(Agraria.pe) El debate sobre la sanidad de los productos que consumimos los peruanos que nos abastecemos de los mercados en los distintos distritos no solo de la capital, sino de todo el país ha surgido a partir de una investigación de la organización “Salud con Lupa” que, junto a un laboratorio local, tomara muestras de fresas de estación en cinco mercados conocidos de Lima para analizarlas, encontrando altas cantidades del residuos de pesticidas.
Una de las preguntas que más se ha repetido entonces es, ¿por qué estas fresas, y todas las frutas que son para consumo de los peruanos, no tienen el mismo nivel de exigencia sanitaria que las que desde nuestro país exportamos al mundo?
Benjamín Cillóniz, gerente general de Exportadora Safco Perú, compatió su punto de vista y apuntó que el Senasa “podría gastar todo su presupuesto en análisis de residuos de pesticidas y no tendría mucha repercusión”. Esto sería así porque casi toda la agricultura que abastece al mercado nacional es informal (“hacemos leyes pensando en atacar a las grandes empresas”, apunta); y además, porque no hay un punto donde ejercer control, como sucede en el comercio internacional con la Aduana, donde, si es necesario, se retiene una carga que no cumple con los requisitos.
“Lo máximo que se podría hacer hoy en día sería ponerle una multa a los pocos supermercados (que mueven muy poco de los alimentos a nivel nacional) y creo que esto llevaría casi a que los supermercados dejen de vender productos frescos nacionales, porque tampoco se tiene la infraestructura para mantener una carga mientras salen los resultados del análisis”, complementó Benjamín Cillóniz.
El empresario agregó que desde siempre lo que se ha visto es que el agricultor tiene como prioridad cumplir con las exigencias cosméticas del mercado, y eso “los lleva a aplicar locuras (para ellos y para el consumidor final”, pero que para lograr un avance en este sentido “nos faltan años luz” por la arraigada informalidad del sector.
Otro cuestionamiento provino de José León Cerna Zapata, asesor técnico de manejo de plagas, quien estimó que es necesario ir más allá de los alcances del Senasa y preguntar quénes autorizan la apertura de locales para la distribución de estos plaguicidas, y si acaso son los municipios quienes llevan responsabilidad, así como sobre los encargados de hacer las supervisiones necesarias tanto de los productos como de la ideoneidad de las personas que los expenden al público.
“Sabemos las limitaciones presupuestales que maneja esta institución (el Senasa), que depende del presupuesto público, como consecuencia no tiene la capacidad logística para cumplir sus funciones y además no tiene personeria para ejecutar sanciones ante el incumplimiento de las leyes que existen al respecto”, concluyó.
