(Agraria.pe) Con la reciente publicación del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario y de Riego (RGASAR), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) busca asegurar que todas las empresas agrícolas en Perú, independiente de su tamaño, operen de manera sostenible.
Este cambio marca un punto de inflexión para un sector que, a partir de esta normativa, deberá integrar prácticas de protección ambiental como un componente esencial de su actividad diaria.
Para Manuel Fernández, ingeniero forestal, botánico y gerente de la consultora peruana Sumpa, la introducción de esta norma representa un hito importante en la regulación ambiental para el sector agrario peruano. Sumpa se especializa en asesoría en temas regulatorios y en el diseño de soluciones de ingeniería sostenible, y Fernández ha colaborado estrechamente con el Midagri para fomentar el cumplimiento ambiental en la industria.
“Yo vengo interactuando con ellos, con el Midagri, desde hace casi diez años, y he visto cómo han ido mejorando en su capacidad de toma de decisiones y en la ejecución de sus políticas”, comenta.
El reglamento establece varias etapas y plazos específicos para que las empresas agrícolas se adecuen. Según Fernández, “la primera fecha clave es el 9 de junio de 2025”, cuando los productores que operen en terrenos superiores a cinco hectáreas deben presentar su Solicitud de Acogimiento para la Adecuación Ambiental. En esta solicitud, cada empresa deberá detallar los componentes agrícolas de sus propiedades, como caminos, áreas de cultivo e infraestructuras, y clasificar cada uno en un registro exhaustivo.
“Imagínate un rompecabezas; cada parte del fundo es un componente y al Ministerio le interesa que la suma de esos componentes refleje el 100 % de lo que está dentro de la propiedad”, explica.
El incumplimiento de estos plazos puede generar un efecto dominó de consecuencias negativas. Para Fernández, “si no te acogiste dentro del plazo, no vas a obtener certificación ambiental. Sin certificación, pierdes el acceso a licencias de uso de agua y a financiamiento bancario, porque la banca, como mínimo, te exige esos dos requisitos”.
En otras palabras, las empresas que no se adecúen se verán limitadas en su capacidad para operar y expandirse.
Sin adecuación no hay exportación
A pesar de la relevancia de esta normativa, Fernández advierte que la mayoría de los productores agrícolas aún no estarían adecuados a las normativas ambientales. “Hay un 95 % de los RUCs que no lo están. Todos nosotros somos conscientes de que la gran, gran mayoría no está adecuada”, comenta.
Esta situación representa un riesgo para la competitividad del sector, especialmente cuando se considera que muchos mercados internacionales exigen cumplimiento con estándares ambientales y sociales. “Lo que nos va a pasar es que no vamos a poder vender afuera si no nos adecuamos”, añade Fernández.
Sin embargo, uno de los principales desafíos es la falta de difusión efectiva de los nuevos requisitos. “Publicar en el diario El Peruano es la manera formal de centralizar la información, pero no es eficaz para que llegue a todos”, indica.
Según Fernández la normativa necesita un plan de comunicación más accesible y directo que garantice que cada productor entienda y cumpla con sus obligaciones. Así, sugiere que todos los RUCs con actividades agrícolas reciban una notificación directa y emitan un acuse de recibo.
“Necesitamos un plan de difusión serio, que no se quede en una charla. Que cada productor sepa qué tiene que hacer y cuándo, porque el tiempo se está agotando”.
La adecuación a las nuevas reglas ambientales conlleva costos, pero estos no serían desproporcionados, en algunos casos podría ser similar al costo de la aplicación de agroquímicos. Para las empresas pequeñas, menores a 50 hectáreas, el proceso de adecuación será más sencillo y menos costoso, mientras que las grandes propiedades, de más de 50 hectáreas, requerirán un análisis más detallado y un equipo interdisciplinario para cumplir con todos los requisitos.
“Por ejemplo, el manejo de efluentes es un tema clásico de adecuación, que en ocasiones afecta a las propiedades vecinas de las empresas agrícolas”, dice.
Fernández cita casos en los que el ganado de un vecino se vio afectado por consumir agua contaminada con agroquímicos vertidos desde fundos agrícolas. “Esta es la primera vez que se le va a pedir a las grandes agroindustriales que se adecuen a las reglas ambientales. Y hay algunas antiguas que aún tienen conflictos con sus vecinos por problemas de contaminación”.
Como consultor, Fernández no solo asesora a empresas privadas, sino que también colabora con el Estado para identificar y resolver problemas en la aplicación de la normativa.
“Parte del ejercicio de un buen ciudadano es advertir a la administración pública de las deficiencias o problemas en las normativas”, explica, y enfatiza la importancia de un enfoque colaborativo entre el sector público y privado, incluyendo a instituciones como la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), para que la transición sea fluida y efectiva.
La clave, dice, es comunicar los pasos específicos que deben seguir las empresas, especialmente porque muchas aún desconocen sus obligaciones.
“Tenemos hasta junio para presentar la solicitud. No hay que avanzar más que eso ni invertir más que eso en esta primera etapa. ¡Y luego tienen hasta nueve años para adecuarse! Pero si se pierden esta primera etapa, entonces no van a poder entrar al proceso de adecuamiento, y esas agrícolas no van a poder acceder a bancos, no van a poder acceder al agua, no van a poder vender afuera. Los mercados que mejor pagan te piden la certificación ambiental”, concluye.
Fuente: Portal Frutícola
