Según cifras oficiales (INEI) y que han sido difundidas ampliamente por los medios de comunicación, en el 2023 la pobreza (monetaria) en el Perú aumentó hasta el 29% desde un 27,5% del año anterior (alcanzando a más de 9.78 millones de peruanos). Por su lado, la pobreza extrema llegó a representar el 5,7% de la población, habiendo sido 5% en 2022. En su dimensión regional, en 11 regiones la pobreza está por encima del 30%, mientras que, en cuatro, es superior al 40% siendo Cajamarca el caso más notorio (44,5%), seguido por Loreto (43,5%), Pasco (41,7%) y Puno (41,6%).
Más recientemente se ha publicado el informe de la FAO “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, donde se reporta que el 51,7% de la población peruana enfrenta inseguridad alimentaria moderada o severa, abarcando a aproximadamente 17.6 millones de personas (lo cual coloca a Perú por encima del promedio regional). La inseguridad alimentaria en Perú afecta tanto a las áreas urbanas como rurales, aunque es en estas últimas donde se observa una mayor concentración de personas en situación de vulnerabilidad. La pobreza, el limitado acceso a alimentos nutritivos y la dependencia de la agricultura de subsistencia son factores clave que agravan esta situación en las regiones más alejadas y con poco acceso a servicios de todo tipo.
Ante esta situación se debería tener una respuesta a través de políticas específicas por parte del gobierno. La pregunta que surge es: ¿en qué parte del Estado se encuentra el mandato de combatir la inseguridad alimentaria? sobre todo en la situación actual que, por los indicadores mostrados, es bastante grave.
Revisando el marco institucional para afrontar esta problemática se encuentra que desde el 2012 existe la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COMSAN) creada mediante Decreto Supremo N.º 102-2012-PCM, que es presidida por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y está conformada por catorce miembros (varios ministerios y algunas instituciones de la sociedad civil).
En este marco se han elaborado diversos instrumentos de “gestión” para afrontar la inseguridad alimentaria en el país. Por ejemplo, existe como antecedente, el Plan Nacional de Nutrición y Alimentación 1998-2000 y la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004 – 2015, de las cuáles no se conoce que resultados se obtuvieron. En el desarrollo del trabajo de la COMSAM ahora se cuenta con la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley N.º 31315) que data del 2021 y su reglamento aprobado vía un Decreto Supremo, en febrero del 2024 (casi cuatro años después). Asimismo, se ha elaborado la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2013-2021 (cuyo antecedente es la “Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004 - 2015”) y el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021, en teoría aún vigentes los dos últimos instrumentos, conforme a lo previsto en la Ley N.º 31315. Estos “instrumentos de política” no han tenido una evaluación de los resultados obtenidos.
Revisando los objetivos planteados en la estrategia se encuentra que el Objetivo General era Garantizar que la población logre satisfacer, en todo momento, sus requerimientos nutricionales. Los objetivos específicos se planteaban así: i) Garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario e hidrobiológico, inocuos y nutritivos con un nivel de producción adecuado; ii) Asegurar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para toda la población, preferentemente a la más vulnerable; iii) Asegurar el consumo adecuado de alimentos inocuos y nutritivos, respetando los hábitos alimenticios y la interculturalidad de cada región; iv) Garantizar medidas de adaptación a manifestaciones del cambio climático y prevención y contingencias frente a eventos como plagas y enfermedades, factores de mercado, situaciones de conflicto y otros que pudieran generar crisis de inseguridad alimentaria; v) Implementar un marco institucional y programático sobre seguridad alimentaria y nutricional en los tres niveles de gobierno.
¿Qué tanto de esto se ha podido alcanzar de estos objetivos? ¿Qué elementos de política agraria se han trabajado e implementado, dado que el MIDAGRI tiene el encargo directo de esta problemática? ¿Qué elementos concretos se plantean en la actualidad? Al parecer se ha avanzado muy poco, a la luz de los indicadores de pobreza e inseguridad alimentaria que se han estado discutiendo las semanas anteriores. Para constatar esto hay que analizar dos de las metas de la estrategia 2013-2021: i) Reducción de la desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de cinco años de edad de 18,1% en el 2012 al 5% en el 2021, la cifra del 2023 es 33,4% a nivel nacional y 40.9% en el área rural; ii) Reducción del porcentaje de hogares con déficit calórico del 28,3% en el 2012 al 25,8% -26,9% en el 2021, la cifra del 2023, según el INEI, alcanzó un máximo al afectar al 36,3% de la población nacional, el 37% en el ámbito urbano y al 33,1% en el área rural.
Este caso nos indica que a pesar de un frondoso marco legal y un marco “institucional amplio” pero desconectado, no se le da prioridad real a un problema crucial de nuestra sociedad actual. Varios analistas indican que sin una real gobernanza multisectorial e intergubernamental que lidere firmemente la participación de los distintos actores (privados y públicos), sin un presupuesto real destinado exclusivamente para ejecutar los instrumentos específicos de política (agraria y otros sectores) y, no contar con acciones de seguimiento y monitoreo, entre otros elementos, todo no pasará de seguir actualizando documentos y planes y discutiendo definiciones teóricas del hambre cuando las cifras del 2025 nos indiquen la persistencia de esta problemática. La inseguridad alimentaria sigue siendo un desafío persistente y la magnitud del problema requiere de un enfoque más serio, concreto y realista que involucre a todos los sectores de la sociedad, desde los gobiernos y las organizaciones internacionales hasta las comunidades locales, la sociedad civil y el sector privado.