(Agraria.pe) Concretar el sueño de la planta de fertilizantes propia tendrá que seguir un largo camino en el que se debe resolver un entramado de varios años. Sin embargo, para Andrés Luna, dirigente y ex secretario general de la Confederación Campesina del Perú (CCP) es una tarea necesaria en pos de alcanzar la soberanía alimentaria.
Basado en un estudio realizado por el IICA y la FAO, explica que una de las primeras dificultades para avanzar en la idea de utilizar los fosfatos de Bayóvar (Piura) es la dependencia de la colaboración del actual concesionario de la Mina Bayóvar, lo que implica una renegociación con la compañía minera Miski Mayo SRL.
Para Luna, está claro que está empresa es solo el nombre de otras, ya que la concesionaria original, la brasileña Vale, se fue del país hace varios años, por lo que no le corresponderían a la actual los mismos derechos de propiedad. “Quienes están ahora en manos de los fosfatos de Bayóvar, especialmente Bayóvar 2, es una de las compañías más grandes de comercio de fosfato en el mundo, The Mosaic Company, una empresa de capitales de Estados Unidos, que tiene la copropiedad del 75% de acciones, asociada con la empresa japonesa Mitsui, que tiene el 25%”, detalló durante su participación en la XXII Convención Nacional del Agro Peruano organizada por Conveagro.
El dirigente sostuvo que la empresa vende actualmente roca fosfórica, que se transforma y luego se denomina fosfato diamónico, un fertilizante avanzado, un producto que en los últimos meses tuvo un gran incremento en precios.
Pide especialmete tener en cuenta las cláusulas del contrato de concesión. Una en particular es la referida a causales de resolución, donde señala que en caso se incumpla con el pago de regalías o se presente información falsa, el acuerdo deja de ser válido.
Desde que se empezó a explotar en 2010 hasta junio de este año (aunque el contrato se firmó en 2005), según el vocero de la CCP, la concesionaria exportó 34.790.000 toneladas de concentrado de fósforo por un valor declarado de US$ 3,428 millones (con un saco de 50 kilos a un valor de S/ 15, una información que considera dudosa).
Igual cuando comparó el extraído de roca fosfórica, luego de procesar, con lo declarado el primer año de un aprovechamiento de 63.51% por cada tonelada extraída. Cuando en 2017 Vale se va del país, el rango incluso habría bajado hasta 31.8% de aprovechamiento por cada tonelada. “Conversé directamente con profesionales de ahí, con experiencia en Piura, pequeñas empresas concesionarias, y dicen que es imposible (ese resultado), que usamos el 90% de roca fosfórica”, puntualizó.
El tema no conluye ahí, pues en 2018 y 2019 se dio a conocer que de cada tonelada se obtenía 7.77% y 4.49%, respectivamente. Para el analista, estos datos son incongruentes con información obtenida en Estados Unidos, donde se detalla que en 2018 ingresaron desde el puerto de Bayóvar a dicho país 2.770.000 toneladas métricas en 2019 y 2.140.000 toneladas en 2019. “¿Cómo van a refutar esta información?”, se preguntó.
Además, en toda la historia de esta operación, se habría dejado solo una retribución de 700 millones de soles por todo concepto (regalías, impuesto a la renta, fondo especial), asegura.
Potencial
Para Andrés Luna, si bien hay una porción importante del recurso ya explotado, aún queda un 84% del total por aprovechar, por lo que propuso sentarse con la empresa a negociar, un tema en que se había logrado acuerdos con exministros del actual gobierno como Andrés Alencastre.
“Las áreas de fosfatos, salmueras, diatomitas son unas 500 mil hectáreas de propiedad territorial de la comunidad San Martín de Sechura, pero la propiedad total es de 700 mil hectáreas. Hay 200 mil hectáreas más donde se puede dar diversificación productiva para actividades acuícolas con especies del mar y generar ingresos, soberanía alimentaria”, refirió.
Agregó que el potencial es enorme, considerando que a nivel de mercado entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 las empresas privadas han importado al Perú 325 mil toneladas de urea por un valor de US$ 239 millones. Criticó además al Gobierno por haber escogido una sola opción para obtener el fertilizante, que fue la compra a empresas privadas, cuando había opciones para adquirir directamente con otros gobiernos, como el de Venezuela que tenía lotes a disposición.
