(Agraria.pe)
Por Fernando Eguren, presidente de CEPES
El Ministerio de Agricultura está preparando las condiciones para que el INIA decida cuándo, cómo y bajo qué condiciones se puede importar y sembrar semillas transgénicas. Se adelanta así al término de la moratoria del uso de semillas transgénicas –en diciembre del 2021-, y excluyendo la posibilidad de que esta se extienda más allá del próximo año.
En diciembre del próximo año, 2021, termina la vigencia de diez años de la moratoria impuesta por la Ley 29811 al uso de semillas transgénicas. Esta Ley, promulgada en diciembre del año 2011, impide “el ingreso y producción en el territorio nacional de organismos vivos modificados (OVM) con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente”. El ente encargado de proponer y aprobar las medidas necesarias para el cumplimiento del objetivo de la Ley es el Ministerio del Ambiente (Minam), designado por esta norma como Centro Focal Nacional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.
La moratoria no incluye los OVM destinados para fines de investigación en espacio confinado, los usados como productos farmacéuticos y veterinarios, y aquellos importados para fines de alimentación directa humana y animal o para su procesamiento.
¿Minagri versus Minam?
Adelantándose al término de la moratoria, y excluyendo la posibilidad de que esta se extienda más allá del próximo año, el Ministerio de Agricultura (Minagri) está preparando las condiciones, a través de una propuesta de reglamento, para que el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) sea la institución que cuente “con competencia exclusiva en los aspectos técnico y normativo referentes a la implementación del presente reglamento”; es decir, que el INIA determine cuándo, cómo y bajo qué condiciones se pueden importar y sembrar semillas transgénicas. El proyecto ha sido publicado, para su debate público, con el nombre de Reglamento Interno Sectorial sobre Seguridad de la Biotecnología para el Desarrollo de Actividades con Organismos Vivos Modificados para el Sector Agrario (RISBA), cuyo artículo 6 acabamos de citar.
El proyecto de reglamento invoca de manera reiterada la Ley 27104 de Prevención de Riesgos Derivados del uso de la Biotecnología, para justificar que el INIA es la entidad competente para tomar las decisiones sobre el uso de semillas transgénicas. Pero esta Ley fue promulgada en mayo de 1999, casi una década antes de la creación del Minam. Es obvio que, una vez creado, le compete a este evaluar los riesgos de la utilización de los OVM y pronunciarse sobre la necesidad de prolongar la moratoria. Dar esta prerrogativa al Minagri sería retroceder en aquello que se ha avanzado para consolidar una institucionalidad pública en materia ambiental.
¿Por qué una moratoria?
Conviene recordar por qué se declaró la moratoria de semillas transgénicas: porque los legisladores consideraron que la utilización de semillas transgénicas “liberadas al ambiente” era un riesgo y una amenaza a la biodiversidad. En un contexto en el que existían presiones de lobbies para que se libere su uso, el Congreso consideró que el país no tenía ni las capacidades ni la infraestructura necesarias para evitar ese riesgo, y se da el plazo de una década para evaluar luego si esas condiciones fueron logradas. Es así que el artículo 2 de la Ley de Moratoria dispone que se deben “fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permita una adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de OVM”.
Restando un poco más de un año para el vencimiento de la vigencia de la moratoria es imprescindible que se responda a las siguientes preguntas directamente derivadas del objeto de la Ley: a) si es que el Perú ya tiene las capacidades requeridas para afrontar los retos que exigen las autorizaciones de ingreso y producción de OVM, o cuál es el grado de avance; b) si se ha desarrollado, y hasta dónde, la infraestructura necesaria para la detección de OVM y c) si se ha completado la elaboración de las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa. Corresponde al Minam responder a estas preguntas, no al ministerio de Agricultura, A este ministerio le compete, según precisa el artículo 7 de la Ley de Moratoria, un rol complementario: junto con los ministerios de Salud y de la Producción, debe “vigilar y ejecutar las políticas de conservación de los centros de origen y la biodiversidad, así como controlar el comercio transfronterizo…”.
La ley encargó la elaboración de los informes técnicos en las materias que se requiriesen para su cumplimiento a la Comisión Multisectorial de Asesoramiento, que se creó el año 2013. Estos informes técnicos deberían ser anuales y remitidos al Congreso de la República. Sin embargo, en la página web de la Comisión el último informe corresponde al año 2015. Debería haber un informe actualizado al 2019. Más aún, la última reunión de la Comisión, según la misma página web institucional, fue el año 2016. Puede deducirse que la Comisión no ha cumplido sus funciones adecuadamente y que, por consiguiente, no existirían los elementos para evaluar si se dan las condiciones para importar y usar las semillas transgénicas.
A pesar de la vigencia de la moratoria, en diferentes partes del Perú se ha detectado el uso de semillas transgénicas. Según el propio Minam, “en el caso del maíz, se ha detectado la presencia de maíz transgénico en casi el 70% de los campos agrícolas que se inspeccionaron en Piura, tanto en el año 2016 como en el 2018…”. Estos hallazgos muestran la total impreparación de la institucionalidad pública para evitar el uso de estas semillas. Su “penetración soterrada” ha ocurrido también en otros países. El origen del uso de semillas transgénicas de soya en Bolivia, que estaban prohibidas, fue su introducción lenta, paulatina y casi clandestina a comienzos de los años noventa, hasta que se extendió y el gobierno finalmente fue forzado a autorizarlas. Hoy día Bolivia tiene más de 1.3 millones de hectáreas de soja, la mayor parte transgénica, ocupando cerca del 40% de la superficie cultivada del país. Un proceso similar ocurrió en el Paraguay, que tiene actualmente 3.8 millones de hectáreas cultivadas con semillas transgénicas, sobre todo de soya, cubriendo el 80% de todas sus tierras cultivadas.
El rechazo a las semillas transgénicas
Llama la atención que en este período en el que las preocupaciones de la opinión pública están centradas en la pandemia de Covid-19, surjan iniciativas similares en otros países de la región. El gobierno boliviano ha emitido, el pasado mes de mayo, un decreto supremo que autoriza “establecer procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, genéticamente modificados en sus diferentes eventos, destinados al abastecimiento del consumo interno y comercialización externa”. En Chile están en revisión las normas vigentes sobre transgénicos. En lo que puede ser un comportamiento contradictorio e inconsistente, en Chile está autorizada la producción y exportación de semillas transgénicas, pero no su siembra. Pero a comienzos de abril el Servicio Agrícola y Ganadero, un organismo oficial, puso en consulta una propuesta de norma que “abriría las puertas para nuevos usos como la producción [de semillas] para el mercado interno…”. Esta iniciativa ha merecido el rechazo de colectivos y plataformas de la sociedad civil chilena, que extienden su crítica a la actividad agropecuaria industrial, pues “[contribuye] a crear las condiciones para que emerjan nuevos virus y enfermedades”. Hace pocos meses, en octubre del año pasado, entró en vigencia en Guatemala un nuevo reglamento que permite “la importación, comercialización y siembra de semillas modificadas de productos para el consumo humano y animal”. Para tal efecto creó un Comité Técnico de Bioseguridad Agrícola, encargado, de manera similar a la propuesta de reglamento peruano, de evaluar las solicitudes de las empresas que lo requieran.
La adopción de semillas transgénicas ha generado el rechazo en muchos países que, al igual que en el Perú, han prohibido oficialmente su uso por los posibles riesgos a la salud humana y a la biodiversidad. Las opiniones a favor y en contra de la adopción de semillas transgénicas continúan siendo muy polarizadas en la mayor parte del mundo. Los argumentos que sostienen que son inocuas para la salud humana y que no hay riesgo de contaminación a otras especies, no terminan de ser convincentes. Más aún: según la prestigiosa revista Scientific American, las grandes empresas productoras de semillas transgénicas ejercen fuertes presiones sobre la comunidad científica para impedir la publicación de investigaciones cuyos resultados no son de su agrado, emulando a los poderosos lobbies de la industria del tabaco de hace algunos años.
En marzo de 2018, sobre un total de 27 países integrantes de la Unión Europea, 19 votaron por la prohibición de forma total, o parcial contra dos tipos de maíz genéticamente modificados. En el África, solo 4 de 47 países han autorizado cultivos transgénicos. En el Asia, de una cuarentena de países, solo 9 han adoptado cultivos transgénicos, aunque entre ellos se encuentran la India y la China.
Intereses políticos y económicos en juego
Decisión sobre un tema tan trascendente y controvertido amerita la puesta a disposición del público por el Estado de la mayor y más pertinente información posible; así como la promoción de los espacios para una discusión informada, que siente las mejores condiciones para tomar las decisiones que sean apropiadas para el país, la sostenibilidad de nuestros recursos y el bienestar de la población. Esta, a su vez, debe ejercer con la mayor energía su derecho “a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno”, como manda la propia Ley 28611, Ley General del Ambiente.
Sin embargo, los criterios para adoptar o no las semillas transgénicas no se limitan a los riesgos para la salud humana y la biodiversidad, pues están en juego también importantes intereses políticos y económicos. Optar por los transgénicos es también rechazar la opción preferencial por una agricultura orgánica, especialmente apropiada para la gran biodiversidad que alberga nuestro territorio, para la pequeña agricultura y los conocimientos acumulados por los campesinos a través del tiempo. El mercado internacional valora cada vez más los alimentos orgánicos, que son la base de una alimentación saludable. Adicionalmente, el efecto redistributivo de las exportaciones de productos orgánicos es mucho mayor: son decenas, sino centenares de miles de agricultores familiares los directamente involucrados, en contraste con la exportación agroindustrial costeña, cuyos beneficios se concentran en un reducido número de grandes empresas y corporaciones económicas neolatifundistas.
Depender de las semillas transgénicas es también depender de un reducido número de corporaciones transnacionales, que producen la mayor parte no solo de estas semillas sino también de los insumos que ellas requieren. Cinco corporaciones producen el 70% de las semillas utilizadas en el mundo, siendo las principales Bayer-Monsanto (33%) y Colteva-Agriscience (21.3%); otras cinco concentran el 75% de los agroquímicos, entre ellas nuevamente Bayer-Monsanto (22.9%) y ChemChina-Syngenta (23.5%). El destino de qué, cuánto y cómo se cultiva en el mundo está crecientemente condicionado por las políticas e intereses económicos de estos oligopolios.
La adopción de semillas transgénicas es aceptar plenamente la dependencia de ellos, e ir cediendo el derecho a la soberanía alimentaria que deben tener todos los países. Por lo demás, la experiencia nos ilustra que hay una correlación entre la utilización de semillas transgénicas y la concentración de la propiedad de la tierra. Esta correlación sucede en todos los países de la región con extensas áreas sembradas: Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Sin cultivos transgénicos, ya en el Perú la concentración de las ricas tierras de la costa es un problema (más de la tercera parte están en manos de unos cincuenta neolatifundios). Crear nuevas condiciones para impulsar ese proceso, como lo intenta hacer el proyecto de reglamento que comentamos, sería profundizar aún más las inaceptables desigualdades socioeconómicas que caracterizan nuestro país, y que se están poniendo en evidencia de manera descarnada, por si fuera necesario, con la actual pandemia.
