(Agraria.pe) El Gobierno aprobó la “Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2021 - 2025” para combatir el comercio asociado al comercio ilegal de madera, así como la protección de los derechos humanos de las personas involucradas en el aprovechamiento sostenible, conservación y protección de los bosques, con especial énfasis en las comunidades nativas y otras localidades de pueblos indígenas u originarios.
Para la supervisión, implementación y cumplimiento de esa estrategia se encarga a la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal (CMPLTI), realizar las acciones correspondientes a supervisar la ejecución y cumplimiento de la misma aprobada por el Ejecutivo.
La estrategia fue aprobada por Decreto Supremo Nº 013-2021-Midagri, rubricada por el presidente, Francisco Sagasti, y nueve ministros de Estado como son de la PCM, Midagri, Minam, Cultura, Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Relaciones Exteriores y Trabajo y Promoción del Empleo.
La “Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal 2021 – 2025 (ENLTI) consta de dos fases: en la primera se definen los principios, variables estratégicas y objetivos estratégicos, en el marco de lo establecido en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario, el Perú hacia el 2021 y las Políticas Públicas que enmarcan esta estrategia. Se proponen también indicadores para hacer un monitoreo constante, que permita conseguir resultados bajo criterios de eficacia y eficiencia en las actividades que van a realizar en conjunto las entidades que forman parte de la CMLT.
Se señala como objetivos de la ENLTI que la lucha contra la tala ilegal, para ser efectiva, debe tener un enfoque amplio, que incluya lo que sucede en el bosque y también en toda la cadena de comercio, y contemplar la gobernanza forestal de manera transversal, sin descuidar la protección de los derechos humanos de las personas involucradas en la extracción de madera.
La ENLTI abarca no solo a la tala ilegal propiamente dicha que ocurre en el bosque, sino también al comercio de productos de origen ilegal asociado a ella, y a la prevención de delitos tales como el trabajo forzoso o a situaciones de trabajo infantil, en las que pudieran estar involucrados los grupos humanos relacionados a esta actividad (con especial énfasis en las en la protección de los derechos).
Principales acciones de control
Las principales acciones estratégicas contempladas en la ENLTI involucran la supervisión y fiscalización de planes de manejo, optimizadas; la instalación de un sistema de vigilancia forestal, con énfasis en bosques sin derechos asignados y no categorizados, implementados, así como la colocación de puestos de control estratégicos de carácter nacional implementados y operando.
También el funcionamiento de un laboratorio forense para la identificación de maderas, implementado y operativo, y la adopción de mecanismos de coordinación para realizar operativos de control del transporte fluvial y terrestre, y del comercio de productos maderables, tanto en el ámbito del comercio interno como externo.
Asimismo, se incluye la implementación de un sistema de denuncias de tala ilegal en el bosque y comercio ilegal asociado e implementado, y la formulación de denuncias penales contra responsables por delito de tala ilegal o de tráfico ilegal ante las autoridades del Poder Judicial, entre otros.
Del mismo modo, se plantea la instalación de un sistema Integrado de Administración, Monitoreo y Control de Productos Forestales (SIAMCPF), implementado, así como un instrumento para compartir y gestionar información con el sector privado para lograr una lucha común contra el comercio ilegal de especies forestales.
En la norma se señala que muchas de las acciones estratégicas planteadas en la ENLTI requerirán de la actuación de dos o más entidades de la CMLTI, así como de la coordinación con entidades y con instituciones y organismos del sector privado. Para ello, se deberán definir las estrategias para lograr la articulación multisectorial y multinivel, y establecer las instituciones y organismos privados con los que se deberá interactuar. De igual forma, se deben generar espacios de diálogo a nivel regional, provincial, distrital y comunal, participar en los presupuestos participativos, en la rendición de cuentas y reuniones donde estén presentes los tomadores de decisiones de cada institución.
Uno de los informes más importantes que presenta la norma es que la mayor pérdida de bosques se registra en aquellas áreas que no corresponden a ninguna categoría ni cuentan con ningún nivel de gestión (33.81%). En segundo lugar, en cuanto a pérdida de bosques, se ubican los territorios de las comunidades nativas tituladas (19.22%).
