Por Miguel Pintado, investigador principal de CEPES
(Agraria.pe) La Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD, por sus siglas en inglés) ha actualizado recientemente su plataforma de seguimiento mundial sobre el estado de los suelos. Según datos de la plataforma, se estima que 1.5 mil millones de hectáreas a nivel mundial (el 15.5 % de las tierras reportadas) se encuentran degradadas siendo América Latina la segunda región con la mayor proporción de tierras degradadas (21.9 %). Entre las principales causas de la degradación resaltan el sobrepastoreo, la deforestación y las prácticas agrícolas inadecuadas. Sobre esto último, ¿cuál ha sido el papel del Estado?
El actual sistema moderno de producción agrícola depende del uso de agroquímicos que, si bien mejoran los rendimientos, su uso intensivo viene degradando los recursos naturales, en particular, los suelos. En este punto, el descuido del Estado parece ser cada vez mayor, pues el uso de agroquímicos para fertilización y control de plagas se intensifica, mientras la asistencia técnica o capacitación en buenas prácticas es casi inexistente. Por ejemplo, en el caso del análisis de suelos, de un poco más de un millón de productores que usan fertilizantes químicos en el país solo 3 mil recibieron capacitación o asistencia técnica en análisis de suelos por parte de alguna institución estatal (Midagri, Senasa, gobiernos subnacionales, etc.) con lo cual el riesgo de sobreuso se incrementa.
Por otra parte, a pesar de que un millón de productores usaban pesticidas químicos (Cenagro 2012), cerca de 300 mil dejaba los envases vacíos en los campos de cultivo o los arrojaba a los canales de regadío (ENA 2014), situaciones claras de malas prácticas que finalizan en contaminación y degradación de los suelos (además de los efectos ya conocidos sobre la salud de los trabajadores agrícolas y los consumidores expuestos a componentes tóxicos de estos pesticidas). En este caso en particular, el Estado tampoco ha tenido una presencia importante, ya que solo 9 mil productores han recibido capacitación o asistencia técnica por parte del Estado sobre el uso correcto de estos insumos químicos.
La implementación del análisis de suelos y las buenas prácticas en el uso de pesticidas son acciones mínimas que apuntan a reducir al menos en cierta medida los potenciales efectos medioambientales de las actuales prácticas agrícolas modernas. Sin embargo, en esto mínimo el Estado no ha conseguido avanzar mucho. De mantenerse estas tendencias y sin mejoras tecnológicas significativas, la sostenibilidad ambiental y la seguridad alimentaria futura pueden verse notablemente afectadas.
