La editorial de la última edición de Agronoticias plantea gratamente la propuesta de un fondo de contingencia para el agro (la constitución permite priorizar a nuestro sector).
Ciertamente cada vez que se empieza a enfriar la economía sale a discusión la necesidad de una expansión del gasto fiscal para compensar el menor gasto e inversión privada. Algo que por cierto nunca entendió un Ministro de Economía del gobierno anterior que por el contrario redujo inexplicablemente el gasto.
De otro lado se escucha que hay que hacer la gran infraestructura para reactivar la economía, algo que por cierto es necesario hacerlo, pero sin limitarnos a, dado que mientras se hacen los expedientes, se convoca y se adjudica ya nos habrá llegado la misa de la tarde… pero del 2016.
Otra realidad seria si se piensa en numerosos pequeños proyectos de infraestructura física o productiva que se puede hacer en el corto plazo, y aquí estamos desperdiciando el mecanismo de los núcleos ejecutores para masificar la construcción de canales, reservorios, caminos, centros de acopio, andenes, reforestación, cobertizos, cosecha de agua, implementación de escuelas etc.
El Estado necesita inyectar a la economía, en los siguientes meses, no menos del 2% del PBI para no desacelerarnos y no perder la sana inercia de crecer por encima del 6%. Este 2% representa aproximadamente USD 4,000 millones; y de paso quitarle el potencial sambenito al MINCETUR a quienes algunos le podrían achacar coyunturalmente la caída de las exportaciones.
Pero cómo inyectar tal cantidad de liquidez al país sin afectar el tipo de cambio, no generar inflación, déficit fiscal y en el camino mejorar la competitividad del país y el DOING BUSINESS.
Hay opciones como hacer efectiva la devolución del FONAVI, pagar los bonos de la reforma agraria -o parte de ella- con créditos negociables de pago del impuesto a la renta del 2015, 2016…, acelerar el proceso de reparaciones colectivas por la violencia terrorista, pagar deudas a trabajadores públicos y entre entidades públicas por ejemplo a ESSALUD, adelantar el reconocimiento de beneficios laborales a trabajadores CAS etc.
Pero dentro de lo que nos atañe a nosotros está la propuesta del MINAG para dar un pequeño fondo de capital de trabajo a los productores rurales y así ayudar a capitalizarlos, lo que se puede complementar con núcleos ejecutores para la numerosa obra menuda que favorezca las actividades productivas o un gran programa de forestación en costa y sierra; esto último con cargo al presupuesto del programa MI RIEGO el cual difícilmente se ejecutará por completo este año (vía decreto de urgencia).
De forma paralela se debe poder incluir a los proyectos forestales dentro de los proyectos susceptibles a ejecutarse bajo el mecanismo de obras por impuestos, proyectos que deberán hacerse en tierras de comunidades campesinas; ya que el cambio climático, la conservación de las cuencas y el mejor aprovechamiento del territorio inutilizado se ha convertido en un bien público por las innumerables externalidades positivas que esto conlleva.
Un proyecto forestal tiene la ventaja que puede empezarse muy rápido: implementación del vivero, trabajo de suelos, caminos etc y además permitirá subvencionar por única vez una actividad que será sostenible por siempre.
También está la posibilidad de crear una línea de crédito dentro del Estado para que los gobiernos regionales y municipales puedan adelantar parte de los ingresos del canon futuro proyectado (traído a valor presente) y transferírselo a los pequeños productores bajo el mecanismo del PROCOMPITE. De esta forma se genera un mejor clima para las inversiones mineras.
Ciertamente el gasto inmediato que se pueda hacer en pequeña infraestructura y proyectos productivos mejora la competitividad del sector rural y por lo tanto se constituye en inversión. Claro está que… soñar es gratis.
Lima, 31 de mayo del 2013
