Por Laureano del Castillo, director ejecutivo del Cepes
(Agraria.pe) Muchos se preguntan por qué el retraso en las obras que eviten mayores daños, ahora que empezaron las lluvias. Además de la ineficiencia, incapacidad y corrupción de las autoridades a cargo de las obras, hay otros elementos que pueden explicarlo.
Lo primero serían los deficientes expedientes técnicos que sustentan las obras. Se puede anotar la poca experiencia de los profesionales que los hacen, lo que puede deberse a límites presupuestales de los gobiernos subnacionales para contar con personal capacitado. Pero también, por favores políticos o corrupción, se contrata a personas sin las capacidades necesarias. También se sabe de profesionales que entregan malos productos a las autoridades que los contratan, incluso entregando expedientes copiados de otro.
Las consecuencias de un expediente deficiente pueden ser varias: plazos muy cortos, presupuesto muy bajo o la solución de ingeniería no era la apropiada, entre otros. En estos casos el ejecutor podría solicitar una adenda y, de ser razonable, la aprueba la entidad contratante. Por temor a la Contraloría o las autoridades judiciales, muchas veces los funcionarios de la entidad contratante se niegan a aprobar las adendas, paralizando la obra.
Tampoco es inusual que uno de los perdedores en un proceso de selección cuestione al ganador. Los altos montos que deben pagar quienes impugnar la decisión han logrado desanimar a malos perdedores de impulsar esas acciones. Pero si se admite una impugnación, esta puede retrasar por meses el otorgamiento de la buena pro al contratante ganador y, por tanto, el inicio de las obras.
Hay casos en los que la ejecución de una obra supone la reubicación de algunas familias. Las leyes facultan a la autoridad a impulsar una negociación previa y, de no lograrse un acuerdo, iniciar una expropiación. Pero esto suele entramparse por falta de decisión de las autoridades o la falta de presupuesto para las compensaciones.
La demora del MEF en transferir fondos a los gobiernos subnacionales suele también generar retrasos pues, si la entrega del dinero se hace en forma tardía, se retrasa el inicio las obras presupuestadas.
Para solucionar las deficiencias en los expedientes técnicos los gobiernos regionales y municipales podrían contar con profesionales capacitados y con experiencia, bien remunerados. Pero el elevado número de municipalidades provinciales (196) y distritales (1874) constituye un serio problema para ello.
A la sociedad le compete también roles importantes, no sólo participar en los presupuestos participativos. Uno de ellos es la vigilancia de los procesos de selección y las contrataciones de obras, lo que pasa por exigir que se cumpla las disposiciones sobre transparencia pública, de modo que pueda conocerse las obras y servicios contratados, así como su avance.
