernando De Soto

Siempre que escucho a Don Hernando de Soto; me viene a la mente un arquitecto que elucubra una estructura impresionante pero técnicamente imposible de hacer con la tecnología disponible. De Soto necesita al “ingeniero civil” que le haga los cálculos exactos, primero para saber el beneficio/costo de sus propuestas, pero lo más importante es para determinar si sus recetas se pueden aplicar o no.

Quién podría estar en contra de la formalización de la propiedad o de darle derechos de propiedad a activos que están sub-aprovechados en el Perú. El problema es que De Soto quiere comerse una vaca entera, cruda y de un solo bocado.

Qué hacemos promoviendo derechos de propiedad en sistemas complejos como la minería informal, si solo el 30% de los predios rurales están titulados en el Perú. Si la maraña de saneamiento legal de los predios se ha hecho más crítica con la transferencia de competencias a los gobiernos regionales. Si el derecho a la propiedad nunca ha sido tan débil como ahora, donde cualquier avezado inescrupuloso puede quitarte una propiedad quizás coludido con un notario y un COFOPRI al que se le escapan las tortugas.

Hernando de Soto ayudaría más impulsando la mejora institucional del sistema de saneamiento y registro público de la propiedad. Mientras tanto, no queda otra que darle cárcel efectiva a todo aquel que contamina nuestros ríos o suelos con insumos y relaves tóxicos. Palo ahora, y después nos ocuparemos de la zanahoria.

Adicionalmente, nuestro país tiene temas identificables donde es prioritario empezar a dar derechos de propiedad y nadie se ocupa de ellos.

Por ejemplo, el agua debería tener derechos de propiedad, de esta forma el agricultor podría vender el agua que le sobra y así tendría un estímulo para invertir en tecnificación del riego. Pero lo más importante es darle derechos de propiedad a quien invierta en hacer disponible nuevas fuentes de agua. Si invierto en hacer una represa para evitar que el agua se pierda en el mar, entonces debería ser dueño de esa agua y poder venderla a perpetuidad; desde luego esto incluye trasvases del agua que se pierde en el atlántico.

Hay cierto nivel de esquizofrenia con respecto del agua dulce; ahora es un recurso escaso porque desalinizar el agua de mar tiene un costo relativamente alto (1 USD por cada 1,000 litros) sin embargo en la medida que la ciencia vaya encontrando fuentes más baratas para producir energía y/o procesos más eficientes para desalinizar, entonces se dispondría de una fuente inagotable de agua. Se deben bajar los costos de desalinizar hasta llegar a valores digeribles para el agro (cercano a 0.1 USD por cada 1,000 litros).

Otro tema importante que requiere hacer el país, es dar derechos de propiedad en la selva para sustentar proyectos forestales. Incrementemos los parques nacionales, las reservas ecológicas y las zonas de amortiguamiento, pero hagamos de una vez una zonificación económica donde se determine en qué territorio se pueden instalar plantaciones forestales donde se pueda vender las tierras a los inversionistas (grandes y pequeños). Las concesiones forestales no funcionan y generan ineficiencia económica.

De la mano con lo anterior, es necesario darle derechos de propiedad a las comunidades campesinas e indígenas y permitirle por medio de un proceso simplificado (un esquema equivalente al de las iniciativas privadas) que en la práctica, le permita a la comunidad vender o transferir parte de sus tierras en un proceso justo, supervisado y trasparente.

Necesitamos brindar derechos de propiedad sobre las vicuñas para que el privado pueda cuidar de ellas y asegurar su sostenibilidad. Debemos dar derechos de propiedad para el que capture CO2 de la atmósfera, pueda cobrarle a los contaminadores industriales en un esquema de obligatoriedad legal.

Necesitamos una discusión nacional sobre derechos de propiedad, pero por favor empecemos por lo más necesario para el país.