Este año se llevarán a cabo las elecciones generales y según las encuestas más recientes, los partidos que lideran actualmente las preferencias son: Renovación Popular, Fuerza Popular, País para Todos, Ahora Nación, Alianza para el Progreso y Perú Primero, en ese orden.

El sector agrario peruano enfrenta retos históricos (sobre todo el segmento de agricultura familiar): baja productividad, fragmentación de la propiedad, escasa innovación tecnológica, débil articulación con mercados y vulnerabilidad frente al cambio climático, entre otros. En este contexto, las elecciones de 2026 deberían poner al agro en el centro del debate. En esta columna tratamos de analizar la pertinencia, coherencia y viabilidad de los programas de gobierno y sus propuestas para el sector agrario. Se toma como referencia, por motivos de espacio, solo a los cinco partidos mencionados (no hay que olvidar que en estas elecciones existen más de 30 candidatos). 

El plan de gobierno de Renovación Popular se presenta bajo un enfoque humanista y cristiano, con énfasis en la eficiencia y la descentralización estatal. En el ámbito agrario, sus propuestas giran en torno a la reactivación económica sectorial y la modernización institucional. Por un lado, reconoce la necesidad de descentralizar la gestión agraria, lo cual podría acercar políticas a las realidades locales; plantea incentivos para la inversión privada en agroindustria, buscando dinamizar cadenas de valor. Por otro lado, el discurso se centra más en la macroeconomía y la eficiencia administrativa que en políticas específicas para pequeños productores y si bien se plantea acciones relacionadas con la investigación agraria, no se observa un plan claro de innovación tecnológica ni de adaptación al cambio climático. El énfasis en la “mano dura” y la seguridad jurídica puede ser atractivo para inversionistas, pero no necesariamente responde a las demandas de inclusión social en la agricultura peruana. Renovación Popular apuesta por un agro empresarial y tecnificado, pero deja vacíos en la atención a la agricultura familiar, que constituye el 97% de las unidades productivas del país.

Los planteamientos de Fuerza Popular se mantienen en la línea del modelo económico instaurado en los noventa. Se busca promover la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica, condiciones necesarias para atraer inversión en agroexportación y se reconoce la importancia de infraestructura hidráulica y de riego para ampliar la frontera agrícola. Sus planteamientos tienen escasa mención a políticas redistributivas o de apoyo directo a pequeños productores (tienen un acápite sobre agricultura familiar y ordenamiento, pero no queda claro cómo se implementará lo propuesto y si llama la atención la mención a reactivar PRONAMACHS). El énfasis en la agroexportación puede profundizar la desigualdad entre costa y sierra, sino se aplican medidas redistributivas y tampoco se observa un enfoque ambiental sólido, pese a la creciente presión de fenómenos climáticos extremos. Por el lado de la innovación, se plantea el “fortalecimiento del Programa Nacional de Incentivos a la Innovación e Investigación Agropecuaria”, pero no queda claro en que se basa y como se implementará. Los planteamientos de Fuerza Popular no abordan las brechas estructurales del agro peruano.

En el caso de País para Todos, se plantea un discurso centrado en la inclusión social y el fortalecimiento de pequeños productores. Sus propuestas buscan maximizar el impacto de la inversión pública en el agro, con énfasis en financiamiento y capacitación. Se hace mención del Plan “Crecer Productivo” que promueva la agricultura tradicional y otros sectores. De manera general reconoce explícitamente la necesidad de fortalecer capacidades productivas y comerciales de los agricultores familiares; plantea mejorar el acceso al crédito y a mercados, lo cual es crucial para romper el círculo de pobreza rural y; se alinea con políticas de desarrollo territorial y participación comunitaria. Sin embargo, el plan carece de detalles sobre cómo financiar sosteniblemente estas iniciativas; no se observa una estrategia clara de articulación con el sector privado ni de innovación tecnológica y puede caer en un exceso de asistencialismo si no se acompaña de políticas de competitividad.

El plan de Ahora Nación se centra en la descentralización productiva y la industrialización regional. Se propone un enfoque de desarrollo territorial, buscando que cada región potencie sus capacidades productivas; se plantea la idea de industrialización regional (para generar valor agregado en el agro) y; se indica la necesidad de modernización institucional, para mejorar la gestión pública en el sector. Hacen mención explícita de impulsar la investigación y ampliar el alcance de la extensión agraria. El discurso es ambicioso, pero poco detallado en cuanto a mecanismos de implementación; la industrialización requiere grandes inversiones y coordinación público-privada, lo cual puede ser difícil en un contexto de fragmentación política y; no se observa un enfoque claro en investigación, innovación, sostenibilidad ambiental y resiliencia climática.

Alianza para el Progreso (APP) realiza planteamientos basados en la eficiencia administrativa y la inversión privada como motores de justicia social. Se propone una reingeniería del Estado, reduciendo ministerios y creando un Centro de Gobierno para evitar duplicidad de proyectos. Asimismo, plantea impulsar masivamente la inversión privada en el agro, lo cual podría dinamizar la productividad (de manera explícita indica su “apoyo decidido a la nueva ley agraria que es promotora a largo plazo”) y reconoce la necesidad de descentralización y participación ciudadana. En este marco se puede indicar que el énfasis en la reducción ministerial puede generar incertidumbre sobre la institucionalidad agraria; la apuesta por la inversión privada no garantiza inclusión de pequeños productores si no se acompaña de políticas redistributivas y; falta de un enfoque claro en innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental. Su visión no toma mucho en cuenta la heterogeneidad del agro peruano.

En el partido Perú Primero, las propuestas para el sector agrario se alinean con una visión de desarrollo territorial y equidad productiva. Plantea una reforma profunda del sistema de extensión agraria, con enfoque territorial y participación de gobiernos regionales; promueve la asociatividad y cooperativismo rural, reconociendo su rol en la articulación comercial y la mejora de ingresos; propone un fondo nacional de innovación agraria, orientado a la adaptación tecnológica y la resiliencia climática. Sin embargo, aunque el enfoque es progresista, el plan carece de detalles sobre cómo se financiarán y ejecutarán estas reformas; la articulación entre niveles de gobierno (central, regional, local) puede enfrentar obstáculos políticos y burocráticos; no se especifica cómo se integrará el sector privado en estas transformaciones. En general, sus propuestas requieren mayor claridad operativa.

El análisis revela que ningún partido presenta un plan integral y robusto para el agro peruano. Mientras Renovación Popular y Fuerza Popular privilegian la inversión privada y la estabilidad macroeconómica, País para Todos y Perú Primero buscan la inclusión social, Ahora Nación apuesta por la industrialización regional y Alianza para el Progreso por la eficiencia administrativa. Sin embargo, todos muestran debilidades en planteamientos relacionados con la productividad (de la agricultura familiar), articulación comercial, innovación tecnológica y sostenibilidad ambiental, aspectos cruciales para enfrentar el cambio climático, garantizar la seguridad alimentaria y promover una agricultura competitiva.

El futuro del agro peruano dependerá de qué visión logre articular inclusión, competitividad y sostenibilidad. La campaña electoral abre un debate necesario: ¿seguiremos apostando solo por un agro de exportación o avanzaremos hacia un modelo más equitativo y resiliente? Hay que plantear esta discusión a los partidos políticos y esperar planteamientos concretos y con instrumentos de política claros.